Preocupa a AI criterio político sobre derechos humanos en México

jueves 25 de septiembre de 2025

Visitas:

Preocupa a AI criterio político sobre derechos humanos en México.

En su análisis, el organismo global reiteró su llamado al gobierno mexicano para abordar desde una perspectiva integral los derechos humanos.

Lunes 01 de Julio de 2019

Por: La Jornada

Compartir	Twittear

Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) México presentó este lunes un extenso balance en algunos puntos nodales en materia de derechos humanos. Esto a un año de la elección presidencial que dio por ganador al actual presidente dela República, Andrés Manuel López Obrador.

En su análisis, el organismo global reiteró su llamado al gobierno mexicano para abordar desde una perspectiva integral los derechos humanos. En particular, subrayó, el Ejecutivo federal tiene la oportunidad única de subsanar la deuda del Estado mexicano en la materia.

"La política de derechos humanos del gobierno de la República ha tenido algunos aciertos. Sin embargo, preocupa que al tomar decisiones sobre ese tema se privilegie el criterio político sobre los principios que rigen los derechos humanos. A un año de la elección del nuevo gobierno, vemos con preocupación esa peculiaridad, porque puede afectar el proceso de consolidación de los derechos humanos y conducir a graves retrocesos".

En torno a la seguridad nacional, AI señaló que tanto el gobierno como la sociedad coinciden en la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad profesional y efectivo para combatir el crimen organizado en el país. Sin embargo, acotó, el proceso de creación de la Guardia Nacional estuvo lleno de contrastes.

Mientras para la elaboración de la ley de creación de esa nueva corporación se escucharon en parlamento abierto las voces de expertos y organizaciones civiles, en los trabajos para las leyes secundarias que regirán la actuación de la Guardia Nacional, fue lo contrario y se cerraron los canales de diálogo.

Ligado a ello, AI subrayó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, que "ha hecho importantes contribuciones a la construcción de la democracia mexicana".

Lamentó que en febrero de 2019, el presidente López Obrador se refirió "con desdén" a las organizaciones señalando, entre otras cosas, que son simuladoras y que sólo se dedican a analizar la realidad sin transformarla. También les ha tildado de conservadoras e incluso de corruptas.

"Esa descalificación no tiene validez. Con su intenso trabajo, las organización es civiles han contribuido a impulsar importantes ordenamientos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario, la paridad de género en el poder legislativo y recientemente hicieron importantes aportaciones a la ley de creación de la Guardia Nacional".

Por ello, AI exhortó al gobierno mexicano a abrir un espacio para el diálogo permanente con representantes de las organizaciones civiles, a fin de que sociedad y gobierno trabajen conjuntamente para resolver los problemas del país.

Para la organización civil internacional, existe una deuda del Estado mexicano con los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por lo que debe ser un tema prioritario en la agenda de la administración federal.

"Su trabajo les expone a la intimidación, el hostigamiento, las agresiones físicas e incluso a la muerte. La falta de sensibilidad de muchas autoridades hacia su trabajo ha conducido incluso a su criminalización. Muchos de los ataques en su contra provienen del crimen organizado, de grandes empresas e incluso de autoridades".

Recordó que a finales de 2012 comenzó a operar el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cual "opera con serias deficiencias, evidentes en el asesinato de personas adscritas al mismo como Julián Carrillo, en la Sierra Tarahumara".

Destacó que si bien el gobierno actual ha mostrado interés en incorporar cambios que hagan más efectivo el Mecanismo, "hasta la fecha no ha habido ninguna iniciativa y las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo asesinadas en el país". Por lo que hizo un llamado a evitar la criminalización de los activistas y establecer condiciones que les garanticen seguridad pero que también les permitan continuar con su labor de defensa.

Respecto de la migración de miles de personas, en particular centroamericanos, a México, AI indicó que al principio de la actual administración hubo una política de puertas abiertas que incluyó el ofrecimiento de visas migratorias; sin embargo, la postura actual es el envío de la Guardia Nacional al sureste del país para contener el flujo de personas migrantes.

"Por ser un tema de índole humanitario, el fenómeno migratorio debe ser atendido por instituciones afines, como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ambas ausentes en los hechos. El envío de la Guardia Nacional a la zona significa que el gobierno está enfocando el tema desde una perspectiva de seguridad".

AI cuestionó si existió tiempo suficiente para capacitar a los integrantes de esa corporación en temas migratorios y de derechos humanos.

En lo que toca a la violencia contra las mujeres, el organismo internacional destacó la presentación, el pasado 6 de marzo, del Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México.

“Sin embargo, es necesario hacer notar que dicho Plan carece de indicadores para su seguimiento y por ende su efectividad no puede ser medida. A ello se debe agregar que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que su aplicación queda en el ámbito de lo ambiguo” sostuvo Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.

Agregó que se trata de una situación es a todas luces intolerable en momentos en que el alto índice de violencia contra las mujeres provoca el asesinato de casi diez de ellas cada día, según cifras oficiales.

AI también externó su preocupación por la reducción de recursos para los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia y por la eliminación de los recursos para el programa de estancias infantiles que apoyan a madres trabajadoras. “Al retirar los apoyos el Estado está en falta con el principio del interés superior del niño o niña establecido en el artículo 4 de la Constitución mexicana”.

Aseveró que ve con expectativa los pasos que ha dado el gobierno mexicano para dar seguimiento a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"La creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para ese caso tiene un reto muy grande, por lo que requiere de todo el apoyo de la Fiscalía General de la República. Sería muy importante que su titular no escatime esfuerzos y busque el apoyo de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso de organismos internacionales, con el fin de que por fin se haga justicia a las familias de los jóvenes desaparecidos".

Es importante reconocer, aseveró el organismo, el gesto que ha tenido el presidente López Obrador de reunirse con los familiares de las personas desaparecidas; de las víctimas de feminicidio; de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y con los familiares de las y los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC. "En todos los casos, el gobierno se ha comprometido a hacer justicia, asumiendo la responsabilidad por los hechos ocurridos en administraciones anteriores". A ello hay que sumar, las disculpas públicas por actos violatorios de derechos humanos ocurridos en administraciones anteriores y la liberación de presos políticos durante los primeros siete meses de gobierno.

En lo que el Estado mexicano tiene un rezago importante es en el cumplimiento de diversas recomendaciones que le han hecho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva diversos casos.

Aunque una señal positiva se dio el 14 de marzo de este año, cuando el gobierno mexicano aceptó 262 recomendaciones de la Tercera Evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

AI ve con preocupación la aprobación reciente de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y la relativa a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. "Que no se apegan a los principios del derecho internacional de derechos humanos".

En el primer caso preocupan varios artículos, entre los que destaca la deficiente definición del principio de proporcionalidad en el artículo 4; la definición de manifestaciones “violentas” y la posibilidad de uso de la fuerza en las mismas, así como la imprecisión en torno a las denominadas “armas letales” y “menos letales”. En el segundo tema, subyace la posibilidad de que con la reforma a la prisión preventiva se viole el principio de presunción de inocencia de las personas acusadas.

"Ante la persistencia de los claroscuros que caracterizan la postura del gobierno mexicano en el tema de los derechos humanos, AI hace un nuevo llamado al gobierno para que al tema se aborde desde una perspectiva integral, para que se escuchen las opiniones que tienen las organizaciones de la sociedad civil al respecto, en un afán por sentar las bases de una sociedad más incluyente y democrática", finalizó.