Marco Antonio Aguirre Rodríguez
Después de que el gobierno del estado de Veracruz no renovase las pólizas de los seguros contra desastres, el 7 de mayo de 2025 se emitió el decreto por el que se creaba la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), la cual entre sus objetivos tiene el de dar cobertura a las instituciones del gobierno del estado “ante desastres naturales, fenómenos hidrometeorológicos y cualquier otro riesgo que afecte sus bienes, infraestructura o servicios” (SIC).
Ojo, es dar cobertura al gobierno del estado, no a la población.
Rocío Nahle dijo una y otra vez que “Veracruz no se encuentra desprotegido ante las contingencias naturales, pues la administración cuenta con recursos propios y un Fideicomiso de Protección Civil para la atención de desastres y emergencias sin depender de aseguradoras que durante años resultaron ineficientes y costosas para el erario”.
Lo que había era el decreto de creación de la aseguradora.
El fideicomiso al que se refería tal vez es el “Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros Siniestros del Estado de Veracruz (FIDENAV)”, el cual tiene entre sus objetivos que sus recursos “se destinen única y exclusivamente, en forma eficaz y transparente para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ese fideicomiso, el FIDENAV, aparece en el Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas, de 2025, del gobierno de Veracruz, con 104 millones 773 mil 349 pesos.
Para la aseguradora, el Decreto plantea que “la Secretaría de Finanzas y Planeación será la instancia coordinadora del sector y responsable de la supervisión y evaluación de la operación del organismo público descentralizado” y por lo mismo se anota que “el titular de dicha Secretaría presidirá el Consejo de Administración de la AVSI”.
Pero en Sefiplan no saben de la existencia de esa aseguradora.
Ante esa instancia se presentó una solicitud de acceso a la información pidiendo:
“Estado que guardan los trámites para el registro y autorización de funcionamiento de la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, aprobada por decreto publicado el 7 de mayo de 2025 en la Gaceta Oficial del gobierno del estado de Veracruz, número extraordinario 182”.
Y la respuesta plana y llana de esa institución, vía su Unidad de Transparencia fue “no somos competentes para conocer respecto del contenido de la misma”.
Entonces, ¿si en Sefiplan no son competentes para conocer los avances de la constitución de esa aseguradora, quiénes sí lo son?
Según el jefe de la Unidad de Transparencia de la Sefiplan, José Gerardo Trujeque Morón, la Secretaría de Gobierno “probablemente pudiera contar entre sus archivos con la información referente a lo solicitado”.
Sin embargo, ¿en qué parte del decreto de creación de la aseguradora se menciona a la Secretaría de Gobierno?
Tal vez ni siquiera se tomaron la molestia de revisar ese decreto para emitir la respuesta, sino que nada más buscaron la salida fácil para negar la existencia de la información.
Tal vez.
Como sea, la respuesta es un indicativo de la calidad del trabajo que se hace en la Sefiplan, teniendo al frente al poblano Miguel Santiago Reyes Hernández.
El Transitorio Segundo de dicho decreto, responsabiliza “al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación para que, realice todas las gestiones necesarias para el registro y el inicio de la operación formal de la sociedad, así como para la emisión de su Estatuto Orgánico y manuales de operación” (SIC).
Pero claramente, eso no se hizo.
Los 90 días se vencieron el 6 de agosto.
Justo dos meses antes de la contingencia en el norte de Veracruz.
Así pues, tal vez, si el titular de la Sefiplan hubiera hecho su trabajo a lo mejor para el 8 de octubre ya hubiera estado constituida la AVSI y se habría tenido un respaldo financiero para atender los daños por las inundaciones.
Pero la aseguradora no existe, hoy casi 6 meses después de la emisión del decreto.
La mejor evidencia es que en Sefiplan ni idea tienen siquiera de la misma.
Y eso que la Unidad de Transparencia es un área del titular de la Secretaría.
Pero bueno, esto puede ser entendible, porque si tampoco pudieron hacer comprender a la gobernadora Rocío Nahle la diferencia entre una aseguradora y un fideicomiso, ¿cómo podrían hacerlo sus subalternos?.
Ella habló una y otra vez de un “Fideicomiso de Protección Civil para la atención de desastres y emergencias sin depender de aseguradoras que durante años resultaron ineficientes y costosas para el erario”.
Ese fideicomiso puede ser el FIDENAV.
Y si es ese, no han sabido comunicar con eficacia su operación en el desastre.
Miguel Reyes también habló de ese Fideicomiso, y dijo que el mismo tenía disponibles 280 millones de pesos y que éste tiene “una mayor transparencia y vigilancia en el uso y aplicación del recurso”.
Es tan transparente ese fideicomiso, que ni se ve.
Y hasta ahora no ha habido ni una sola explicación de los gastos que se hayan hecho para atender las contingencias en el norte del estado.
Pero además, el FIDENAV sólo tenía hasta el cierre del segundo trimestre de este año 104 millones.
¿Cómo le hicieron para incrementar en tres meses su capital en 176 millones?
Pero más allá de eso, 280 millones de pesos son por completo insuficientes para atender los daños por la emergencia y la mejor muestra es que Rocío Nahle habla de que para 2026 “podría” (sí, podría, o sea que no es seguro) haber entre 8 mil y 10 mil millones de pesos, sólo para caminos y puentes.
Por lo pronto, ¿dónde está el fideicomiso?, ¿quién lo maneja?
¿Por qué aún con todo y el niño ahogado no han instaurado la aseguradora que se inventaron?
Hasta ahora la protección civil y la atención a las víctimas de los desastres parece un mito genial que sostienen los místicos del gobierno del estado, para ver si los terrenales se lo creen.
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