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| 4T revienta presupuesto de CEAV y sienta pésimo precedente en materia de violación de derechos humanos. | ||||||
| En ese sentido, llama la atención la afirmación del Presidente López Obrador, en su conferencia mañanera de este jueves, en el sentido de que los derechos humanos quedaban exentos de la medida administrativa que solo afectaría la operación y el gasto en servicios generales. | ||||||
| Jueves 11 de Junio de 2020 | ||||||
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En ese sentido, llama la atención la afirmación del Presidente López Obrador, en su conferencia mañanera de este jueves, en el sentido de que los derechos humanos quedaban exentos de la medida administrativa que solo afectaría la operación y el gasto en servicios generales. Y es que, en principio, habría que subrayar que tras el recorte brutal del presupuesto, el organismo no podrá cumplir con 43 contratos por 121.9 millones de pesos, lo que a la postre podría derivar en demandas contra la institución y en pasivos millonarios para el Estado Mexicano. Pero además, y una prueba fehaciente de que los derechos humanos de las víctimas no quedan a salvo sino que se verán severamente afectados, es que entre las consecuencias del ajuste, el área de traslados desaparecerá, por lo que será imposible tramitar 9 mil 862 traslados anuales para que las víctimas acudan a las audiencias ante el MP, Juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda. También se reducirá en un 30 por ciento los asesores jurídicos y peritos, lo cual impedirá brindar asesoría jurídica y apoyo legal a mil 874 víctimas al año. Tampoco se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes y desaparecerá el área que administra el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales. Por otro lado, el área jurídica no estará en condiciones de defender judicialmente los intereses del Estado mexicano en los 453 juicios de amparo –154 de ellos están en etapa de cumplimiento– y todos los asuntos laborales promovidos contra la CEAV. Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias, las cuales consumirán rápidamente el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), por lo que no habrá recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones. Tampoco habrá abogados suficientes para emitir resoluciones y hacer los análisis jurídicos técnicos de derechos humanos en indemnizaciones por daños, lo cual terminará por impedir que las víctimas puedan acceder a la compensación. No habrá condiciones para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales u organismos de derechos humanos. No será posible avanzar en el rezago de resoluciones por compensaciones y medidas de ayuda del Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) que prevalece desde 2017. Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros. Además, en otras afectaciones, la CEAV señaló que las 7 mil 200 víctimas que mensualmente son atendidas en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica. También se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras. También quedará pendiente la elaboración de un nuevo modelo de compensaciones a nivel nacional, con estándares homologados, criterios internacionales y un enfoque de protección de derechos humanos. Luego entonces, en aras de exentar los derechos humanos, como dijo el Presidente ¿No hubiera sido mejor evitar el recorte en áreas sensibles como esa y sustituirlo por financiamiento? La decisión tomada confirma que para la 4T es más importante un tema ideológico – no recurrir a financiamiento - que los derechos humanos de las víctimas, lo que sienta un pésimo precedente a nivel nacional. |
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