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XALAPA.- Prueba del cochinero que dejó en materia de obra pública el ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el peor gobernador de la historia de Veracruz, es que, de acuerdo con la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, en la revisión de la Cuenta Pública 2024, al menos tres proyectos concentran un presunto daño patrimonial por 241 millones 381 mil pesos, derivado de sobrecostos, deficiencias constructivas, pagos sin sustento y falta de documentación. Entre las obras señaladas destaca la remodelación del Estadio Luis Pirata Fuentes, que acumula un presunto daño por 160 millones 331 mil 371 pesos en su segunda y tercera etapa, así como irregularidades en proyectos como el Nido del Halcón y el Aquarium. González Cobos señaló que, a partir de inspecciones físicas, el Orfis determina si las observaciones fueron atendidas, si las obras se concluyeron o si persisten irregularidades. “Hay obras incompletas que se terminan a partir de los señalamientos del Orfis; otras que parecían hechas y resulta que no lo estaban. Ese es parte del impacto social del trabajo de fiscalización”, señaló. Advirtió que cuando se detectan conductas dolosas, como la presentación de documentación falsa, el Orfis presenta denuncias de manera inmediata. La auditora general detalló que durante su gestión se han interpuesto 181 denuncias y reconoció que las investigaciones penales registran avances conforme a los tiempos procesales. Durante su comparecencia ante el Congreso local, la titular del Orfis informó que todos los entes fiscalizables involucrados en obras ejecutadas durante el gobierno estatal anterior ya fueron requeridos para presentar información y aclaraciones por presunto daño patrimonial. Refirió que, conforme a la ley, los presuntos daños patrimoniales prescriben en un plazo de siete años. Dijo que una vez aprobada la Cuenta Pública 2024, en octubre del año pasado, el órgano fiscalizador inició los procedimientos de investigación correspondientes y notificó a los entes observados. “A partir de esa aprobación, el Orfis inicia procedimientos de investigación y requiere a los entes que fueron observados con daño patrimonial para que hagan las aclaraciones respectivas”, aseguró. González Cobos destacó que la determinación de un presunto daño patrimonial por parte del Congreso no significa que la responsabilidad esté acreditada, ya que existe una etapa posterior de solventación. “Que el Congreso determine un presunto daño patrimonial no quiere decir que esto efectivamente sea. En muchos casos se trata de falta de documentos, permisos o autorizaciones que pueden solventarse en la siguiente etapa”, explicó. Refirió que, aunque la ley prevé un plazo amplio para la prescripción de responsabilidades, el Orfis no retrasa los requerimientos a los entes fiscalizables. La auditora general afirmó que actualmente todos los entes observados ya fueron notificados para presentar aclaraciones, sin esperar a que transcurra un año. “La ley establece que estos casos prescriben dentro de los siete años siguientes. Nosotros no esperamos ni siquiera un año; ya tenemos requeridos a todos los entes fiscalizables para que hagan las aclaraciones respectivas”, concluyó.
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