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| Insta el Senado a resolver el conflicto laboral de Mexicana de Aviación. | ||||||
| Sábado 21 de Septiembre de 2019 | ||||||
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Fue un punto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, en el que se advierte que pilotos y personal de confianza han presentado también diversas denuncias contra el Grupo Aeroméxico al que acusan de haberse enriquecido al disponer de los activos de las empresas que operaba en conjunto con Mexicana de Aviación. Acusan a Aeroméxico Señalan incluso, agregó el senador de Morena, que durante el concurso mercantil la Mexicana asumió pasivos que correspondían a Grupo Aeroméxico por 100 millones de pesos de la empresa Sistemas Corporativos de Personal, SA de CV, Sicopsa. Expuso que en agosto de 2010, Mexicana suspendió operaciones y en septiembre de ese mismo año fue declarada en concurso mercantil, lo que dejó sin empleo a 8 mil 267 trabajadores sindicalizados y de confianza que siguen gestionando el cobro de sus liquidaciones y acusan que de los activos de la aerolínea sólo han recibido el producto de la venta –en diciembre de 2008– de ocho aviones y dos motores. Gómez Urrutia resaltó que en enero pasado, el Juzgado 63 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó una serie de medidas cautelares, entre ellas suspender a Aeroméxico todos los poderes de las personas que nombró para certificar a pilotos, sobrecargos y mecánicos. Asimismo, se ordenó a Aeroméxico y al Centro de Capacitación Alas de América, (Cecam) hacer estudios de precios de transferencia para evitar subsidios cruzados en beneficio de esa compañía. Con estas medidas dictadas por la autoridad judicial, se corrobora que Aeroméxico se ha aprovechado indebidamente de dichos bienes y derechos; ello podría derivar en daños al público inversionista, por lo que las autoridades deberían intervenir para salvaguardar los intereses de los trabajadores y los inversionistas. Es preocupante, insistió, que los trabajadores de Mexicana de Aviación continúen, después de casi nueve años, gestionando el cobro de sus liquidaciones y sin que se atiendan sus denuncias penales en contra de la administración del empresario Azcárraga desde que éste dejó la empresa. Por ello, el Senado pidió la intervención de las secretarías del Trabajo y de la de Comunicaciones y Transportes, ya que es de suma importancia que se agilicen los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los entes responsables. |
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