|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- A cinco meses de que llegue a su fin la administración de Cuitláhuac García Jiménez - para beneplácito de los 8 millones de veracruzanos -, el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz aún no cumple con todos los requisitos para aportar información a la Plataforma Digital Nacional (PDN). Y es que, a pesar de contar con personal dedicado a esta tarea, la Secretaría Ejecutiva en Veracruz ha cumplido solo con el 50 por ciento de la normatividad y el 80 por ciento de la interconexión de la información, según datos de la propia PDN. Al cierre del primer trimestre del año, las entidades con mayor puntuación en el cuestionario de la PDN son Aguascalientes, Estado de México, Puebla y Quintana Roo, con el 100 por ciento de los puntos. Les siguen Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Chiapas, con puntuaciones entre el 95 por ciento y el 82 por ciento. Veracruz se encuentra en la onceava posición con un promedio de 81 puntos. A su vez, las entidades con menor cumplimiento son Sonora con 3 puntos, Hidalgo con 28 puntos, Tamaulipas con 39 puntos, Nuevo León con 41 puntos, Colima con 45 puntos, Coahuila y Yucatán con 58 puntos, Baja California con 60 puntos y Nayarit también con 60 puntos". En este marco, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, justificó que la interconexión de Veracruz con la Plataforma Digital Nacional (PDN) anticorrupción se complica debido a la diversidad de formatos requeridos para los sistemas de evolución patrimonial y declaración de intereses de los burócratas. “Hemos estado trabajando con el SEA para precisamente atender todo este tema y con la cuestión de las declaraciones patrimoniales nos hemos encontrado con la diferencia en los criterios en cuanto a los formatos que se utilizan”, expresó la titular del Orfis. González Cobos explicó que las discrepancias en los formatos han dificultado la integración de la información necesaria que permitirá a los distintos órdenes de gobierno no contratar y sancionar a funcionarios inhabilitados o que se hayan enriquecido de forma ilícita. Hay que recordar que además de las declaraciones patrimoniales, es obligatorio presentar la declaración fiscal de los servidores públicos involucrados en procedimientos de contrataciones y de aquellos que hayan sido sancionados por irregularidades. La auditora general reconoció que cualquier cambio en los procedimientos tiende a generar resistencias, pero destacó que la PDN facilitará el uso de inteligencia artificial para identificar a servidores públicos sancionados o inhabilitados, así como a aquellos que hayan corrompido. “Todo lo que significa un cambio genera cierta resistencia. Siempre debiéramos estar abiertos porque con la tecnología podríamos avanzar muchísimo más”, consideró González Cobos. Por último, recordó que los órganos internos de control son responsables de asegurar que los funcionarios presenten toda la información que se interconectará con la PDN.
|
