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| Senado aprueba por unanimidad ley contra la extorsión; prevé sanciones de hasta 42 años de prisión. | ||||||
| La ley contra la extorsión fue aprobada con 110 votos en el Senado y se envió de nueva cuenta a la Cámara de Diputados con cambios en 15 artículos. | ||||||
| Miércoles 19 de Noviembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión fue aprobada con 110 votos por unanimidad y se envió de nueva cuenta a la Cámara de Diputados para su aval. La nueva ley establece con claridad una definición de este delito para todo el país y un tipo penal único, homologa sus sanciones y enumera las principales modalidades de agravantes. Además, la ley establece que la extorsión será perseguida de oficio, por lo que las víctimas no estarán obligadas a ratificar sus denuncias que podrán realizarse incluso de manera anónima. Las autoridades tendrán la obligación de abrir investigaciones en cuanto tengan conocimiento del posible delito. Con las modificaciones, la ley fija una pena base de 15 a 25 años de cárcel y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), poco más de 56 mil pesos. Además de tres categorías de agravantes que sumarían más años de prisión: de cuatro a ocho, de cinco a 12 y de 7 a 17 años de cárcel adicionales. Cuando concurran agravantes, la ley establece que se aplicará la prisión preventiva oficiosa y no procederán mecanismos alternativos de solución de controversias. Votos unánimes Todas las bancadas votaron a favor de la nueva ley, con 110 votos. Representantes de la oposición destacaron la necesidad de garantizar recursos para llevarla a cabo. Por el PAN, la senadora Guadalupe Murguía reconoció que la ley es un avance, pero advirtió que su eficacia dependerá de cómo se aplique. La panista destacó que su partido estará pendiente de que se asignen los recursos necesarios. “Ninguna ley, así sea la más perfecta, por su sola publicación, es capaz de eliminar un delito, ni siquiera reducir los índices delincuenciales. Las leyes solo son eficaces en la medida en que se aplica”. En tanto, Carolina Viggiano, del PRI, acusó que la extorsión ha aumentado en México debido en parte a la complicidad de los gobiernos. La legisladora recordó el eslogan de la campaña del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (“abrazos, no balazos”) que, de acuerdo con la legisladora, permitió a delincuentes operar con impunidad. La senadora aseguró que el actual gobierno hizo un viraje en la estrategia que “desafortunadamente” causó que los grupos criminales se enfocaran en la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento. Viggiano advirtió que la nueva ley se enfrentará a una debilidad institucional grave, que podría desencadenar en una reclasificación de los funcionarios para reducir sus cargas de trabajo. Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales reconoció también un cambio en la estrategia federal contra la inseguridad pero destacó la necesidad de enfrentar de manera decidida el crecimiento de la extorsión en el país, vinculado al aumento del narcotráfico. “Reconocemos con esta iniciativa que el gobierno actual está dando un verdadero golpe de timón, un golpe de timón al combate al crimen organizado, que deja atrás esa política de abrazos y no balazos que tanto daño le hizo a nuestro país todo el sexenio anterior”, afirmó. Extorsión, delito que no cede De acuerdo con las cifras oficiales, la extorsión es el único delito que no ha sido reducido en el actual gobierno y ya es el tercero más frecuente en México. Además de que tiene “una cifra negra” o sin denuncia del 97 %, un dato que los senadores de distintos grupos destacaron en sus participaciones. A principios de julio, el gobierno lanzó la Estrategia nacional contra la extorsión y tuvo que actualizar la Constitución para atender un delito relativamente nuevo. Ese mismo mes envió una iniciativa para darle la facultad al Congreso de hacer una ley especial para ese delito. A principios de octubre, ya con la Constitución modificada, la presidenta envió su propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión a la Cámara de Diputados. Los legisladores la aprobaron a finales de octubre con un principal cambio: la reducción de penas en prisión para ministerios públicos, policías o cualquier funcionario público que evite dar información sobre este delito, modificación que el Senado revirtió. Agravantes más altas Las agravantes más altas serán sancionadas de 7 a 17 años adicionales de prisión, por conductas como el uso de violencia física, la simulación de un accidente automovilístico para exigir un cobro, conocido como “montachoques”. Otras razones son si el delito se comete dentro de un penal o si se usa personas menores de edad para extorsionar, si en el delito intervienen dos o más personas, se usa vestimentas o identificaciones de corporaciones de seguridad pública o si se causa daño a bienes o propiedades de la víctima. En esta categoría también entra el uso de armas, la ostentación del extorsionador como miembro de la delincuencia organizada, el intento de que la víctima denuncie, si se afecta la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos. También se castigará con esta agravante a quien simule ser empleado de gobierno o una empresa privada para cometer el delito, o si se trata de un servidor o exservidor público. La ley contempla castigos especiales para servidores públicos que usen su cargo para cometer o facilitar la extorsión. Además de las penas de prisión correspondientes y sus agravantes, se les destituirá de su cargo y se le inhabilitará para funciones públicas por el mismo tiempo que dure su sentencia impuesta. Agravantes medias El segundo nivel de agravantes se enfoca principalmente en actos que explotan una especial vulnerabilidad de la víctima, en las que las penas crecerán de cinco a 12 años de prisión. Contempla los casos en que las víctimas sean personas migrantes o menores de 18 años de edad, con embarazo o que superen los 60 años. También es una agravante de este tipo si la persona que comete el delito tiene una relación de confianza: laboral, de parentesco o de negocios. Si se usa información privada de la víctima o sus familiares, que tiene que ver con la extorsión digital. Cometerá esta agravante la persona que para extorsionar use plataformas y artefactos digitales, medios de comunicación electrónica, como el espectro radioeléctrico. Otra causa es el uso de una tercera persona para cobrar la extorsión o la simulación del secuestro de una persona para exigir un pago. Agravantes básicas Con cuatro a ocho años adicionales de encarcelamiento, la primera categoría de agravantes apunta a actividades con fines primordialmente económicos. Se enumeran actos como la solicitud de cuotas, conocida de forma coloquial como “cobro de piso”, contra comercios, empresas, industrias y otras actividades y servicios. En esta categoría entra también la presión realizada contra personas candidatas electas a un cargo público. Y se contempla sanciones a quienes se presenten como sindicatos o asociaciones —reales o simuladas— que busquen forzar a las víctimas a contratar bienes o servicios. O a quienes busquen imponer precios de productos. Otras agravantes son obligar a la víctima a celebrar un acto jurídico o que el pago de la extorsión se deposite o transfiera a través del sistema bancario o financiero. Buscan proteger a víctimas La obligación de reparación del daño de las víctimas se impondrá a todas las personas sentenciadas por extorsión. La Ley establece que los fondos obtenidos serán preferentemente aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas, ya sea que se hayan obtenido por abandono, decomiso o extinción de dominio, que podrán solicitar a los jueces el embargo de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar la reparación del daño. Asimismo, la ley prevé medidas cautelares como la prohibición de contacto o comunicación con la víctima. Crean Centro de atención La ley contempla la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Centro recibirá, registrará, canalizará y dará seguimiento a las denuncias, principalmente a través del número único 089, y entrará en función a más tardar medio año después de que entre en vigor la ley. Tendrá la obligación de diseñar e implementar programas que fomenten la denuncia ciudadana y la prevención de la extorsión, además de trabajar en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica. Entre sus funciones, el Centro debe generar productos de inteligencia que permitan identificar patrones en la comisión de extorsiones. Tendrá la capacidad de proponer a la persona titular de la Secretaría de Seguridad las políticas, lineamientos y programas para la vinculación y participación de sociedad y organizaciones, así como desarrollar mecanismos de coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública del país para la vinculación y participación ciudadana en áreas de prevención, atención y persecución. De última hora, el Senado aprobó dos reservas presentadas por legisladores de Morena. La primera fue propuesta por la senadora Martha Lucía Micher para adecuar la ley en materia de perspectiva de género. La segunda, presentada por Ignacio Mier, una reserva para incluir las plataformas digitales, además de los medios de comunicación, como un vehículo para ejercer la extorsión, lo que constituye una agravante que puede derivar en una pena adicional de cinco a 12 años de prisión. Por: Andro Aguilar |
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