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XALAPA.- Aunque tales argumentos brillaron por su ausencia para defender el puesto de jueces y magistrados que fueron desplazados con la reforma al Poder Judicial, el pleno de la Corte resolvió a favor de un magistrado el incidente de suspensión al que recurrió luego de que se le negó continuar con su cargo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de salvaguardar las garantías judiciales. Esquivel Mossa señaló que el juzgador tiene calificación positiva de su desempeño como juzgador, lo que permite concluir que la sociedad se verá beneficiada con la continuación en el cargo de esa persona que ha demostrado cumplir con las exigencias propias de su cargo. La ministra se pronunció en contra del sentido del proyecto, y consideró que debe confirmarse la suspensión definitiva otorgada por la juzgadora de distrito, ya que la estabilidad de las personas juzgadoras es una garantía para la sociedad. “Un precedente de la Segunda Sala del Alto Tribunal que, en cumplimiento al artículo 1 constitucional, reconocía el derecho de quienes fueron nombrados como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obtuvieron una evaluación favorable, calificada así por el propio Tribunal en el desempeño de su función, cumpliendo con los requisitos legales para continuar como magistrado del Tribunal. Refirió que si bien en el caso el quejoso reclamó el oficio en el que no se le tuvo por designado en el cargo de magistrado de Sala Regional, también lo es que aún debe decidirse en el juicio de control constitucional si tal determinación se encuentra debidamente fundada y motivada; y, en lo que eso se decide, la medida cautelar genera sus alcances, que no es otro más que suspender los efectos de los actos reclamados, a fin de salvaguardar los derechos humanos que se estiman vulnerados. Esquivel Mossa destacó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que precisó que de la independencia judicial se derivan las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo, a un adecuado proceso de nombramiento y a ser protegidos contra presiones externas, es decir, “a la independencia judicial, de lo que no sólo se beneficia el quejoso, sino principalmente, el pueblo”, concluyó.
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