Carlos A. Luna Escudero
En los discursos contemporáneos, “gobierno digital” y “eficiencia administrativa” se presentan como fórmulas mágicas para resolver los males estructurales del aparato público. Parecen conceptos neutros, técnicos, incuestionables. Pero cuando revisamos con cuidado el Eje 5 del Plan Veracruzano de Desarrollo 2025–2030, la realidad se revela menos glamorosa: una narrativa aspiracional que quiere ocultar décadas de corrupción, rezago, opacidad y desarticulación institucional.
Veracruz no necesita solamente computadoras, portales web o trámites en línea. Necesita una reforma estructural del servicio público, que depure la lógica clientelar, elimine las redes de favores, y ponga a la ciudadanía al centro de toda decisión. Pero el plan se queda en lo superficial: modernización sin democratización, digitalización sin justicia, reorganización sin autocrítica. En lugar de preguntarse “¿para qué sirve el Estado?”, se limita a enumerar procesos, softwares y capacitaciones.
La supuesta eficiencia que promueve el Eje 5 ignora el elefante en la sala: la burocracia veracruzana ha sido durante décadas un espacio de captura partidista, una máquina de simulación legal y un medio de control social. Las tecnologías no resuelven eso: pueden incluso agravarlo si se usan para blindar decisiones autoritarias o negar el acceso al derecho bajo pretextos técnicos. Digitalizar la ineficiencia solo la vuelve más rápida y menos visible.
Además, el documento elude el debate más profundo: ¿quién decide cómo y con qué ética se gobierna? Automatizar trámites, profesionalizar servidores públicos o crear plataformas digitales puede parecer correcto. Pero si el gobierno sigue sin ser transparente, sin rendir cuentas, sin corregir abusos y sin abrirse a la participación real, entonces toda modernización será cosmética. Un maquillaje de algoritmo sobre un rostro corroído por el autoritarismo administrativo.
Este aspirante a analista, por tanto, no rechaza la innovación. La exige. Pero una innovación con alma, con pueblo, con responsabilidad histórica. Porque no queremos un gobierno más rápido si sigue siendo ineficiente, corrupto e indiferente. Lo que queremos es un gobierno más justo, más humano y más nuestro.
Profesionalización sin despolitización: el mito del servidor público neutral
Uno de los pilares del Eje 5 es la “mejora continua del desempeño del servicio público”. Se habla de capacitaciones, evaluación de competencias, y cultura organizacional. Pero nunca se menciona la raíz del problema: el servicio público en Veracruz ha sido estructurado para responder a intereses partidistas, no a la ciudadanía.
Los nombramientos por compadrazgo, por relaciones amorosas o familiares. las rotaciones cada sexenio, las plazas vendidas o regaladas y los cargos sin perfil técnico son moneda común. ¿De qué sirve capacitar si los puestos clave se asignan por lealtad política? ¿De qué sirven los indicadores si no hay consecuencias por incumplirlos? El plan no aborda esto. Habla de profesionalización como si fuera un asunto técnico, cuando es profundamente político.
Además, se omite la crisis de confianza interna. Muchos trabajadores del gobierno viven bajo acoso laboral, precariedad, sobrecarga de funciones, obligados a acudir a mítines partidistas o a marginación por razones ideológicas. No hay una política de bienestar laboral ni protocolos para detectar ambientes tóxicos o abuso de poder interno. El servicio civil de carrera es letra muerta. Sin condiciones dignas de trabajo, no puede haber servicio público con ética.
La evaluación del desempeño se plantea sin garantías de imparcialidad. ¿Quién evalúa a quién? ¿Con qué metodología? ¿Con qué fines? ¿Se escucha a la ciudadanía en esa evaluación? Nada de eso está explicado. La profesionalización es deseable, pero si se convierte en herramienta de castigo político, será más dañina que la incompetencia.
Gobierno digital: tecnología sin derechos ni justicia
El plan propone digitalizar trámites, crear plataformas para servicios públicos y modernizar la gestión documental. Todo esto puede ser útil… pero solo si se piensa desde el enfoque de derechos, y no desde la lógica de control. Actualmente, los sistemas en línea del gobierno estatal son inestables, opacos y muchas veces excluyentes.
Hay miles de personas en zonas rurales, adultos mayores, personas con discapacidad o sin acceso a internet que quedan fuera de estos avances. No se propone una estrategia de conectividad universal ni centros comunitarios digitales. Se piensa la digitalización desde Xalapa, no desde Soledad Atzompa, Mecayapan o Playa Vicente. ¿Dónde queda el principio de igualdad de acceso?
Además, la opacidad digital está naturalizada. Muchos portales oficiales no cumplen con los mínimos de transparencia, no están actualizados, y ocultan información relevante con redacciones ambigüas. ¿Qué sentido tiene digitalizar si la ciudadanía no puede usar la tecnología para fiscalizar al gobierno? Sin gobierno abierto, el gobierno digital es solo otra muralla.
Se habla también de expedientes electrónicos y simplificación de procesos. Pero la experiencia diaria en ventanillas gubernamentales sigue siendo un viacrucis: trámites duplicados, funcionarios sin criterio, requisitos absurdos. La brecha entre discurso y realidad es enorme, y el plan la minimiza con lenguaje corporativo.
Finalmente, no se abordan los riesgos de ciberseguridad. ¿Dónde está la protección de datos? ¿Qué protocolos existen ante filtraciones, hackeos o vigilancia digital? Sin legislación clara ni supervisión ciudadana, la digitalización puede volverse un mecanismo de vigilancia o de exclusión encubierta.
Planeación y evaluación: simulación institucional como práctica cotidiana
Otro componente central del Eje 5 es el fortalecimiento de la planeación estatal. Se menciona la alineación con el PND, la Agenda 2030 y la mejora en los procesos de evaluación. Pero el problema no es metodológico, es estructural. En Veracruz, la planeación ha sido siempre un ejercicio vertical, cerrado y sin participación social real.
Se elaboran planes, pero no se cumplen, ejemplo reciente es el del gobierno anterior. Se diseñan indicadores, pero no se miden. Se hacen evaluaciones, pero nadie rinde cuentas. La planeación participativa sigue siendo una entelequia. No hay foros deliberativos con incidencia, ni mecanismos ciudadanos para modificar planes, ni sanciones por no ejecutarlos. La evaluación es un ritual administrativo, no una herramienta de transformación.
El plan tampoco menciona el uso político del presupuesto. Muchos programas se inflan, se reetiquetan, se asignan con opacidad o se canalizan a fines clientelares. La planeación sin transparencia es una simulación; y la evaluación sin autonomía es un engaño.
Tampoco hay una discusión seria sobre la captura de instituciones. Muchos órganos evaluadores, como contralorías o unidades técnicas, carecen de independencia, recursos o margen de acción. Hablar de “evaluación con impacto” sin fortalecer las instituciones fiscalizadoras es otra forma de fingir que se hace, cuando no se hace nada.
Modernización administrativa: cambios cosméticos sin ética de servicio
Finalmente, el Eje 5 plantea “modernizar” la administración pública para hacerla más eficaz. Pero la eficacia sin ética puede ser peligrosa. ¿Más eficaz para qué? ¿Para tramitar una expropiación sin consulta? ¿Para negar servicios con un clic? ¿Para centralizar decisiones desde Xalapa en vez de empoderar a los municipios?
El Estado veracruzano no necesita solamente ser más rápido: necesita ser más justo, más transparente, más horizontal. Y para eso, la modernización no basta. Se requiere transformación institucional, rediseño del pacto fiscal, autonomía para contralorías, rendición de cuentas ciudadana y mecanismos de justicia administrativa.
Tampoco hay un enfoque anticorrupción claro. Se repite la palabra “mejora” pero nunca se explica cómo se erradicará el uso indebido del cargo, el favoritismo, el tráfico de influencias o la opacidad presupuestal. La ética pública brilla por su ausencia en el discurso del plan.
Y por último, se ignora completamente la dimensión territorial. ¿Cómo se modernizarán los servicios en los municipios más pobres? ¿Cómo se evitará que la digitalización se concentre solo en zonas urbanas? Sin políticas diferenciadas por región y sin justicia presupuestal, la “modernización” se vuelve centralización disfrazada.
Conclusión
La gran falla del Eje 5 es su incapacidad para mirar a la administración pública como un terreno de poder, de disputa, de historia y de responsabilidad política. Trata al gobierno como si fuera una empresa que solo necesita “reingeniería”, cuando lo que se requiere es un nuevo contrato social con la ciudadanía. La eficiencia es un medio, no un fin.
En nombre de la modernización se puede excluir, en nombre de la digitalización se puede vigilar, y en nombre de la profesionalización se puede castigar a quienes no se alinean políticamente. Por eso, sin una ética democrática transversal, todo plan de innovación puede volverse un instrumento de control más que de liberación.
Veracruz merece un gobierno digital, sí. Pero uno que reconozca las brechas, repare las desigualdades, garantice derechos y rinda cuentas de forma radical.
Merece servidores públicos con vocación y con condiciones dignas. Merece tecnologías al servicio de la justicia, no de la simulación.
En resumen, este Eje 5 confunde eficiencia con calidad, velocidad con transparencia, y reorganización con transformación. Sin voluntad política para democratizar el poder institucional, digitalizar el Estado solo lo vuelve más lejano, más abstracto y más insensible.
Porque gobernar bien no es solo administrar: es escuchar, corregir, redistribuir y construir con la gente, no sobre ella. Y eso, en Veracruz, aún está muy lejos de ocurrir.
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