MEMORANDUM 1.- La iniciativa conocida como “Plan B”, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República tras el fracaso de la reforma electoral, contempla el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones intermedias y que la mandataria pueda hacer proselitismo a su favor. Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que la concurrencia del proceso de revocación con las elecciones federales intermedias pueda beneficiar al partido en el gobierno como ha planteado la oposición. Ese argumento, subrayó, no resiste un análisis básico. Si la evaluación ciudadana es negativa, una mayor participación no fortalece al poder, sino que lo expone. La concurrencia no inclina el resultado, lo hace más representativo de la voluntad general, indica. De acuerdo con el legislador morenista, empatar los comicios federales con la revocación aumentaría la participación ciudadana y permitiría aprovechar la infraestructura electoral ya desplegada, lo que disminuye los costos de organización y mejora la eficiencia del proceso. Al analizar ejercicios de consulta anteriores, advierte que los efectuados fuera del calendario electoral tienden a ubicarse en niveles de participación que oscilan entre el 7 y el 18 por ciento, como ocurrió en la consulta popular de 2021, que tuvo el 7.1 por ciento, la revocación de mandato de 2022 que registró 17.8 por ciento, y la elección judicial de 2025 en donde salió a las urnas el 13 por ciento de los electores. En contraste, los procesos comiciales ordinarios muestras niveles sustancialmente más altos de participación: La elección presidencial de 2018, registro el 63.4 por ciento, la intermedia de 2021 el 52.7 por ciento y la presidencial del 2024 el 61 por ciento. El costo total de la revocación de mandato de 2022 ascendió aproximadamente a mil 692.5 millones de pesos, lo que se tradujo en un costo por voto cercano a los 102.50 pesos, significativamente superior al de una elección normal. En un artículo publicado en su sitio de Internet, Monreal menciona que el Instituto Nacional Electoral (INE) operó bajo condiciones presupuestales que limitó la instalación de casillas a un tercio de lo previsto para comicios calendarizados. Ello redujo la accesibilidad del ejercicio y la capacidad de convocar a un electorado amplio y representativo.

24 de Marzo de 2026 / 18:00:34

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MEMORANDUM 2.- Con velas y música, fue realizada una vigilia en honor a la periodista Miroslava Breach Velducea, quien fue asesinada en Chihuahua el 23 de marzo del 2017 a balazos a las afueras de su casa mientras esperaba a su hijo pequeño para llevarlo a la escuela. “¡Alguien tiene que decir la verdad!’’, respondía Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a quienes le cuestionaban su arrojo para escribir sobre violaciones a derechos humanos, narcotráfico, política y feminicidios en el estado más grande de México, territorialmente hablando. Su intrepidez la llevó a revelar en marzo de 2016 que la banda de Los Salazar, una de las facciones que integran el cártel de Sinaloa, había infiltrado las listas de candidatos del PRI y del PAN para las elecciones locales que se celebrarían tres meses más tarde. Un año después, el 23 de marzo de 2017, integrantes de Los Salazar la asesinaron. A nueve años del homicidio de la reportera, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), admiten que faltan por ser detenidos el autor intelectual, José Crispín Salazar Zamorano, El Tío Pin, y Wilbert Jasiel Vega Villa, uno de los autores materiales. Desde que comenzaron las investigaciones, las pistas del homicidio llevaron a Chínipas –municipio del cual era originaria Miroslava–, tierra en la que opera El Tío Pin, líder de Los Salazar desde la detención de su hermano Adan, en 2011, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2023, donde cumple una condena de 15 años, la cual le fue dictada en octubre del año pasado. Las indagatorias condujeron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que hasta el año pasado era dirigida por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a establecer que el panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien en 2017 se desempeñaba como alcalde de Chínipas, se involucró en acciones que derivaron en amenazas y el asesinato de la periodista. Las pesquisas federales establecieron que Alberto Luévano Rodríguez, quien en marzo de 2017 era secretario general del PAN en Chihuahua –y después se convirtió en secretario particular de Javier Corral Jurado, entonces gobernador de esa entidad y actual senador de la República–, y Alfredo Piñera, quien se desempeñó como vocero del comité ejecutivo estatal del blanquiazul, colaboraron para que Schultz Alcaraz se comunicara vía telefónica y grabara a Miroslava Breach sobre el tema de las narcocandidaturas para la elección de 2016. Sin embargo, el Ministerio Público Federal no imputó cargos al ex secretario general ni al ex vocero del PAN. Schultz Alcaraz fue sentenciado en junio de 2021 a ocho años de prisión como partícipe del homicidio, ya que él entregó a José Crispín Salazar la grabación de la llamada telefónica que sostuvo con la corresponsal de La Jornada. En 2024, el entonces fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo señaló: “en los juicios que hemos tenido, la teoría del caso ha demostrado fuerte participación de ese grupo delictivo y que fue la estructura criminal la que dio la instrucción de agredir a Miroslava. Eso está en las pruebas y hay muchos datos que lo sustentan. No se trata de un solo indicio ni es una circunstancia aislada, es una serie de pruebas que nos llevan a esa conclusión”. El desarrollo de la indagatoria –que aún sigue abierta– refiere que fue José Crispín Salazar Zamorano quien ordenó el asesinato y que se perpetrara el 23 de marzo de 2017. Desde la publicación de la infiltración de familiares de Los Salazar en las listas de candidatos a cargos de elección en 2016, Miroslava había disminuido las visitas a su tierra, ya que las amenazas se volvieron constantes, pero ella continuaba con su trabajo: “¡alguien tiene que decir la verdad!’’, expresaba.

24 de Marzo de 2026 / 17:30:52

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MEMORANDUM 3.- La nueva ley de aguas ha permitido detectar un presunto adeudo de casi 12 mil millones de pesos de empresas “que, de no regularizarse, van a tener sanciones correspondientes e incluso la cancelación de sus títulos” de manejo del recurso. Con la aprobación de esa nueva normativa se ha permitido que pequeños productores recuperen sus derechos para el manejo y uso del vital líquido, según lo informado. En conferencia presidencial, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó algunos de los casos donde particulares que tienen concesiones de agua para uso agrícola, que el Estado entrega de manera gratuita, y pese a ello lucraban con el recurso al transmitirlo por pagos millonarios a particulares para distintos usos. A la fecha, indica el funcionario, se han realizado 7 mil 614 inspecciones, de ellas han terminado mil seis en clausuras para personas que utilizaban los títulos o concesiones de agua de manera ilegal. Uno de los ejemplos presentados en la mañanera fue el de los municipios de Baja California, que desde 2002 compran el recurso a un distrito de riego bajo la figura de transmisiones a fin de darle uso para los habitantes del estado. “En últimos cinco años han tenido que pagar más de 531 millones de pesos, a unas cuantas personas”, expuso Morales López. A lo que la mandataria federal agregó que ese lucro se quedaba en manos de unas cuantas personas y venía derivado de un recurso de la nación. Otro caso expuesto en la conferencia matutina presidencial es el de la familia Calzada, del ex gobernador de Querétaro José Eduardo Calzada Rovirosa (PRI), que cuenta con concesiones para uso agrícola de agua y cambian de uso de 628 mil metros cúbicos para comercializarlos en pipas. Esa familia queretana tiene otro título que usa para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, donde hay esquís acuáticos y se tienen áreas verdes muy grandes. El funcionario señaló que con estos cambios, el año pasado se logró un incremento de 3 mil 500 millones en recaudación por concepto de pagos por el agua; y en 2026 se proyecta que la recaudación crezca en 6 mil millones por ese concepto. Recursos que se usarán en obras públicas para el manejo y distribución del agua a la población. A su vez, la Presidenta Sheinbaum Pardo señaló por su parte que la nueva ley en la materia “ha tenido impactos positivos. Nuestro objetivo es que no haya privilegios. El cambio en la nueva ley de aguas tuvo, entre otras razones, quizás la principal, es acabar con los privilegios a la hora de acabar con la transmisión de los derechos del agua”. Señaló que a partir de la vigencia de esta normativa, la Conagua ha encontrado que con la anterior gestión del recurso se daban diversas irregularidades que permitían que terceros lucraran con el agua gratuita que recibían para riego. Indica que fue en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1992, cuando se permite comercializar el agua, “convertirla en mercancía. Después hubo títulos de concesión de Salinas, de (Ernesto) Zedillo; (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón dieron muchísimos títulos de concesión de este tipo; y (Enrique) Peña”.

24 de Marzo de 2026 / 17:00:51

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