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XALAPA.- Aunque muchos no saben leer ni escribir, Adelfo Regino Montes, titular de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asume que, con el propósito de acercar a las comunidades originarias, la reforma al artículo 2 de la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos fue traducida a 65 lenguas indígenas para que puedan ejercer a cabalidad su exigibilidad. De esa manera, por primera vez en la historia del país una norma constitucional es para que “la conozcan en la propia lengua, pero, sobre todo, el significado que tiene esta norma a partir de su propia lengua, cultura y contexto social. Hicimos semántica jurídica, esto es muy innovador, no sólo en México, sino en el mundo; es un hito”. Tras señalar que la traducción comenzó a fines del año pasado, después de su publicación, Regino Montes explicó que primero se seleccionó a un equipo de traductoras y traductores debidamente acreditados tanto por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como por la Universidad de las Lenguas Indígenas, en coordinación con el INPI. Posteriormente la tarea “fue ubicar los conceptos jurídicos fundamentales de esta reforma como: libre de determinación, autonomía, sistemas normativos indígenas, jurisdicción indígena, propiedad intelectual colectiva, tierras, territorios, y recursos naturales, entre otros tópicos”. También participó un especialista en derechos indígenas, porque “no es sólo traducir, estamos hablando de lenguaje jurídico; la traducción la hace un lingüista, pero aquí también se requería de un abogado experto en derechos indígenas para hacer la interpretación del lenguaje jurídico”. Estas versiones serán difundidas por diversos medios a través de publicaciones como la revista México Indígena, que edita el instituto, así como a través de las 23 radiodifusoras indígenas comunitarias. Respecto al proceso que sigue la norma, el funcionario subrayó que se está elaborando la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y, para ello, se creó un comité técnico asesor integrado por 20 personas; “10 mujeres y 10 hombres con conocimiento y experiencia en la materia”. A fin de que tenga la más amplia legitimidad social, además de que por ley debe hacerse, “esperemos que el próximo enero o febrero se realicen 70 asambleas regionales de consulta en todas las regiones del país. “La idea es que sea la Presidenta quien envíe la iniciativa al Congreso de la Unión para su análisis y, en su caso, la aprobación correspondiente. Llevamos 200 años de existencia del Estado mexicano y no hay en la historia constitucional y legislativa de nuestro país una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.”
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