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XALAPA.- Por considerar que dicho acto es ilegal y que las resoluciones emitidas por los tribunales federales han sido incorrectas y contrarias al marco constitucional vigente, Marisol Luna Leal, académica y exabogada general de la Universidad Veracruzana (UV), confirmó que se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso de la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez. El conflicto se originó después de que un juez federal admitió un amparo promovido contra la decisión de la Junta de Gobierno de la UV de extender el periodo rectoral de Aguilar Sánchez. El recurso señala que dicho órgano universitario actuó sin facultades legales al interpretar de manera amplia los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica de la UV, creando un procedimiento especial para procesar una solicitud de prórroga que no existe en la normatividad universitaria. De acuerdo con Luna Leal, la Junta de Gobierno ejerció atribuciones que no le corresponden, pues actuó como si tuviera facultad para legislar e interpretar la ley en sentido sustantivo. El amparo impugnaba precisamente la “inconstitucionalidad e ilegalidad” de ese procedimiento y la extralimitación de funciones del órgano universitario. Luego de la admisión del juicio, la Junta de Gobierno y el Rector presentaron recursos de queja. Estos fueron resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río. El Tribunal determinó revocar la admisión del amparo al considerar que la Junta de Gobierno no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y que la impugnación equivalía a un cuestionamiento directo del nombramiento de rector, por lo que aplicó una jurisprudencia emitida en 2010. Luna Leal señaló que este criterio es incorrecto y que la jurisprudencia citada es inaplicable al caso. Dijo que la resolución se emitió con una rapidez inusual, pues el Tribunal analizó el expediente, elaboró y discutió los proyectos en un periodo de dos días y medio, cuando normalmente estos procesos tardan entre tres y cinco meses. Refirió que el criterio utilizado desconoce los cambios derivados de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y de la Ley de Amparo de 2013. Por lo anterior, un equipo de abogadas y abogados presentó una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción ante la SCJN. El objetivo es que el máximo tribunal del país revise el caso por su impacto nacional, ya que las decisiones relacionadas con la autonomía y los procesos internos de las universidades públicas afectan a todas las instituciones del país. Luna Leal explicó que el Primer Tribunal Colegiado, encargado de turnar la solicitud a la Corte, intentó pronunciarse sobre su procedencia, pese a que no tiene competencia para hacerlo. Por esta razón se promovió un recurso de reclamación, al considerar que el Tribunal debía únicamente remitir la solicitud y no decidir si era o no admisible. De acuerdo con la académica, el caso plantea cuestiones jurídicas de gran relevancia para el sistema universitario nacional, entre ellas si la autonomía universitaria debe entenderse como un espacio ajeno al control de los poderes judiciales; si las juntas de gobierno deben ser consideradas autoridades responsables; qué mecanismos de reparación existen cuando se violan derechos humanos en procesos de designación; y si es válido que órganos universitarios modifiquen reglas o creen procedimientos antes del inicio de un proceso de designación. También se cuestiona si la discrecionalidad atribuida por el Tribunal a la Junta de Gobierno es compatible con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Luna Leal señaló que la evolución jurídica del país desde la década de los noventa ha sido precisamente la de limitar la discrecionalidad en la actuación de todas las autoridades, y que permitir prácticas de ese tipo en órganos universitarios sería un retroceso. La académica afirmó que existe información tergiversada difundida por la Dirección General de Comunicación Universitaria, que asegura que no hay recursos legales pendientes. Sin embargo, reiteró que la solicitud ante la SCJN está en curso y que el caso aún no está resuelto. Luna Leal concluyó que la prórroga rectoral es “ilegal e insostenible” y que la decisión final debe recaer en el Pleno de la Suprema Corte. Concluyó que una resolución del máximo tribunal permitirá frenar el deterioro institucional que, según dijo, afecta a la Universidad Veracruzana, y evitar un precedente negativo para todas las universidades públicas del país. Así las cosas.
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