José Miguel Cobián
Requisito para ser administrador general de aduanas, tener cinco años de experiencia. Ningún administrador del sexenio pasado cumplió ese requisito. No es de extrañar que las aduanas no cumplan con la ley, incluso bajo el control de la marina, si desde presidencia se violaba la ley.
El contrabando de combustible persiste, y muy fuerte, a pesar de que durante el sexenio pasado se dijo que se había terminado con ese cáncer. Barcos llenos de petróleo mexicano circulan por los mares del mundo, cambiando el origen del hidrocarburo, para ser llevados a refinar en el extranjero, o para su venta en el mercado spot.
No es de extrañar que las pérdidas de PEMEX hayan aumentado brutalmente durante el sexenio pasado. La permisividad por parte de los niveles más altos del gobierno, y el hoy –ya claro contubernio- entre quienes están en el poder y algunos de los más grandes huachicoleros fiscales es evidente. El huachicol fiscal se utilizó para financiar campañas del partido, y también –según investigaciones de la DEA-, para financiar la construcción de laboratorios de fentanilo, y de metanfetaminas a lo largo de los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos, así como la compra de armas de los distintos cárteles involucrados en el negocio.
En Estados Unidos se venden gasolinas y diésel, cumpliendo con requisitos fiscales y pago de impuestos. Iniciaron transportándose a México vía pipas, las cuáles pasaban libremente por la frontera sin ninguna revisión. En algunos casos, debieron reportar el producto y lo definieron como aceites o algún otro subproducto de la industria petrolera para no llamar la atención. En todos los casos, las autoridades jamás revisaron el producto, ni siquiera para prevenir riesgos sanitarios, que siempre es la primera revisión a que se somete un producto importado. La complicidad de las autoridades a partir de diciembre de 2018 es más que evidente.
De las pipas, se pasó a barcos completos, pues ya se traficaba con millones de litros, a ciencia y paciencia de las autoridades mexicanas. Pensemos en el barco decomisado en Tamaulipas, se sabe que traía 20 millones de litros de Diésel, y consideremos que en promedio, durante todo el tiempo de operación, el IEPS era de $5.00 por litro. Y $3.20 de IVA. Es decir, por cada litro contrabandeado, se obtenían pérdidas para el erario y ganancias para los criminales de $8.20 Por 20 millones de litros, indica que cada semana se lograban ganancias del orden de 164 millones de pesos.
¿Cuándo surge la vigilancia del gobierno mexicano? Hasta que los americanos le avisan, preocupados por el financiamiento al crimen organizado. Es decir, que toda la cadena de vigilancia y control, pasando por los propios servicios de inteligencia que no vieron nada raro en importar 20 millones de litros de aceites y sub productos cada semana, las autoridades sanitarias encargadas de vigilar la inocuidad de los productos de importación, los agentes aduanales, la marina en las aduanas, etc., nadie se dio cuenta de que sucedía algo raro.
Hoy todavía no tenemos resultados claros de una investigación muy sencilla. Solo un detenido. Cuando es muy fácil para la UIF (Unidad de inteligencia Financiera), darle seguimiento al dinero y a las operaciones, o a los cómplices en las distintas dependencias.
Una empresa que tiene socios y domicilio identificados por el SAT importa el producto. Ningún socio ha sido detenido por esos actos de contrabando ni sus representantes legales. Si alguien importa 20 millones de litros a la semana de algo, debe de facturar 20 millones de litros cada semana… ¿Los facturaron? ¿A quién? ¿Quién les pagó y en que banco se depositó? ¿Sabían esos compradores que era producto importado? ¿Solicitaron evidencia en forma del pedimento de importación? ¿Por qué no se ha detenido a quién firma el pedimento de importación? ¿A quién firma en las chequeras de la empresa importadora? ¿Por qué no se ha dado seguimiento al dinero tanto el que se usó para pagar la compra del producto importado, como el de los pagos de los clientes?
¿Dedujeron los clientes las facturas de compra? ¿Cómo es posible que en el SAT nadie considerara sospechoso ese flujo enorme de importaciones? ¿O el del dinero que manejaba la empresa? ¿Nadie se dio cuenta que importaban una cosa y vendían otra? O peor aún; Que no la facturaban –si es que se vendía en el mercado negro-.
Si no hay evidencia a quién se vendía, es muy fácil darle seguimiento a cada una de las pipas que descargaba el barco cada semana. Todas las ASIPONA tienen controles muy estrictos sobre los transportistas que entran al recinto portuario. Y los transportistas tienen que emitir documentos como la carta porte, que indiquen claramente, el producto que están transportando, y a dónde se entrega dicho producto. Por cierto, copia de todas esas cartas porte la tiene el SAT en sus registros, pues le llegan al momento de emitirse.
Y sin embargo, no hay ningún avance en la investigación. Ni la UIF, ni el SAT, ni la PGR, parece que tengan prisa por resolver este embrollo. Acusando una conducta por demás sospechosa ante las autoridades del vecino del norte.
Recordemos que mientras se ampliaba la red de robo de petróleo y sus derivados, así como la importación ilegal de gasolinas y diésel, el presidente López Obrador presumía en su mañanera una reducción del 94% de estos delitos al 31 de julio de 2024.
Hasta diciembre de 2018 había en México robo en ductos de PEMEX, pero era artesanal. A partir de la llegada del nuevo gobierno se convirtió en una industria multinacional de saqueo a México.
Sergio Carmona fue el gran operador de la red de huachicol fiscal. Dos días después de haber sido asesinado, su hermano se entregó a las autoridades americanas, cantando como artista en palenque. Así, nos enteramos que ese dinero llegó a financiar algunas campañas como la de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora para beneficio del partido oficial.
Cabe aclarar que el 95% de los productos que pasan por las aduanas, cumplen con todos los requisitos legales incluido el pago de impuestos. El 55% del IVA que se recauda en México viene de las aduanas. Es más, aproximadamente el 28% del total de recaudación fiscal del país proviene de
las aduanas con su padrón de 120,000 importadores. El problema estriba en el otro 5% que ha servido para tráfico de armas, precursores de drogas como el fentanilo, exportación ilegal de carbón, acero y hasta petróleo, y contrabando de todo tipo de productos.
La presidenta tiene un problema muy serio, pues los americanos ya le prestan atención a ese tema, y ella sabe que algunos altos mandos de su partido están involucrados hasta el cuello en los delitos relacionados con el huachicol fiscal y el financiamiento del crimen organizado.
Aunado a ello, el coro de Badiraguato en poder del gobierno americano, y sus cantos, van a generar una crisis política nacional, que ella espera estalle después de la revocación de mandato y las elecciones intermedias de la cámara de diputados federal.
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