De Veracruz al mundo
No hay terrorismo fiscal, pero sí más carga administrativa en Paquete Económico 2020: EY.
El especialista en materia fiscal reconoció que los mecanismos de recaudación propuestos sí son más incisivos, con mayores controles, pero no al extremo de caer en lo que se conoce como terrorismo fiscal.
Miércoles 18 de Septiembre de 2019
Por: EL Heraldo de Mexico
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- El Paquete Económico 2020 que propuso la Secretaría de Hacienda no tiene un trasfondo de terrorismo fiscal, pero sí una fiscalización más puntual sobre el contribuyente y una mayor carga administrativa, aseguró Óscar Ortiz, socio líder de Impuestos y Servicios Legales para Ernst & Young (EY) México-Colombia.

El especialista en materia fiscal reconoció que los mecanismos de recaudación propuestos sí son más incisivos, con mayores controles, pero no al extremo de caer en lo que se conoce como terrorismo fiscal.

En conferencia de prensa, comentó que el gran reto del gobierno es garantizar certidumbre jurídica a los contribuyentes, lo cual va a depender de cómo se apliquen los cambios propuestos en la miscelánea fiscal, en caso de que los apruebe el Legislativo en los próximos días.

Dan más dientes
Nadja Ruiz, socia de Controversia y Litigio Fiscal de la consultoría, señaló que la propuesta del Gobierno Federal da “mayores dientes” al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cancelar el Certificado de Sello Digital (CSD) a un contribuyente que no esté al corriente en el pago de sus impuestos o presente anomalías en sus obligaciones con el fisco, particularmente en lo relacionado con la facturación falsa.

El CSD es un archivo digital emitido por el SAT que se usa, específicamente, para generar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Si cancelas el CSD, se mata toda la operación del contribuyente, porque no se puede facturar más.

Actualmente, “por uso y costumbre”, la autoridad fiscal ya lleva a cabo esta práctica, pero las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación formalizan e institucionalizan esa facultad del SAT, la cual puede ejercer sin previa auditoria o comprobación de que existe una anomalía.

“Con todos los pelos de la burra en la mano, como coloquialmente se dice, la autoridad podrá dar de baja el CSD”.

Además, la propuesta del gobierno también amplía de tres a 10 días hábiles el tiempo para que la autoridad fiscal resuelva las solicitudes de aclaración.

“Es como una bola de nieve, donde se le dan mayores dientes al SAT para poder fiscalizar, pero claramente son medidas muy agresivas”, expuso en conferencia.

Por Fernando Franco

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