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| Exigen a la SCJN con 600 firmas realizar audiencia pública sobre prisión preventiva oficiosa. | ||||||
| El asunto permanece pendiente de discusión en el alto tribunal, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), en los que el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. | ||||||
| Miércoles 25 de Marzo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El asunto permanece pendiente de discusión en el alto tribunal, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023), en los que el Estado mexicano fue condenado por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La petición fue entregada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la CoIDH, como Daniel García Rodríguez a quien se le aplicó la prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia, así como otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta. “Es una petición justa, es una petición real y que además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”, dijo Daniel García, al tiempo de señalar que México está en desacato de ambas sentencias internacionales. Señalaron que la solicitud pretende que la apertura prometida por la autollamada “nueva Suprema Corte” se traduzca en un espacio amplio de debate e información, en el que las más de 40 mil personas encarceladas bajo prisión preventiva oficiosa y sus familiares sean escuchadas, con la participación de universidades, colegios de abogados, litigantes y especialistas, antes de que se resuelva el cumplimiento de las sentencias internacionales que obligan al Estado a eliminar esta medida y el arraigo, señalaron en un comunicado. Entre las consecuencias de mantener la prisión automática, señalan, es haberle dado ese poder a la gente del Ministerio Público, “lo ha convertido en una herramienta de extorsión.” Entre otros que respaldan la solicitud se encuentran activistas como Mary Sainz, Edith Escareño Granados, Lucía Alvarado González y Michael W. Chamberlin; académicos como Arturo Cossío Zazueta y Azul Aguiar Aguilar; espacios universitarios como el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez” del ITESO y la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la IBERO Puebla; así como abogadas y abogados como Lizbeth Padilla Sanabria, Gabriel Regino García, Ernesto Canales Santos y José Mario de la Garza. También se suman colectivos de familiares —entre ellos No Más Hijos Rehenes México, Juntos por la Libertad, la Colectiva Pervivencias, Colectiva Mamá No Se Rinde y el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes— y organizaciones de la abogacía como el Colegio Nacional de Abogados Democráticos y Abogados Convencionalistas de México, entre otros. Asimismo, la Red Década contra la Impunidad y el Colectivo Pena sin Culpa, representantes de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez ante la Corte Interamericana. |
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