Andi Uriel Hernández Sánchez
¡No hay duda! En el gobernador de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, parece aplicar muy bien el adagio popular que dice que “a los inteligentes el poder los marea y a los necios los atonta”. Basta echar una mirada somera a los acontecimientos de la última semana para sostenerlo fundadamente.
Primero. El pasado 28 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió las controversias constitucionales promovidas por un grupo de senadores y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y declaró que el delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 331 del Código Penal de la entidad era inconstitucional, es decir, violatorio de principios legales de la Constitución y de derechos fundamentales de la ciudadanía y, por lo tanto, lo invalidó. Con ello, una mayoría aplastante de 10 ministros de la Corte frente a uno que se opuso, confirmaron lo que miles de voces en Veracruz, lo mismo políticos, líderes sociales, profesionales del Derecho, medios de comunicación y ciudadanos, habían venido denunciando: el precepto legal se venía utilizando como un mecanismo de represión política.
En lo concreto, eso significa liberar a todos los veracruzanos presos acusados de este delito desde el 12 de marzo de 2021 a la fecha, salvo que estén procesados y sujetos a prisión preventiva por otros delitos y que, en un plazo de 48, el Congreso de Veracruz debía tomar las medidas legales permanentes para derogar el delito de “ultrajes a la autoridad” para evitar que en el futuro se le siguiera dando el mismo uso represivo.
Curiosamente, un día antes, el 27 de febrero, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados local, aprobaron fast track una reforma al Código Penal para suprimir dos incisos del referido artículo 331, con lo que pretendían burlar la recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que les ordenaba expresamente eliminarlo y “madrugar” la resolución de la SCJN, que sabían, saldría al día siguiente. La estrategia, bastante burda, no les funcionó y a Cuitláhuac García y a su gobierno les dieron palo.
Segundo. Al día siguiente de la decisión de la Corte, el 1 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García en lugar de reconocer honradamente el craso error en el que su gobierno había incurrido en los últimos meses, del grave mal que sus acciones habían provocado y de llamar a todas las fuerzas políticas al diálogo y a la reconciliación, como se esperaría de un estadista, cometió la torpeza de declarar frente a los medios de comunicación que: 1) ya sabía que la Corte tomaría una resolución contraria a los intereses de su gobierno y 2) que su grupo de “profesionales” (¿?!!) del Derecho estaban preparando una nueva iniciativa para reformar (nuevamente) el Código Penal de Veracruz y modificar el nombre del delito, ya no se llamaría “ultrajes a la autoridad”, harían una “corrección de estilo”, misma que sería “inmediatamente” enviada, esa misma tarde, al Congreso Local. O sea, la misma gata, pero revolcada.
La justificación fue la de siempre: no podían dejar desprotegidos a los policías y demás funcionarios públicos ante los ataques del crimen organizado, como si en la ley no hubiera ya muchos preceptos para juzgar la actuación de los delincuentes.
Inmediatamente fue, pero la reacción e indignación de la opinión pública nacional. Y con razón. Lo que el gobernador morenista pretendía no era otra cosa más que burlar una resolución de la Corte Suprema, uno de los tres poderes fundamentales de la República. Nadie le dijo que, al hacerlo se ponía en riesgo él mismo y todos los diputados del Congreso que no quisieran obedecer, pues podían ser acusados de desacato y ser destituidos o juzgados por insubordinación ante los poderes constituidos de la Federación, inhabilitados para ocupar otros cargos y hasta encarcelados.
Parece que sus “profesionales del Derecho” y su grupo de asesores (que a veces pareciera que buscan hundirlo y ridiculizarlo”) tampoco le dijeron que, aunque mandara una nueva iniciativa de ley, el artículo 331 igualmente quedaría invalidado, por lo que todas las personas encarceladas por ultrajar a la autoridad (más de 2 mil, según barras de abogados), tendrían que ser liberadas inmediatamente.
Tercero. Finalmente, este 2 de marzo, en otraaaa conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García, parece que, entendiendo el sinsentido de sus palabras del día anterior, dijo que ya no enviaría ninguna iniciativa de reforma y que, de todos modos, seguiría utilizando el artículo 371 del Código Penal, delito contra las instituciones de seguridad del Estado, para proteger a los policías y para seguir encarcelando a los “delincuentes” que los agreden o injurien. Soberbio y arrogante, dijo que la Corte le enmendó la plana, no a su gobierno, sino a los prianistas del pasado, a quienes lo critican en el presente. Es decir, dijo tácitamente, que seguirá utilizando la ley como garrote represivo y, por tanto, la persecución contra sus opositores.
Cuarto. Tan mal está el gobernador, que el propio presidente López Obrador, su mentor, tuvo que recordarle en su mañanera que “el respeto a la autoridad se gana”, y se atrevió a criticar el delito de ultrajes a la autoridad. Ya para calmarlo le espetó: “Hay que poner por encima las libertades”, y vaya que lo dice alguien que poco sabe de eso.
Todos estos hechos llevan a preguntarse honradamente si tiene algún sentido tanto desgaste y si vale la pena ridiculizarse una y otra vez en público, solo para mantener en pie un capricho personal del gobernador Cuitláhuac García y camarilla, solo para vengarse de los que consideran sus enemigos políticos y para callar a sus críticos; y solo se me ocurre una respuesta: lo vale, ciertamente, sólo para quienes el poder y el dinero que de éste emana representa la máxima satisfacción en la vida, lo vale para quienes han perdido el piso y están decididos a mantenerse en el gobierno aunque en el camino tengan que atropellar los derechos de la ciudadanía y muy a pesar de que ello signifique ganarse un lugar en el vertedero de la historia.
Veracruz, los veracruzanos, sin duda alguna merecemos mucho más que esta clase política decadente. Urge la organización y politización de las clases trabajadoras del estado y del país para llevar al poder a verdaderos estadistas, a verdaderos representantes de nuestra clase social, no a simples títeres de los dueños del dinero y del poder, que lo único que saben hacer es saciar sus más hondas ambiciones y sus más bajas pasiones. Urge, por tanto, acelerar el paso en la consolidación de la fuerza unida y consciente del pueblo pobre de México. |
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