De Veracruz al mundo
Emite CNDH recomendación al gobierno de Veracruz.
De igual forma, la observación está dirigida a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGEV), Verónica Hernández Giadans, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.
Viernes 25 de Octubre de 2019
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Foto: Cuartoscuro .
.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz, por violaciones graves a los derechos humanos de ocho policías municipales de Ursulo Galván, quienes fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.

De igual forma, la observación está dirigida a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGEV), Verónica Hernández Giadans, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.

En un comunicado, el organismo público recordó que las ocho víctimas fueron desaparecidas el 11 de enero de 2013 por 15 agentes del llamado “Grupo Tajín” de la SSP veracruzana. Hasta la fecha se desconoce el paradero de los agentes municipales agredidos.

La Recomendación de la CNDH estableció que desde el momento en que se llevó a cabo la desaparición forzada, la SSP de Veracruz “no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado Grupo Tajín, aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso”.

Por lo anterior, el organismo le recomendó al mandatario estatal, Cuitláhuac García, que repare el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.

En lo que se refiere a la FGEV, la CNDH llamó a este organismo a continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos; colaborar en la presentación de la queja que se formule contra el personal ministerial que participó en la investigación, y capacitar al personal que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada, con el propósito de ofrecerles un trato digno.

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