De Veracruz al mundo
Organizaciones presentan demanda contra orden de Trump que elimina derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Las organizaciones señalan que se trata de una orden ejecutiva "ilegal", puesto que el presidente Trump no está facultado para redefinir quién tiene derecho a ser miembro pleno de la sociedad estadounidense.
Martes 21 de Enero de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- Más de tres docenas de abogados ingresaron una demanda civil en contra del presidente Donald Trump y cuatro dependencias del gobierno, como el Departamento de Seguridad Interior y sus titulares por la orden ejecutiva firmada el lunes 20 de enero que busca acabar con el derecho a la ciudadanía de quienes nacen en los Estados Unidos.


Los litigantes representan a un puñado de organizaciones en defensa de los derechos civiles, ubicadas en Maine, Massachusetts, California, Nueva York, Washington D. C., y New Hampshire, donde fue ingresada la querella.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento encarna la promesa más fundamental de los Estados Unidos: que todos los niños nacidos en nuestro suelo comiencen su vida como miembros plenos e iguales de nuestra comunidad nacional, independientemente del origen, el estado o las circunstancias de sus padres”, inicia el reclamo.


La demanda acusa a Trump de ignorar los dictados de la Constitución, al emitir la orden ejecutiva denominada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” la cual, dicen, “intenta subvertir uno de los valores constitucionales fundamentales” al negar la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense de una madre que está “ilegalmente presente en los Estados Unidos” o “legal temporalmente” así como de un padre “que no es ciudadano estadounidense o residente legal permanente”.

Los demandantes dicen que ese intento de la nueva administración estadounidense “es ilegal” toda vez que “la Constitución y el Congreso, no el presidente Trump, dictan quién tiene derecho a ser miembro pleno de la sociedad estadounidense”.

Asimismo, piden a un juez que la orden sea detenida pues viola directamente la cláusula de ciudadanía y el estatuto de ciudadanía por derecho de nacimiento.


En la petición de alivio, con la que culmina el reclamo, los demandantes solicitan al tribunal correspondiente declarar la orden ejecutiva inconstitucional e ilegal en su totalidad, así como prohibir de manera preliminar y permanente a los demandados el cumplimiento de la misma. También exigen el pago de honorarios y costos razonables de abogados y conceder cualquier otro alivio adicional que considere justo y adecuado.


Organizaciones defienden derecho a la ciudadanía
Ratificada en julio de 1868, la sección 1 de la 14ª enmienda en la Constitución de los Estados Unidos establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado donde residen. Ningún estado promulgará ni aplicará ley alguna que restrinja dichos privilegios”, detalla el apartado.

Este principio “ha permitido que generaciones de niños persigan sus sueños y construyan un Estados Unidos más fuerte”, continúa el texto de la queja. A esto agregan las organizaciones que la ciudadanía automática, “significa que los niños nacidos aquí pueden soñar con convertirse en médicos, abogados, maestros, empresarios o incluso presidentes”.


Al inicio del siglo XX, el caso de Wong Kim Ark, un hijo de inmigrantes ilegales chinos, llegó a la Corte Suprema. Ahí concluyeron que, independiente de las circunstancias de sus padres, dado que el demandante había nacido en los Estados Unidos, entonces era ciudadano. Ese hecho marcó jurisprudencia para concluir que todos los niños nacidos en los Estados Unidos adquirían la ciudadanía, sujetos a excepciones como la de los padres diplomáticos.

En la demanda se aclara que la orden de Donald Trump se aplicaría 30 días después de ser emitida y ordena al Secretario de Estado, al Fiscal General, al Secretario de Seguridad Nacional y al Comisionado de Seguridad Social que implementen sus términos. Insisten, por lo tanto, que “ni la Constitución ni ningún estatuto federal confiere autoridad al Presidente para redefinir la ciudadanía estadounidense”, por lo que dicha orden excede la autoridad de Trump.

Finalmente, la demanda asegura que las organizaciones demandantes cuentan con afiliados “no ciudadanos con estatus migratorios variados, ciudadanos, residentes permanentes legales, asilados, solicitantes de alivio migratorio, incluido el asilo, titulares de visas de estudiante, beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (“DACA”) y no ciudadanos indocumentados”.


Ponen el ejemplo de “Gail” y “Thomas” miembros del New Hampshire Indonesian Community Support, quienes esperan un hijo programado para nacer a finales de febrero. Ambos llegaron a Estados Unidos con visa de turista en 2023 y tiene una solicitud de asilo pendiente.

Otro caso es el de “Faith” miembro de Make Road New York (MRNY), quien lleva 20 años en los Estados Unidos, es beneficiaria del DACA y también se encuentra embarazada con un parto programado para marzo de este año. Al no ser ella ciudadana ni su pareja residente permanente legal ni ciudadano estadounidense el hijo no aspira a la ciudadanía bajo el mandato trumpista.

Otros casos son el de “Gordon” y el de “Johnathan” —quien llegó a USA a inicio de los noventa—, los dos miembros de MRNY y sin contar con la ciudadanía. Ambos esperan el nacimiento de sus hijos para marzo y abril pero la orden ejecutiva firmada por Trump los afectaría directamente. Mismo caso el de “Carmen”, miembro de Liga Demandante de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que no cuenta con la ciudadana y está embarazada.

“Carmen” lleva más de 15 años viviendo en Estados Unidos y tiene pendiente una solicitud de visa U, que ofrece estatus migratorio permanente a víctimas de ciertos delitos. El padre del hijo que Carmen espera tampoco tiene estatus migratorio legal.

Todos esos casos y más formarán parte de las discusiones en las audiencias que se programen en relación con este caso que se encuentra en su primera etapa.





Por: Juan Alberto Vázquez

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