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No cabe duda que el decreto mediante el cual se ordenó la desaparición de fideicomisos en el estado – similar a la medida adoptada por el Gobierno Federal, a la que ya dieron marcha atrás - se realizó al vapor y sobre las rodillas de algunos funcionarios – pues pareciera que no se revisaron todas las leyes en las que están sustentados - es que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cargo de José Luis Lima Franco, emitió el acuerdo que determinó la no extinción del Fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado. En su fundamentación para no desaparecer el citado Fideicomiso, la dependencia refirió que es porque tiene entre sus fines brindar recursos económicos necesarios para hacer efectivas las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral del daño a víctimas en términos de la Ley Número 259 de Víctimas para Veracruz. En ese sentido, el acuerdo informó que los recursos que conforman el patrimonio del Fondo, se otorgarán a víctimas de delitos del orden estatal y a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por autoridades estatales. De acuerdo con la Ley, se estipuló que el monto de la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden estatal será hasta de 500 unidades de medida y actualización (UMA) mensual. Habría que recordar que el citado Fideicomiso se aperturó el 2 de mayo de 2019 y se formalizó un contrato entre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito.
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