De Veracruz al mundo
Duarte y Bermúdez son noticia; CNDH denunciará a 15 policías por desaparición forzada durante su gestión.
La denuncia irá acompañada de una queja de responsabilidad administrativa contra los funcionarios involucrados.
Viernes 25 de Octubre de 2019
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.- En el pozo sin fondo que significó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en materia de desapariciones forzadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció este viernes que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de 15 agentes integrantes del “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública, y quienes resulten responsables de la desaparición forzada de ocho policías del municipio de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013, es decir, por hechos registrados durante el gobierno de Duarte y cuando Arturo Bermúdez Zurita se encontraba al frente de la dependencia estatal.



La denuncia irá acompañada de una queja de responsabilidad administrativa contra los funcionarios involucrados.



En ese sentido, el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez dirigió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz, por violaciones graves a derechos humanos tras la desaparición forzada de los elementos municipales. Además la recomendación involucra a la Fiscalía General del Estado, a cargo de la Encargada de Despacho, Verónica Hernández Giadáns, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.



Y es que, según la información difundida por el organismo autónomo, se acreditó que los policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad.



Además a la fecha se desconoce el paradero de los elementos tras ser abordados por el denominado “Grupo Tajín”. De igual forma, la Recomendación de la CNDH acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado “Grupo Tajín”, aunque existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso.



Por estas razones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, así como proporcionarles atención integral y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.



De igual forma, la CNDH recomendó a la SSP-Veracruz concluir el procedimiento disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017 y, consecuentemente, que la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades. Por lo que se refiere a la responsabilidad de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, la CNDH acreditó que esa institución no realizó de manera inmediata las diligencias de búsqueda y localización, además de señalar omisiones y dilación en la investigación ministerial de los hechos.




Lo anterior quedó evidenciado debido a que a más de seis años no se tienen resultados sobre el paradero de los policías municipales de Úrsulo Galván, y de acuerdo con la información obtenida no se cuenta con evidencias suficientes que conduzcan a la identificación y detención de las personas presuntamente responsables.




Por lo anterior, la CNDH solicitó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz continuar la integración de la investigación y esclarecer los hechos; colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que formule contra el personal ministerial que participó en la investigación por las irregularidades cometidas, y se anexe copia de la Recomendación en sus expedientes administrativos-laborales.



Por último, se pidió al personal adscrito al Ministerio Público que tenga contacto con las víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada con el propósito de ofrecerles un trato digno.

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