Samuel Aguirre Ochoa
El pasado 15 de noviembre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó su quinto y penúltimo informe de gobierno ante el Congreso Local y además realizó un evento privado que pasó casi inadvertido en la Fortaleza de San Carlos, municipio de Perote.
Uno de los logros que más presumió el Ing. Cuitláhuac García fue el combate efectivo a la corrupción en todas las áreas del gobierno, anuncio que la realidad ha venido desmintiendo a lo largo de los días, en concreto durante las comparecencias de los distintos secretarios de despacho ante la Cámara de Diputados con motivo de la Glosa del Informe, en donde la pus de la corrupción del gobierno está brotando por todos lados.
La corrupción no ha desaparecido, porque las bases económicas que la originan siguen intactas, como lo es el deseo de enriquecimiento por parte de los funcionarios y la falta de controles eficientes para impedirla. La corrupción es tal, que entre los mismos funcionarios morenistas sean venido denunciando los unos a otros, en el afán de salvar su propio pellejo.
Un ejemplo de esto fue el señalamiento que el propio secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, hizo contra el ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el pasado 28 de noviembre, a quien acusó de recibir y manejar de forma opaca las donaciones que PEMEX hizo al gobierno estatal durante los últimos años. Donaciones que incluyen gasolina, diésel y la entrega de 50 mil toneladas de asfalto para la pavimentación de caminos con valor comercial de 712 millones de pesos, y que nunca fueron reportados a las finanzas del estado, por lo que fueron gastados discrecionalmente por Eric Cisneros y seguramente sirvieron para costear su fallida, pero costosa campaña para ser candidato a gobernador.
Otro ejemplo de esto es el de la responsable de la Contraloría General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, a quien los morenistas han querido quitar de su cargo en muchas ocasiones, denunció en su comparecencia, que de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se han iniciado procedimientos para sancionar a mil 525 funcionarios de la administración estatal morenista, pues reconoció que los actos de corrupción y las irregularidades en el manejo de los recursos se han incrementado en este gobierno. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias no han prosperado ni se ha sancionado a los funcionarios responsables.
Otro ejemplo de corrupción lo constituye la propia Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en donde algunos diputados del Congreso Local denunciaron que 8 empresas han recibido el 72% de los contratos asignados por la dependencia entre 2019 y 2023, y sospechosamente todas estas empresas se conformaron coincidentemente en los meses posteriores a la llegada de Morena al poder en 2018.
Y en el último año, estas 8 empresas recibieron 64 contratos de obra pública por más de 628 millones de pesos, la inmensa mayoría mediante adjudicación directa, es decir, sin licitación pública como lo marca la ley. Y según reportó el diario nacional El Universal el 29 de noviembre, algunas de estas empresas tienen domicilios fiscales falsos o inexistentes, algunas también comparten al mismo representante legal, un esquema muy utilizado por las empresas fantasma, que son usadas por los funcionarios de Morena para desviar millones de pesos del erario.
Además, esta dependencia entregó contratos a personas que son beneficiarias de programas sociales, entre ellos: Verónica Castro Hernández, beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro, a quien se le asignó un contrato por 1 millón 049 mil pesos y a Ricardo de Dios García, beneficiario de Producción para el Bienestar, a quien se le asignó otro por 1 millón 300 mil pesos. Lo que es una contradicción, pues no es posible que una persona beneficiaria de un programa social, destinada a la población pobre sea al mismo tiempo un importante contratista del gobierno. Aquí es evidente la corrupción.
Mientras tanto, en la Secretaría de Salud, 5 empresas que incurren exactamente en las mismas anomalías legales y que también fueron creadas al iniciar la administración morenista en 2019, recibieron en el último año más de 160 contratos por mil 525 millones de pesos, lo que representa más del 80% del gasto de esta dependencia.
Durante su comparecencia, la titular de la dependencia, Guadalupe Díaz del Castillo, cínicamente reconoció las anomalías existentes que tienen estas empresas, pero culpó a la Secretaría de Finanzas por incorporarlas al padrón de proveedores del gobierno. Y recordemos que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, es decir, el responsable del gasto del gobierno estatal es precisamente Eleazar Guerrero, primo hermano de Cuitláhuac García, dueño de la organización morenista “Unidos Todos” y responsable del acarreo de personas, principalmente de funcionarios públicos coaccionados para acudir a los mítines de los candidatos morenistas que apoya el gobernador y su grupo político.
El desvío y robo de recursos públicos en las dependencias del gobierno estatal es tan grande, que los funcionarios morenistas no encuentran la forma de ocultarlos. El pasado 29 de noviembre, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Evaristo Ovando Ramírez, fue evidenciado en el Congreso, porque según los informes financieros de esta dependencia, en el último año se gastaron más de 600 mil pesos en la compra de donas azucaradas, con un costo promedio de 267 pesos por pieza.
El registró se encontraba en el rubro de Gastos Varios, por lo que los diputados lo acusaron de intentar justificar artificial y burdamente un gasto tan abultado que por supuesto no se ve reflejado en mejoras y apoyos para el campo y el sector pesquero de Veracruz.
Al día siguiente, el 30 de noviembre, el gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa y simplemente se limitó a responder con suma frivolidad que, “si las donas están tan caras es porque seguramente deben de estar ricas”.
Estos son solo algunos ejemplos de los actos de corrupción y malos manejos del dinero de los veracruzanos en los que está incurriendo el gobierno de Cuitláhuac García, pero hay muchos más.
Todo esto viene a demostrar, por boca de los propios morenistas, que es falso lo anunciado por el gobernador en su quinto informe de gobierno, que es falso que se haya acabado con la corrupción. Estos hechos vienen a demostrar que dicho lastre está metido hasta la médula de los funcionarios de este partido y que, en lugar de disminuir, se ha incrementado. Situación que tiene a los veracruzanos sin obra pública en sus pueblos y colonias; que la corrupción está hoy vigente en varias dependencias, como las señaladas con anterioridad, sin mencionar aún lo que sucede en áreas de Tránsito del Estado, Transporte Público con las extorciones de las grúas y los abusos policiacos.
Hasta cuando aguantaremos todo esto los veracruzanos, hay que reflexionar el problema y ponerle un alto, votando por funcionarios con visión de estado, pero sobre todo, organizándonos para exigir, como pueblo, cuentas claras, obras y acciones de beneficio para todos. |
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