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| Denuncian Panistas ante ASF “compras irregulares en el sector salud”. | ||||||
| Expusieron que una gran parte de las compras realizadas incumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia | ||||||
| Viernes 07 de Agosto de 2020 | ||||||
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Específicamente, la denuncia va contra la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). La denuncia presentada este viernes acusa de sobreprecios de insumos, y “opacidad en las adquisiciones y muchos indicios de corrupción al más alto nivel”. Puso de ejemplo que hay 700 millones de pesos gastados por el IMSS sin documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos. Argumentaron que, de acuerdo con lo reportado en COMPRANET y los análisis realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), plasmados en el documento “¿Compras de emergencia o compras de pánico?” , se identifican tendencias y patrones preocupantes.  “En una situación de emergencia, el dispendio de recursos no se justifica y el gobierno federal debería preocuparse por hacer un mejor uso del dinero de los mexicanos para enfrentar una pandemia que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria”, apuntaron. Expusieron que una gran parte de las compras realizadas incumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio, a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados. Recursos destinados a la emergencia Denunciaron que de los recursos destinados a la emergencia es preocupante señalar que la mayoría son adjudicaciones directas, sin controles adecuados, que aumentan los riesgos de corrupción. “700 millones de pesos gastados por el IMSS no cuentan con documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos. Tanto el ISSSTE y como la SEDENA han adquirido equipo médico especializado con empresas cuyas operaciones son ajenas al sector salud. En el caso del ISSSTE éste ha pagado hasta seis veces más que el IMSS por equipamiento médico similar”, ejemplificó. También exhibieron que la Sedena ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al sector salud, por más de tres millones 360 mil pesos. El caso del INSABI, aseguran que no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria, lo que hace imposible rastrear las compras que ha realizado. “No hay un solo registro público disponible sobre las compras y adquisiciones realizadas por el INSABI; y sólo contamos con los anuncios públicos del Presidente López Obrador y funcionarios de su gabinete sobre la compra de equipos e insumos médicos”, indicaron. Tampoco existe, de acuerdo a la denuncia, información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de 9 mil millones de pesos que se anunciaron como parte del inicio de operación del INSABI. “Mucho menos sabemos en qué se están gastando los 40 mil millones de pesos que se le transfirieron de manera adicional a su presupuesto ordinario, del que anteriormente era el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos”, exponen. Ante tantos indicios de violaciones a la ley y malversación del gasto público, la Auditoría Superior de la Federación debe actuar. La denuncia solicita a la Auditor, que dirige David Colmenares, revisar el ejercicio del gasto durante el primer semestre de 2020, relacionado con la compra de medicamentos e insumos y contratación de servicios del sector salud. “Deberá investigar y en caso de configurarse los delitos aquí señalados, deberá iniciar el fincamiento de responsabilidades y promover las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República para imponer las sanciones que procedan”, señalan. |
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