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XALAPA.- La propuesta de venta del salón de usos múltiples en El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, ha desatado una polémica legal y política. Y es que el diputado morenista Magdaleno Rosales Torres expresa su rechazo hacia la consulta ciudadana convocada por el alcalde Marcos Isleño Andrade para determinar la venta del espacio que albergaría un supermercado. Rosales Torres argumenta que la consulta ciudadana carece de sustento legal, ya que las mismas deben ser organizadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y solicitadas 60 días antes de llevarse a cabo. Además, hizo el señalamiento de la existencia de un preacuerdo de venta autorizado en una reciente sesión de Cabildo por un monto de 18 millones de pesos. El legislador, a su vez, manifiesta su posición contraria a la venta de espacios públicos y lanza una crítica por la ubicación propuesta para el supermercado, argumentando que afectaría áreas públicas, áreas verdes y otros sectores. Insiste en que, si bien está de acuerdo con la presencia de un supermercado en El Tejar, este no debería ubicarse en espacios públicos. Rosales Torres también señala que el ayuntamiento de Medellín no cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo una venta de este tipo, ya que se requiere un certificado del Registro Público de la Propiedad y una constancia del alcalde manifestando que la venta no afectará áreas públicas ni a terceros. La controversia ha llevado a la convocatoria de una reunión entre diversos sectores, incluyendo ejidatarios, comerciantes, el agente municipal y ciudadanos, programada para el 11 de enero, donde se discutirá la presunta venta y se espera la participación activa de la comunidad. Esta situación no ha dejado indiferente a nadie y ha generado tensiones en El Tejar, con manifestaciones de descontento por parte de algunos ciudadanos y la participación de diversas organizaciones en contra de la venta del espacio público. La polémica destaca la importancia de seguir los procesos legales y de participación ciudadana para evitar conflictos y garantizar la transparencia en decisiones que impactan directamente en la comunidad.
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