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| Ve Coparmex graves riesgos en derechos humanos por militarización. | ||||||
| Preocupa a la cúpula empresarial que no haya fiscalización a instituciones bélicas en el ejercicio de seguridad pública | ||||||
| Miércoles 13 de Mayo de 2020 | ||||||
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Si bien el secretario Durazo declaró que el decreto fortalece a la Guardia Nacional, el encargado de la Seguridad Pública a nivel federal debería también ponderar el efecto potencialmente negativo que este instrumento jurídico podría tener en los derechos humanos de todos los mexicanos, considera la Coparmex en un comunicado. “En el sector empresarial estamos convencidos de que el Estado Mexicano debe cumplir con las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, apuntó el documento. Fiscalización y rendición Asimismo, el decreto presidencial omite mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que permitan supervisar las acciones de la Fuerza Armada mientras realice funciones de seguridad pública, dado que el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, indica que son atribuciones y obligaciones exclusivas de ésta y no de las Fuerzas Armadas. Urge la Coparmex, por los abusos e impunidad de la Fuerza Armada en el pasado, resulta necesario asegurar una estricta fiscalización su intervención en funciones de seguridad pública, tanto por el Congreso de la Unión, como por la propia sociedad en conjunto, incluyendo la de órganos autónomos. |
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