De Veracruz al mundo
Recibe gobierno Estatal otra recomendación de CNDH por agresión contra migrantes durante bienio de Yunes.
Tras acreditarse violaciones a los derechos humanos de los denunciantes, la Comisión recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas hasta su recuperación física, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Miércoles 16 de Octubre de 2019
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.- En materia de Derechos Humanos, el Estado no sólo debe cargar sino responder por las culpas del pasado, como lo revela el hecho de que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sigue heredando recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por abusos policiales cometidos en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.



Al respecto, la CNDH acaba de emitir una nueva recomendación por agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra migrantes indocumentados, en hechos registrados en septiembre de 2018, luego de una queja de 98 personas quienes denunciaron diversas agresiones de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INAMI), Policía Federal (PF) y Seguridad Pública de Veracruz, en agravio de 130 migrantes en total.



Por lo anterior, y tras acreditarse violaciones a los derechos humanos de los denunciantes, la Comisión recomendó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, localizar a 12 víctimas para brindarles atención médica adecuada por las lesiones sufridas hasta su recuperación física, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.




De igual forma se le encomienda especialmente al Comisionado del INM diseñar y aplicar un protocolo de actuación en revisiones migratorias en sitios que se considere que las personas en contexto de migración están en situación especial de vulnerabilidad o que su integridad física esté en riesgo.




La CNDH documentó que de acuerdo con el expediente 78/2019 aproximadamente a las 11:30 horas del 9 de septiembre de 2018 personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) efectuó, con la colaboración de elementos de la Policía Federal (PF) y de Seguridad Pública Veracruz el operativo “Contención de Flujos Migratorios” en Los Tigres, localidad de Juan Rodríguez Clara.




No obstante, derivado de ese operativo migratorio, el 13 de septiembre el organismo recibió quejas de 98 personas en contexto de migración, quienes denunciaron diversas agresiones de los funcionarios y elementos federales, así como estatales, en contra de 130 migrantes en total.





Las víctimas relataron que a las 11:30 horas del citado 9 de septiembre viajaban a bordo de un ferrocarril de la compañía Ferrosur cuando a la altura de Los Tigres escucharon disparos de arma de fuego, al percatarse que en el lugar se encontraban agentes del INAMI, de la PF y de Seguridad Pública Veracruz.





Señalaron que los elementos policiacos también les arrojaron piedras y lesionaron a algunos de ellos, y por temor algunos migrantes tuvieron que “tirarse” del tren en movimiento y “comenzaron a correr”, lo que ocasionó que algunos resultaran lesionados.





También expresaron que agentes del INAMI de la PF y de Seguridad Pública de Veracruz maltrataron y jalaron de diversas partes del cuerpo a quienes permanecieron en el ferrocarril, cuando éste se detuvo para finalmente bajarlos y asegurarlos.





Tras la investigación la CNDH acreditó que un servidor público, responsable de los elementos de la Policía Federal, y tres mandos de policías de la Secretaría de Seguridad Pública vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 24 personas, al permitir que se realizaran labores de supervisión migratoria y las detuvieran sin tener facultades para ello.





Además cuatro servidores públicos del INAMI vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de 63 migrantes al no cumplir con el procedimiento administrativo migratorio.






También ocho personas servidoras públicas del Instituto, Policía Federal y SSP de Veracruz vulneraron el derecho a la integridad personal de 10 víctimas al no supervisar las acciones de elementos que participaron en el operativo, quienes lesionaron a las víctimas durante éste.

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