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| Cárceles, zonas de alto riesgo de contagio, advierten organizaciones. | ||||||
| Remarcaron que una de las consecuencias de que los actos de tortura sean sistemáticos y generalizados en México, es que los centros de reinserción social son conocidos como entornos torturantes. | ||||||
| Lunes 17 de Agosto de 2020 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Indicaron que a tres meses y medio que la pandemia llegó a los centros de detención de México, no se han atendido las malas condiciones de internamiento, hacinamiento y sobrepoblación, con principal responsabilidad en autoridades estatales, por lo que solicitaron la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Las autoridades estatales han demostrado un desinterés para transparentar la información, así como para la realización de pruebas y el monitoreo de la CNDH ha quedado rebasado para visibilizar el crecimiento e impactos de la pandemia en la población penitenciaria, por lo que hacemos un llamado al MNPT para tomar acciones frente a las violaciones a garantías fundamentales contra las personas privadas de libertad en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19”, señalaron. En un pronunciamiento promovido por la organización Asilegal y suscrito por más de cien organizaciones civiles, entre ellas las 87 que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, como los centros Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, destacaron que es urgente la intervención del MNPT debido a que la falta de acceso a la salud al interior de los centros penitenciarios es considerada como tortura. “El riesgo al que se exponen las personas privadas de libertad es altísimo, al no contar las cárceles con las medidas suficientes y adecuadas para hacer frente a la pandemia, situación que representa un atentado constante contra su integridad física y emocional. Es el Estado quien está obligado a proteger a todas las personas contra actos de tortura y esta obligación se traduce en garantizar condiciones dignas de los centros penitenciarios”, enfatizaron. Remarcaron que una de las consecuencias de que los actos de tortura sean sistemáticos y generalizados en México, es que los centros de reinserción social son conocidos como entornos torturantes. “En situaciones normales, las cárceles no son capaces de garantizar a las personas privadas de libertad su derecho a la salud ni otros aspectos relacionados con su integridad; ahora, bajo el contexto de emergencia sanitaria, se han convertido en lugares de alto riesgo de contagio y propagación del Covid-19. Si bien la CNDH ha emitido un pronunciamiento con cinco recomendaciones, las condiciones de las cárceles se mantienen en las mismas o peores condiciones”. |
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