XALAPA.- Aunque hace unos meses el gobernador Cuitláhuac García Jiménez firmó un documento donde expresó su rechazo a la minería a cielo abierto, en el que afirmó que el Gobierno del Estado reiteraba su rechazo a la minería metálica tóxica, toda vez que su explotación genera daños adversos e irreversibles a la biodiversidad, a los ecosistemas y a la salud de las veracruzanas y los veracruzanos, lo cierto es que la Minera Caballo Blanco continúa solicitando permisos para realizar la exploración de su proyecto para minería de oro y plata a cielo abierto, lo que significa que las alharacas del mandatario estatal le hacen lo que el viento a Juárez. Y es que, la compañía minera solicitó un nuevo permiso de exploración para hacer barrenación en búsqueda de oro y plata en diez sitios en predios de Actopan, por lo que entregó un informe preventivo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en julio pasado y según el sitio de trámites este 4 de agosto entró en evaluación formal. Según el proyecto de barrenación a Diamante Caballo Blanco I, se llevará a los predios denominados: Highway Norte, Las Cuevas, Bandera Norte, Bandera sur, Red Valley, la Paila sur, la paila este, la Paila Deep, Mag Low y La Cruz. “Dentro de estos predios estarán ubicadas las 40 planillas de barrenación programadas con 45 barrenos”, señala el informe. Se contemplan 56 polígonos de 50 metros x 50 metros con un área de afectación de 2,080 hectáreas. El proyecto para este programa de exploración considera una superficie de 631 polígonos de dimensiones de 50 metros x 50 metros, en total serán afectadas 157. 7 hectáreas. La minera pidió permiso de explotación para el Proyecto La Paila y también anunció a inversionistas cuatro proyectos viables con altas concentraciones de mineral: Autopista (Highway North), Las Cuevas, Bandera Norte y Bandera Sur. Además de otros dos: La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral. Hasta el momento, la minera ha presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una Manifestación de Impacto Ambiental por el proyecto de La Paila, y dos informes preventivos para anunciar la exploración de Bandera Norte y Highway North. En Veracruz hay al menos siete proyectos mineros operados por empresas de capital extranjero, proveniente de países como Canadá y Estados Unidos, que operan en los municipios de Actopan, Alto Lucero, Tatatila, Jáltipan, San Juan Evangelista y Las Minas, aunque de manera general la Secretaría de Economía reporta 97 concesiones mineras distribuidas en 27 municipios. En ese tenor, la entidad se ha convertido en un espacio de disputa entre pobladores que defienden sus tierras y empresas que buscan explotar los recursos minerales; el caso más cercano es la zona de Actopan y Alto Lucero en donde se tienen registradas 21 concesiones, y capitales extranjeros se han asociado para impulsar ante el Gobierno mexicano las solicitudes necesarias para agilizar los permisos que les permitan ampliar su área de exploración. Es así que el proyecto Caballo Blanco nuevamente levantó las alertas luego de que la empresa Candelaria Mining Corp se asoció con Agnico Eagle Mines, ambas de capital canadiense para impulsar el proyecto ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El pasado 1 de septiembre Candelaria celebró la aportación de 6 millones de dólares de Agnico, y anunció que de esa cantidad al menos un millón se utilizarán para permisos y actividades relacionadas en el Proyecto Caballo Blanco. A pesar de la lucha de los pueblos de la zona para negarse a otorgar la licencia social y de esta manera impedir la explotación del recurso, los ambientalistas advierten que Candelaria Mining Corp usará el apoyo económico de su nuevo socio no solo para promover los permisos necesarios, sino incluso para “comprar voluntades” que les permitan aumentar el valor de estas tierras con miras a la extracción de minerales como cobre, oro y planta. Al respecto, el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez Almazán, señaló que desde que inició este proyecto en 1995 la concesión se ha revendido en al menos 20 ocasiones y que esta nueva inversión estaría enfocada en financiar una nueva etapa de exploración para aumentar el valor del proyecto ya sea para venderlo nuevamente o explotarlo. “En 2017 cuando se desistieron de su manifiesto de impacto ambiental para la explotación de minerales, ellos anunciaban que querían ampliar su zona de exploración en el sitio arqueológico de Quiahuiztlán frente a la playa de Villa Rica en Actopan (…) No escuchan la voluntad de los pueblos de la región ni que la licencia social no la van a obtener en nuestro estado”. Ahí mismo en Actopan y Alto Lucero el proyecto minero El Cobre está en manos de la empresa canadiense Azúcar Minerals LTD, que se quedó con ocho concesiones que previamente estaban en manos de la Minera Gavilán SA de CV en una superficie superior a las 16 mil hectáreas.
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