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| Informe de USA acusó al Gobierno de México de no realizar acciones contundentes para combatir el delito de trata. | ||||||
| “El Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, dice el documento. | ||||||
| Martes 27 de Diciembre de 2022 | ||||||
| Por: REDACCION GOBERNANTES | ||||||
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La opacidad con la que los gobiernos de México actúan y la red de complicidades y corrupción que siguen permitiendo el delito de trata de personas, que deja ganancias multimillonarias, no son vistas y denunciadas sólo a nivel local y nacional, sino que ya son una preocupación en Estados Unidos. De acuerdo con el reportaje del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, firmado por la periodista Alicia Mireles, el pasado 15 de agosto de este año, el gobierno de ese país dio a conocer un informe donde acusa al gobierno de México de no realizar acciones contundentes para combatir el delito de trata. “El Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, dice el documento. Más adelante añade: “el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas exigido por la ley; las autoridades no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en las víctimas; y los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados. “El gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas a los proveedores de servicios. Las prácticas fraudulentas de reclutamiento siguieron siendo generalizadas, pero el gobierno no tomó las medidas para hacer responsables a los reclutadores o agentes laborales”. Estados Unidos añade que para este informe, el gobierno mexicano no proporcionó datos completos sobre investigaciones, procesamientos y condenas a nivel federal y estatal. Más aún, señala que la ley antitrata de 2012 -que fue derogada en Nuevo León para dejarla solo en el delito de lenocinio- permitía al gobierno federal investigar el delito con énfasis en la participación del crimen organizado e implicaciones de funcionarios gubernamentales. Para el gobierno de Estados Unidos, “la corrupción y la complicidad de funcionarios en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación, lo que impidió la actuación de las fuerzas de seguridad durante el año. Algunos funcionarios del gobierno facilitaron o participaron en los delitos de trata”. Al final del reporte, el gobierno norteamericano alertó sobre el aumento del delito de trata pero ahora en población infantil. “Las ONG (organizaciones no gubernamentales) informaron que el turismo sexual infantil sigue siendo un problema y continúa expandiéndose, especialmente en las zonas turísticas y en las ciudades fronterizas del norte”. El pasado 22 de noviembre de 2022, tres meses después del duro informe del gobierno de Estados Unidos, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó pedir al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Atención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas en Nuevo León, que sesione. Alicia Leal, ex secretaria de la Mujer en Nuevo León, y activista cofundadora de la organización Alternativas Pacíficas -que se ha caracterizado por dar seguimiento cercano a causas como la trata de personas en Nuevo León- sostiene que “hay muchos grupos que siguen sacando provecho de este negocio, tanto los consumidores como los proveedores”. “Los consumidores de trata, por lo general, son personas de cierto nivel adquisitivo, y ahí también hay todo un esquema, un entramado de protección a diversos actores que tienen influencia política en el estado”, dice con firmeza la activista. Para la también ex secretaria de la Mujer, en este delito, los políticos “se unen a hombres de poderes fácticos, que son ‘las manos que mecen la cuna’, y no son las o los diputados quienes estén tomando las decisiones, sino quienes están atrás, diciéndoles qué deben hacer”. |
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