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| Acusan criminalización para despojar a familias por obras del Corredor Interoceánico en Chiapas. | ||||||
| Agregó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, “con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”. | ||||||
| Jueves 29 de Enero de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Agregó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, “con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”. Afirmó que “el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho”. El organismo cuya sede se encuentra en Tonalá, vecino de Arriaga y Pijijiapan, advirtió que “estos hechos podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social". Sostuvo que “el Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional, así como a los tratados internacionales ratificados por México”. Dijo que “los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Reiteró que “estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida”. Exigió “el cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de Arriaga y Pijijiapan; la revisión exhaustiva y eventual desestimación de las denuncias penales por parte de la FGR, al tratarse de un conflicto de carácter social, administrativo y territorial; la garantía plena del debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal de las personas denunciadas; la apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional, con participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes, así como la suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del derecho de vía, mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas”. Además, “la implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias; la adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición”. |
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