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SCT, principal responsable del socavón en el Paso Exprés: CNDH.
La CNDH emitió la recomendación 34/2018, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Banobras, Conagua, al Gobierno de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca
Miércoles 10 de Octubre de 2018
Por: Excelsior
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabiliza a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), al Gobierno de Morelos y a las autoridades del municipio de Cuernavaca, por la violación al derecho de la vida de las dos personas que perdieron la vida tras el socavón del Paso Exprés.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que perecieron dos personas", afirmó la CNDH.

La comisión determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas que hay responsabilidad de la SCT en el socavón debido a negligencia y posibles hechos de corrupción en la construcción del libramiento.

Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, fueron el origen del socavón que dónde fallecieron –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones.

Por lo que entregará a la PGR los resultados de sus investigaciones, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la correspondiente carpeta de investigación.

Además, con motivo de dichas irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso de manera integral y no dispersa, basada en todos los componentes que provocaron la falla, tanto de las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas, ya que, salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas.

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