A TODO lo que da el uso faccioso de la ley en contra de los adversarios que amenazan dejar mal parados a los abanderados de MoReNa en los comicios del 6 de Junio, a tal grado que un experto en esos temas –incrustado en el área de procuración de justicia nos comenta: ¡y lo que falta mi amigo!. En ese tenor se circunscribe la denuncia contra el destituido candidato de la alianza PAN, PRI, PRD a la alcaldía del puerto de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos contra la fe pública, de tal manera que, según nos cuenta, hay instrucciones de detenerlo tras ser convocado a comparecer y no presentarse. Y aunque la indagatoria la lleva la Fiscalía General del Estado, las instrucciones vienen de mucho más arriba, tanto que supera a la maldad de Eric Patrocinio Cisneros Burgos y del propio Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. A Yunes Márquez le orquestan las indagatorias desde el centro del País, y acaso tiene que ver con aquella desafortunada frase con la que respondió al, entonces, candidato de MoReNa a la Presidencia cuando lo tachó de “loco” y “viejo guango”, algo por lo cual fue criticado considerando que AMLO, incluso, es un año menor que su padre Miguel Ángel Ángel Yunes Linares. En ese tenor, a Yunes Márquez –al igual que a su padre le revivieron denuncias ya aclaradas por temas relacionados por su paso como director del Issste-, le enderezaron ya denuncias de carácter Federal. En suma, la instrucción es detenerlo y ponerlo a disposición de un juez, y ya dentro habrá motivo para mantenerlo retenido.
A YUNES Márquez, que sabe que van por él y por tanto debe tomar precauciones, le enderezaron apenas el pasado 5 de Mayo una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos relacionados con desvío de recursos, crimen organizado y lavado de dinero por más de 350 millones de pesos destinados al área de salud en la pasada administración Estatal, y tarde o temprano tendrá que acudir a comparecer, lo que será motivo suficiente para detenerlo como al afamado “Tiburón”, Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana. Se sabe que la denuncia fue interpuesta por el diputado Federal de Morena, Julio Carranza, lo que evidencia que hay consignas contra el dos veces alcalde de Boca del Río y ex diputado local, y quien buscaba la alcaldía porteña abanderado por la alianza de PAN-PRI-PRD, por lo que al ser desbancado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es su esposa Patricia Lobeira quien lo sustituye, demostrando de paso tener agallas al presentar una primera denuncia contra el morenista, Ricardo Exsome Zapata, luego de que su equipo difundió, presuntamente, propaganda misógina en su contra. Lobeira de Yunes, apoyada por la Senadora Indira Rosales San Román; la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 12, Maryjose Gamboa, y la Presidenta de la Asociación Se Mujer A.C., Marisol López, exhibieron la actitud machista, misógina y violenta del candidato de MORENA contra Paty Lobeira, por lo que ya fue denunciado por violencia política de género, además de exigirle una disculpa pública que incluya todas las mujeres veracruzanas.
PERO RESPETO a la denuncia interpuesta por el legislador federal de Morenista, este asegura que tiene documentos que prueban que durante los dos años de administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, padre del también ex candidato a la gubernatura, se asignaron contratos por más de 350 millones de pesos a empresas fachada. “La Secretaría de Salud de Yunes Linares entregaba contratos millonarios a dichas empresas que sobrepasan el costo de los servicios que ellos generaban, de ese dinero que recibían pagaban un soborno a funcionarios de la Secretaría de Salud y el dinero que llegaba a las empresas que supuestamente prestaban el servicio, lo movían a través de una sofisticada red (...) el dinero iba a cuentas de Ricardo Medina Hernández y Román Corrón Chávez quienes lo entregaban a unos personajes y ellos a Miguel Ángel Yunes Márquez”.
El legislador federal indicó que estos son hechos graves y evidentes cometidos en agravio del patrimonio veracruzano, por lo que negó que se trate de una denuncia mediática en pleno proceso electoral. Según Carranza, los datos y pruebas que presentó en la denuncia ante la FGR, le llegaron a la Casa de Enlace recientemente y tras analizarlos decidieron proceder legalmente, aunque en realidad lo están usando desde Palacio Nacional.
COMO FUERA, la denuncias tanto del fuero Federal como Estatal ahí están, y bastaría con que ambas fiscalías se las hicieran efectivas a Yunes Márquez en aras de anularlo, gane o pierda su esposa, lo que le impediría gobernar tras bambalinas ya que, paralelamente, a Yunes Linares también le revivieron denuncias que ya estaban archivadas, pero que por instrucciones de AMLO fueron puestas de nuevo en el tapete de las indagatorias vigentes.
PERO ES tal la desesperación del Movimiento de Regeneración Nacional al describir las encuestas una tendencia a la baja, que el uso faccioso de la ley se está usando, incluso, contra dirigente nacionales partidistas como el del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a quien, dos años después de concluir su periodo constitucional como Gobernador de Campeche, y ante el riesgo de que sea su sobrino quien gane la Gubernatura derrotando a la amlista Layla Sansores, lo acusan de arrastrar irregularidades no aclaradas de su administración por 3 mil 852 millones de pesos, en gran parte correspondientes a 2018. Y es que de ese año no se han justificado plenamente 3 mil 430 millones de pesos, según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen seguimiento concluido, pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2021.
Y AUNQUE el actual líder priista niega semejantes señalamiento, la ASF le señala que entre las principales observaciones no aclaradas por Moreno Cárdenas se encuentra buena parte de las participaciones federales entregadas a Campeche en 2018: de 6 mil 374 millones de pesos asignados por este concepto, la ASF auditó 4 mil 11 millones de pesos, concluyendo con el requerimiento al gobierno del estado para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria por 2 mil 443 millones de pesos. En las conclusiones de la revisión, la ASF advierte: En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2 mil 941 millones de pesos, el cual representa 73.3 por ciento de la muestra auditada. En fin, falta menos de una semana para los comicios, y las amenazas contra dirigentes y candidatos incómodos se incrementarán en los días previos. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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