Por Omar Zúñiga
El 18 de julio pasado, se publicó en este espacio, que Ángel Rosas Solano, magistrado electo del Séptimo Circuito en materia Mixta, recibió su constancia de mayoría.
A manera de contexto, Veracruz forma parte del Séptimo Circuito Judicial Federal y en esta elección extraordinaria, lo dividieron en Distrito Uno y Distrito Dos; Ángel Rosas Solano participó en el uno y ganó.
Pues bien, resulta que Lizbeth Hernández Ribbón, que participó en su mismo Distrito, en el uno, impugnó su triunfo, argumentando equidad de género. Palabras más palabras menos, pide que por el hecho de ser mujer se le dé a ella la magistratura.
El juicio de inconformidad ya fue contestado a Lizbeth y la cosa es sencilla (aunque no simplista), pues en esa boleta y precisamente para evitar este tipo de circunstancias, se dividió en mujeres y hombres, es decir que Ángel le ganó a otros varones; no hubo competencia con ella, a ella la venció otra mujer: Ruth Ochoa Mendoza. Tan, tan.
La otra impugnación es la que interpuso Andrea Doria Ortiz Aguirre. Esta es más sencilla de resolver para la Sala Superior del TEPJF, pues Ortiz Aguirre, compitió en la boleta del Distrito Dos, vulgo, ni siquiera compitió de manera directa con Ángel Rosas Solano e igualmente, quiere que le den la magistratura por el hecho de ser mujer.
Y fui más que explícito en decir que debe quedar claro que no se le regatean los triunfos a las mujeres ni mucho menos se les ataca, de ninguna manera. NO, no es por ahí. Para ellas, todo el respeto. Simplemente, la equidad de género debe ser eso, equidad, igualdad; no hay que malentender y confundir la gimnasia con la magnesia.
Pues bien, el pasado miércoles 30 de julio, las magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su presidenta Mónica Arali Soto Fragoso, así como Janine Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, aprobaron por mayoría de votos los proyectos que resuelven los expedientes SUP-JIN-339/2025, SUP-JIN539/2025, SUP-JIN-730/2025 y SUP-JIN-817/2025 mediante el cual determinaron revocar los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral INE/CG571/2025 e INE/CG572/2025, que corresponden a la elección de magistradas y magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de dejar insubsistentes las asignaciones y constancias de mayoría de los candidatos hombres ganadores y asignar el cargo a la mujer más votada en cada caso.
Conocido como Trife, el Tribunal debió honrar su función constitucional, es decir actuar con plena responsabilidad institucional y comprender que su papel es dar certeza, no sembrar dudas, especialmente la magistrada presidenta Mónica Arali Soto Fregoso, quien, en un actuar sin precedentes, pretende llegar a las urnas en los comicios judiciales programados para el 2027.
A poco tiempo de concluir su mandato, se busca mediante esta sentencia alterar resultados legítimos para favorecer a candidaturas específicas, con la intención de que estas le “deban el favor”.
NO es la primera sentencia polémica del Trife, sin embargo, echar mano de la paridad en este tipo de asuntos es una canallada, pues la equidad debe ser eso precisamente, y que no se beneficie ni a uno ni a otro género.
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Para documentar el optimismo, el 21 de julio también en este espacio se publicó en Palacio Nacional, en CDMX, frente a la presidenta Claudia Chenban (así pronuncia el sujeto de marras el apellido de Sheinbaum), un tal Ricardo Ramírez Juárez, (…) leyó o quiso leer, pues ni eso se le da, una especie de libelo donde acusa al colega Manuel Rosete Chávez; al también periodista, hoy en chamba de funcionario, Esaú Valencia; embarró de paso a José Manuel del Río Virgen que debería proceder legalmente en contra de este tipo, pues una cosa es la libertad de expresión y otra la calumnia rampante, y al final, el objetivo de su embute es el profe Esteban Bautista, presidente de la Jucopo en el Congreso de Veracruz.
Este sujeto Ramírez habría acudido por “viáticos” que provendrían de la Subsecretaría a cargo del exalcalde Papantla, Eric Domínguez, que tendría sentido, pues además de los vínculos de cercanía fraternal con Juan Javier Gómez Cazarín, cuestionadísimo predecesor de Esteban Bautista en la Jucopo, estaría la intención de empujar a su esposa, la diputada Miriam García Guzmán, como presidenta de la Junta.
(…) Y al final el payaso tuvo que callar cuando de la presidenta, salió la frase a modo de respuesta a su perorata: “estoy de acuerdo con la libertad de expresión, por encima de todo”.
Resulta que la mano que mece la cuna sí viene de donde venía, pues este sujeto Ricardo Ramírez Juárez -que no es más que un mercenario y un patiño que quiere ser un Lord Molécula de petatiux-, de acuerdo a solicitudes de información, cobró un salario mensual de más de 10 mil pesos en la LXVI Legislatura, de enero del 2022 al 31 de julio de 2024, es decir, durante la administración del entonces diputado Juan Javier Gómez Cazarín, actual delegado del Bienestar, que dicho sea de paso nomás no da una, para congraciarse con la gobernadora.
Y así como se revelaron varias irregularidades en este Congreso, la llamada Legislatura del “Pueblo y Humanismo” dio de baja a este vividor, que sólo cobraba, un aviador pues, del avión de Gómez Cazarín.
No es gratuito, ni mucho menos coincidente que precisamente este palurdo (Ramírez Juárez), se dedique a atacar al sucesor de la abejita chiquitita, el diputado Esteban Bautista Hernández, quien por cierto se prepara para el segundo año legislativo, donde tomará más fuerza y con esta misma, cambiará a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien será una diputada más y ya no hará pasar corajes al diputado Héctor Yunes Landa, levantando el puño durante el Himno Nacional, quien por cierto la tiene denunciada.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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