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Grupo Salinas acusa arbitrariedad en rechazo de su amparo por adeudo.
En un comunicado, la compañía señaló ser “víctima de un sistema judicial sometido a presiones e intereses políticos”, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le negara un amparo “sólidamente fundamentado”.
Miércoles 25 de Junio de 2025
Por: La Jornada
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- El Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, calificó este miércoles como “arbitraria e ilegal” y “guiada por presiones políticas” la resolución por la cual el martes se ordenó a Grupo Elektra -una de las subsidiarias del consorcio- el pago de un adeudo por dos mil millones de pesos correspondiente al ejercicio 2010.

En un comunicado, la compañía señaló ser “víctima de un sistema judicial sometido a presiones e intereses políticos”, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito le negara un amparo “sólidamente fundamentado”.

La dictaminación del tribunal federal se dio a conocer el martes producto de la omisión de un pago del impuesto sobre la renta (ISR) en 2010 y se emitió por unanimidad de votos. La empresa aún puede impugnar la sentencia mediante un recurso de revisión, el cual tendría que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (https://bit.ly/3IdovZc).

Grupo Elektra acusa que los integrantes del referido Tribunal Colegiado (Gustavo Roque Leyva, Manuel Monroy Álvarez y Karla Fernanda Fernández Barrios) resolvieron el caso con una sentencia que reproduce el mismo patrón y guion utilizados en el revés que ya habían sufrido la semana pasada por parte del Décimo Tribunal Colegiado (https://bit.ly/3HSuMtt): “ignorar pruebas documentales, distorsionar el marco legal y excluir deliberadamente elementos expresamente reconocidos en la ley”.

Más aún, apunta que la nueva resolución en su contra “no se trata de decisiones aisladas, sino de una justicia alineada y que responde a un proyecto político, como consecuencia directa de la reciente farsa electoral judicial”. Añadiendo que así “el Poder Judicial comienza a institucionalizar la extorsión fiscal en lugar de proteger los derechos de los contribuyentes”.

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