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| No cesa desaparición forzada en Veracruz; CEDH abre queja de oficio por 7 personas de Ixtaczoquitlán donde policías estarían involucrados . | ||||
| Incluso, en este caso, familiares de las víctimas responsabilizaron de manera directa al director de Gobernación Municipal, Octavio Alejandro Pérez, por esos hechos, pese a lo cual el funcionario se lavó las manos al asegurar que no compete al Ayuntamiento investigar hechos en materia de desapariciones de cualquier índole. | ||||
| Miércoles 30 de Octubre de 2019 | ||||
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Incluso, en este caso, familiares de las víctimas responsabilizaron de manera directa al director de Gobernación Municipal, Octavio Alejandro Pérez, por esos hechos, pese a lo cual el funcionario se lavó las manos al asegurar que no compete al Ayuntamiento investigar hechos en materia de desapariciones de cualquier índole. Por este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que abrió una queja de oficio por la presunta desaparición forzada de 7 personas ocurrida el pasado sábado 26 de octubre, varios de los cuales fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Ixtaczoquitlán en la parada de autobuses denominada La Quebradora, sobre la carretera federal, y los restantes desaparecieron cuando habrían ido a pagar la multa para su liberación. Al respecto, la presidenta de la CEDH Namiko Matzumoto Benítez, dijo que se dio apertura a la queja de oficio DAV/1118/2019 ante la probable responsabilidad de policías municipales en la desaparición de siete personas identificadas como Jorge Alducin, de 45 años; Jorge Obet Reyes Flores, 41 años; Ricardo Montesinos Núñez, de 20 años; Daniel García Reyes, 25 años; Humberto Gil García, 32 años; y los esposos: Joel Reyes Flores y Luisa Carrera Valdez, de 43 y 30 años de edad, respectivamente. El caso es que las autoridades municipales responsables se han negado hasta el momento a dar información concreta a sus familiares sobre el paradero de las víctimas, lo que revela que se continúa violentando los derechos humanos, tal como ocurrió en las administraciones anteriores, de Miguel Ángel Yunes Linares y de Javier Duarte de Ochoa. Apenas hace unos días, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 24VG/2019 al Gobierno de Veracruz, por violaciones graves a derechos humanos, por la desaparición forzada de ocho policías municipales del municipio de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013; atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la Secretaría de Seguridad Pública del estado Veracruz (SSP Veracruz), así como a la encargada de la Fiscalía General del Estado por la inadecuada procuración de justicia en agravio de familiares de las víctimas. Y según datos de la Fiscalía en tiempos del ex fiscal Jorge Winckler, en el bienio pasado se encontraron 343 fosas clandestinas en 44 municipios veracruzanos y se documentaron 3,600 casos de personas desaparecidas ocurridos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, de 2010 a 2016. Por su parte, el colectivo Solecito, conformado por madres de desaparecidos, reportó más de 120 fosas en el área de Colinas de Santa Fe, en el municipio de Veracruz, donde hallaron cerca de 300 cadáveres y más de 1,000 restos óseos, y en agosto de 2018, el colectivo denunció la existencia de una fosa clandestina en la que podría haber más de 500 cadáveres, ubicada a 5 kilómetros de Colinas de Santa Fe. En ese tenor, un reporte de la PGR señaló que en los últimos dos años de la administración de Javier Duarte, registró 350 casos de desaparición en Veracruz y del total de personas reportadas como desaparecidas, únicamente se ha localizado el 5%, la mitad de ellas sin vida. Según cifras oficiales, Veracruz se ubicó en el segundo lugar nacional con el mayor número de personas desaparecidas, solo antecedido por el estado de Guerrero. Y en este contexto, el Comité de Derechos Humanos, integrado por un grupo de 18 expertos internacionales, determinó con relación a un caso de desaparición forzada registrado en Poza Rica, en octubre de 2010, que el Estado mexicano es responsable de las desapariciones forzadas “que cuentan con la participación de las autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado”. El dictamen se produjo después de recibir una denuncia de familiares de un desaparecido que conducía su automóvil cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a punta de pistola a una de ellas, y aunque la compañera de la víctima logró identificar a tres policías entre los responsables de la desaparición, la participación de los mismos fue descartada por sus superiores. En ese sentido, Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó que es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, “para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado”. Así las cosas. |
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