Gilberto Nieto Aguilar
El 10 de diciembre de 1948 se proclamó en París la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” por la Asamblea General de la ONU. En ella se estableció un amplio catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales contenidos en 30 artículos fundamentales para toda la humanidad. Este marco inicial comenzó a expandirse a través de los Pactos Internacionales, Convenios, Tratados, Acuerdos, que han seguido un proceso histórico progresivo durante varios años hasta nuestros días, como ocurrió con el primer reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el 28 de julio de 2022.
Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se proclama la Declaración como un ideal común para todos los pueblos y naciones, bajo el principio de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya en 1789, como producto de la Revolución Francesa, se había proclamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento de gran valor histórico, hermoso y soñador, pero limitado en su alcance real y universal.
La Segunda Guerra Mundial ─en pleno Siglo XX─ demostró que el ser humano sigue siendo capaz de una brutalidad extrema. Hobbes había afirmado que el hombre es el lobo del hombre. La historia nos da cuenta de innumerables actos de violencia, atrocidades del hombre contra el hombre, sufrimientos masivos, opresión y pérdida de vidas humanas. En los últimos setenta años, se han manifestado en crímenes de guerra, genocidios, magnicidios, crímenes de lesa humanidad, violencia sistemática propiciados por la voracidad del poder y los resentimientos colectivos.
El ser humano parece resistirse a comprender, sensibilizarse, confraternizar, amar al próximo. No es extraño encontrar sonrisas irónicas, cínicas, burlonas, cuando alguien habla de ética, bondad, o el deber ser. Al menos durante tres mil años los grandes pensadores han legado al mundo ideas orientadas a superar la condición humana, mejorar los estilos de vida, encontrar las razones de ser de la conducta y el comportamiento, comprenderse a sí mismos y empoderarse de su propio pensamiento, su sentir, hacer y actuar.
Tuvieron que transcurrir 77 años para que los derechos humanos fueran reconocidos en la mayoría de los países del planeta, mediante leyes de protección que cambiaron ideologías, costumbres y añejas tradiciones. En México se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos apenas en 1990, cuarenta y dos años
después de la Declaración de la ONU. En un marco legal y ético, se ha ido integrando progresivamente al sistema jurídico mexicano, alcanzando su máxima expresión en la reforma constitucional de 2011, señalando la obligación de todos los rangos y niveles de autoridad, de promover, respetar, proteger, hacer cumplir y garantizar estos derechos, bajo principios de universalidad y progresividad. El principio pro persona es la interpretación más amplia a favor de la persona, en la ley o norma que más le beneficie.
Lamentablemente, como ocurre con frecuencia en la vida pública de México, se ha incurrido en excesos y exageraciones que desequilibran el fiel de la balanza. Para que el mundo social, político y económico funcione con imparcialidad y honestidad, tenga el equilibrio entre dos opciones o fuerzas y haya pesos y contrapesos, es indispensable reconocer y aceptar que junto a los derechos existen también obligaciones.
Ya pasó el periodo de asentamiento, de “aclimatación” en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Es hora de avanzar hacia la siguiente fase del compromiso social, de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia hasta que el acusador aporte pruebas, con la esperanza de una vida pacífica, con sistemas jurídicos justos, ofreciendo “protección al ser humano” con procesos políticos transparentes.
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