De Veracruz al mundo
Organización Reinserta alerta sobre aumento de la violencia infantil.
Lamentó el grado de violencia alcanzado en nuestro país, y su nivel de normalización, donde los niñas y niños han pasado de ser víctimas indirectas o padecer daños colaterales, a ser víctimas directas de tan deleznable situación.
Lunes 17 de Febrero de 2020
Por: La Jornada
Ciudad de México.- La organización Reinserta condenó la omisión de las autoridades involucradas en el caso de Fátima Cecilia, de 7 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Tláhuac, y exigió la implementación de políticas públicas eficaces en materia de prevención, acompañadas de un esquema de monitoreo y evaluación para la toma asertiva de decisiones.

Lamentó el grado de violencia alcanzado en nuestro país, y su nivel de normalización, donde los niñas y niños han pasado de ser víctimas indirectas o padecer daños colaterales, a ser víctimas directas de tan deleznable situación.

Las autoridades y la sociedad en su conjunto, afirmó, hemos fracasado en proteger lo más frágil de nuestro tejido social, pues en el Diagnóstico de Reinserta sobre Factores de Riesgo y Victimización en Adolescentes que Cometieron Delitos de Alto Impacto Social en México, se detectó que 36.4 por ciento sufrió violencia psicológica, 20.4% física y 17 por ciento violencia sexual durante la infancia.

Además 35.1 por ciento señaló que carecía de espacios seguros al aire libre en su comunidad; 42.7 no contaba con espacios seguros de vivienda, y 57.5 por ciento señaló que no había suficiente vigilancia policial en su colonia.

Las cifras se dimensionan cuando las humanizamos y reflexionamos sobre casos como el de Fátima, cuya desaparición fue denunciada el 11 de febrero, pero la fiscalía inició actos de investigación tan relevantes como la revisión de videos de seguridad de la escuela, hasta un día después de su doloroso fallecimiento, afirmó.

Consideró que, estos trágicos sucesos se relacionan con la ausencia de medidas de protección dirigidas a la infancia, de una política de prevención y de una política criminal en la que prevalezca el bien superior de la niñez como un principio transversal para la actuación de todas y cada una de las autoridades

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