Carlos A. Luna Escudero
Este, 7 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión. La fecha, instaurada en 1951, supuestamente celebra la existencia de una prensa libre, plural y comprometida con la democracia. Sin embargo, en el México actual, ¿queda algo genuinamente celebrable?
Sí, la libertad de expresión sigue figurando como un derecho humano constitucional. En el papel, cualquiera tiene derecho a manifestar sus ideas sin temor a la censura. Pero, al mirar con lupa el estado actual del periodismo, la opinión pública y el debate en redes, parece más pertinente preguntarse no si existe, sino cuánta queda.
La libertad de expresión ha sido erosionada por tres enemigos crecientes: la censura velada, la violencia contra periodistas, y la captura política y económica de los medios. No son enemigos nuevos, pero sí más sofisticados, más normalizados y —lo más grave— más desestimados por amplios sectores de la ciudadanía que ya no distinguen entre libertad de expresión y ruido algorítmico.
En este panorama, leer obras como “La libertad de expresión y de prensa como derechos fundamentales” de Javier Orozco, o “Reflexiones sobre los límites de la libertad de expresión” de Eduardo Lima Gómez, más que inspirar, nos confrontan con un espejismo: un marco jurídico progresista que no logra concretarse en garantías reales. Se nos habla del derecho de réplica, del secreto profesional, de la cláusula de conciencia.
Sin embargo, el periodista de a pie sigue siendo blanco de amenazas, ataques físicos o campañas de desprestigio, muchas veces orquestadas desde las propias instituciones que dicen proteger la libertad de prensa.
Ni siquiera el legado histórico parece suficiente. Francisco Zarco, defensor incansable de este derecho en el siglo XIX, podría indignarse al ver cómo hoy la autocensura es moneda corriente, no por falta de voluntad, sino por miedo, precariedad o presión política. En este siglo, se puede ser silenciado de formas más sutiles: con un despido, una auditoría, una denuncia estratégica, o simplemente excluyendo voces críticas del debate público bajo el disfraz de la “corrección política” o la “guerra de narrativas”.
Y no, no se trata sólo de los periodistas. También los ciudadanos están cada vez más atrapados en burbujas ideológicas, acosados por la desinformación o polarizados por discursos de odio que confunden libertad con impunidad. Así lo muestra “Libertad de expresión y derecho a la información en Latinoamérica”, una obra escrita por Ricardo Porto en donde retrata los retos de la región: concentración mediática, violencia estructural y manipulación informativa.
Quizá el Día de la Libertad de Expresión debería ser menos un festejo y más un recordatorio de deuda. Una fecha incómoda para reconocer que la libertad de decir sigue dependiendo demasiado del poder que incomode lo que se diga.
En Veracruz, ejercer el periodismo no es un derecho; es un acto de temeridad. Aquí, la libertad de expresión –ese noble principio consagrado en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– se ha convertido en un mal chiste contado entre balazos, amenazas, demandas y cuerpos abandonados en brechas rurales.
Sí, la Constitución dice que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, pero a ver, díganselo a los periodistas veracruzanos que son demandados por “violencia política de género” por documentar nepotismo; por revelar corrupción o a quienes publican una nota y, en respuesta, reciben mensajes con coordenadas, fotos de sus hijos y una “cordial invitación” a cooperar con el grupo delictivo de turno.
Veracruz cerró 2024 con 42 agresiones contra periodistas, lo que equivale al 6.59% del total nacional, según Artículo 19. Entre ellas: 10 privaciones ilegales de la libertad, 2 secuestros, y decenas de casos de intimidación, hostigamiento, censura, bloqueo informativo y alteración de contenidos. Mientras tanto, los agresores pasean tranquilos por las calles. Ningún caso ha sido esclarecido.
Pero no todo es violencia física: también hay violencia estructural. La mayoría de los periodistas en Veracruz trabaja sin prestaciones, sin contrato, sin seguridad social. Se enfrentan a la precarización absoluta. Aquí, en cambio, el periodista promedio cobra a destajo, carga con su cámara rota, paga su propio taxi al mitin del candidato y regresa a casa a rezar por llegar con bien o que no lo sigan. Eso sí, el gobierno estatal muy atento... a negar todo.
Desde el año 2000, Veracruz es el estado más letal para periodistas en México, y eso es mucho decir en un país donde ser reportero es más peligroso que ser soldado en Ucrania. Y la constante en todos los casos no es sólo la violencia: es la impunidad.
Durante los gobiernos de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García, los asesinatos de periodistas han sido tratados como accidentes colaterales, como si los reporteros se hubieran tropezado y caído sobre una bala.
En las recientes elecciones municipales, la cosa no mejoró. Entre noviembre y junio, 15 personas fueron asesinadas en el marco del proceso electoral: 2 candidatos, 4 simpatizantes, y sí, una comunicadora: Avisack Douglas, ejecutada mientras trabajaba en la campaña de una candidata de Movimiento Ciudadano. Su muerte encendió las alarmas (de los periodistas; el gobierno sólo respondió con silencio institucional).
El gremio respondió con una protesta sin precedentes: suspensión de cobertura política durante 24 horas. Fue un grito de hartazgo, un luto colectivo. Pero más allá de eso, nada. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) emitió declaraciones y ofreció apoyos... en forma de trámites, no de protección real. Mientras tanto, las hijas de Douglas quedaron en orfandad. Porque en Veracruz, ser madre y periodista es jugar a la ruleta rusa con la pluma.
¿Y qué pasa cuando el periodista no es asesinado ni amenazado? Bueno, entonces es demandado. Así le ocurrió a Ángel Camarillo, Isabel Ortega y Radio Teocelo, sentenciados por “violencia política de género” por haber publicado en 2021 un reportaje sobre redes de nepotismo en más de 10 municipios veracruzanos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prefirió castigar al mensajero. Multa, disculpa pública, retiro de la nota y registro en el padrón de personas sancionadas. Porque aquí se protege más a la parentela política que a la verdad.
Artículo 19 denunció esta sentencia como un “uso desviado de una ley legítima”, diseñada para proteger a mujeres, pero manipulada para callar al periodismo. Porque nada más molesto para el poder que un periodista haciendo preguntas incómodas.
Así también, Claudia Guerrero y Héctor de Mauleón han enfrentado persecución por su labor periodística crítica. El periodismo enfrenta desafíos constantes, y en el ojo del huracán se encuentra Claudia Guerrero Martínez, una periodista cuya excelente trayectoria ha estado marcada por confrontaciones legales y controversias con el poder. Recientemente, su nombre resonó en los tribunales cuando el Tribunal Electoral de Veracruz la sancionó por violencia política de género contra la síndica Vania López González, una funcionaria con amplia fama de corrupta. La multa impuesta y la orden de retirar publicaciones encendieron un debate sobre los límites de la crítica y la libertad de expresión.
Estos episodios no solo son controversias aisladas, sino un reflejo de un ambiente donde el ejercicio periodístico se enfrenta a presiones judiciales y políticas. ¿Hasta dónde llega la crítica legítima y dónde comienza el linchamiento legal? En un país donde la libertad de expresión sigue en disputa, el caso de Claudia Guerrero Martínez abre una nueva página en esta historia.
La censura no solo silencia voces, también erosiona los pilares de una democracia. El caso de Héctor de Mauleón es un reflejo preocupante de los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en México. Su investigación sobre una red de tráfico de huachicol en Tamaulipas destapó posibles vínculos entre figuras políticas y actividades ilícitas. Pero en lugar de fomentar el debate y la transparencia, su trabajo fue blanco de medidas legales para prohibir su difusión.
El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó la eliminación del artículo publicado en El Universal y dictó medidas cautelares contra el periodista, alegando protección a la imagen de Tania Contreras López, candidata a magistrada. La decisión fue criticada por organizaciones como PEN Internacional, que denunciaron el hecho como un atentado contra la libertad de expresión.
Este episodio no es aislado. Forma parte de una tendencia alarmante en la que el ejercicio periodístico se enfrenta a presiones políticas y judiciales. ¿Hasta dónde llega el derecho de informar y dónde comienza la censura? Esa es la pregunta que este caso deja sobre la mesa.
Ambos casos reflejan cómo el periodismo en México sigue expuesto a presiones legales y políticas que buscan intimidar y limitar la libertad de expresión
Por otra parte, el gobierno federal dice que desplegó 3,500 elementos de la Guardia Nacional en Veracruz. Y sí, aparecen… en los mítines, donde hay cámaras. Porque en las zonas calientes del sur como en Sayula de Alemán, Texistepec, Jesús Carranza o en el norte como en Martínez de la Torre, Poza Rica o Tuxpan, los reporteros ya ni entran. O entran en grupo, como quien entra a zona de guerra.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), instituido el 18 de Diciembre del 2012 por el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte y que actualmente preside Luis Crescencio Ramírez Baqueiro, un individuo muy cuestionado, que “documenta amenazas” y “brinda atención”. Pero ningún periodista entrevistado reportó recibir respaldo efectivo. La mayoría se protege con redes propias, chats colectivos y protocolos autodidactas.
El Estado mexicano, por su parte, continúa ofreciendo protección como si fuera un trámite de licencia: lleno de requisitos, inútil y caro.
En Veracruz, hoy día ejercer el periodismo sigue siendo un acto de resistencia. En un entorno marcado por la violencia, la censura y la impunidad, sorprende —y al mismo tiempo dignifica— que aún existan esfuerzos periodísticos comprometidos con la verdad y el bien público. En nuestro estado, hay que reconocerlo, existen periodistas de primer nivel que no se callan ante nada a pesar de los riesgos.
Existen periodistas que continúan informando con profundidad, abriendo espacios de diálogo y visibilizando tanto los abusos del poder como las historias que inspiran transformación social. Este periodismo no solo denuncia, sino que propone y construye ciudadanía, desafiando las condiciones hostiles mediante la solidaridad gremial, el uso estratégico de herramientas digitales y la defensa activa de la libertad de expresión. Su existencia, lejos de ser anecdótica, es fundamental para sostener una sociedad más crítica y consciente, incluso cuando decir la verdad puede costar caro.
El Artículo 7º Constitucional consagra que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”. Lindo texto para el mármol. Pero en Veracruz, esa libertad se imprime con tinta y se borra con sangre. La violencia, la censura, el acoso judicial y la impunidad no son accidentes: son sistemas funcionales al poder.
El periodista veracruzano no solo informa: sobrevive. Y lo hace sin garantías, sin respaldo y sin justicia. ¿Qué libertad de expresión puede haber cuando informar te cuesta el trabajo, la familia o la vida?
Hay que decirlo con orgullo, en Veracruz, el periodismo no florece: resiste. Con miedo, con rabia, con coraje y con memoria. Pero resiste. Y mientras haya alguien dispuesto a escribir, a denunciar, a investigar… quedará una esperanza. Aunque sea con chaleco antibalas.
|
|
