MEMORANDUM 1.- En Mayo, quinto mes del año, el número de asegurados en el estado de Veracruz disminuyó en 5 mil 414 plazas, mientras que en Campeche se perdieron 6 mil 672 puestos de trabajo y en Tabasco 10 mil 444, lo que en total suma 22 mil 530 asegurados menos o, lo que es lo mismo, 22 mil 530 nuevos desempleados. Esas tres entidades, donde existe una importante presencia de actividades extractivas y principalmente relacionadas con el petróleo, fueron las únicas donde el empleo disminuyó en el mes de referencia, mientras que en las otras 29 los registros del IMSS señalan que hubo incrementos. La pérdida de puestos de trabajo en esas tres entidades con vocación petrolera disminuyó respecto de 2015-2016, cuando en conjunto perdieron 54 mil 729 plazas laborales. Las cifras del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo señalan que en mayo de 2015 en Campeche había 145 mil 886 empleados asegurados, mientras que para el mismo mes de 2016 la cifra bajó a 126 mil 146, reducción de 19 mil 738 plazas. En el caso de Veracruz, en el citado mes se registraron 744 mil 436 personas aseguradas y al año siguiente había 726 mil 548, baja de 17 mil 888. En Tabasco, en el referido periodo, había 196 mil 232 plazas laborales y para el mismo lapso del año siguiente 179 mil 129, disminución de 17 mil 103 unidades. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el año pasado dos recortes al gasto, uno en febrero por 132 mil 300 millones de pesos y otro en junio por 32 mil 300 millones. El primero se concentró en Pemex, con ajuste de 100 mil millones de pesos, lo que afectó principalmente el pago de proveedores. Independientemente de lo anterior, en Mayo la plataforma de producción de petróleo crudo cayó 7 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Los informes oficiales de la petrolera detallan que entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016 realizó ajuste en su plantilla laboral de 18 mil 835 empleados. En mayo del año pasado el presidente Enrique Peña anunció un paquete de ayuda de 5 mil millones de pesos para Campeche y Tabasco destinado a paliar parte de los efectos de la caída de la actividad petrolera. Sin embargo, los datos del IMSS indican que pese al esfuerzo, el número de plazas en dichos estados ha seguido disminuyendo.

25 de Junio de 2017 / 15:30:41

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MEMORANDUM 2.- ¡Sensacional! descubrimiento acaban de hacer los señores y señoras diputados federales: “que Puebla y Veracruz encabezan la percepción ciudadana de los Estados donde se comete, en mayor medida, el robo de combustible", según la encuesta telefónica nacional sobre ese delito y sus variantes realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Según el estudio del Cesop, 40.4% de los consultados consideran que Puebla encabeza la lista, en tanto que un 24.6% cree que es Veracruz el que tiene el primer lugar. EN lo que coinciden es en señalar como tercer lugar, con un 13.2%, al Estado de México. Luego, la encuesta dice que Jalisco ocupa el cuarto lugar con 8.7 % de opinión de los ciudadanos, seguido por Hidalgo (7.9%), Tamaulipas (7.2%), Michoacán (7.1%), Guanajuato (6.9%), Tabasco (5.7%), Guerrero (4.0%), Ciudad de México (3.8%), Chiapas (3.7%), y el resto de las entidades federativas obtienen menos del 3% de menciones. Un 27.1 por ciento cree que la principal razón del incremento de tomas clandestinas, que llega a un mil 800% entre los años 2006 a 2014, es por alza en el precio de los combustibles, pero un 16.2% cree que es derivado de la corrupción, complicidad y colusión en instancias federales, y el 10.2% considera que es a causa del desempleo. Otros factores que inciden en esto, según la percepción ciudadana es por incompetencia de las autoridades (8.7%); falta de vigilancia de los ductos, 5.8%; por la crisis económica, 4.4%; por el incremento de la delincuencia organizada, y 3.8% por obtener dinero fácil a causa de la pobreza., 3.2%, en tanto que 2.8% lo atribuye a la impunidad; 1 %, a los bajos salarios, 0.9%, a la pérdida de valores, y 0.6% porque asegura que "es fácil el acceso a los ductos", y finalmente 0.4% manifiesta que se debe al incremento del dólar, y 7.9% de plano dice que "No Sabe". Un dato que llama la atención es que este estudio atribuye en un 57.8% que los dueños de las gasolineras están involucrados con los grupos que se roban el combustible, y solo 27.2% no cree que estén involucrados, en tanto que 15.0% lo desconoce. También señala que 52.1% de los dueños de gasolineras venden combustible robado "por la corrupción", 13.4% refiere que es "porque lo permiten las autoridades", 12.2% porque "es más económico", 7.1% "por estar coludidos", 6.4% "porque son obligados", y 3.1% porque "no saben que es robado" y solo 5.6%no saben nada al respecto... En el caso de Puebla, donde comunidades enteras viven del robo y venta de combustible, sobre todo la zona llamada Triángulo Rojo" compuesta por los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, el 74.7% afirmó que los “huachicoleros” están protegidos por las comunidades, y 15.9% no lo cree, y 9.4% no supo o no contestó, el 56.2% cree que el Sindicato de trabajadores petroleros (STPRM) sí está coludido con estos 3.1 por ciento grupos, pero el 26.6% señala lo contrario y el 17.2% se abstuvo de responder. Finalmente debe destacarse algo más deprimente: el 83.1 de los encuestados se dice dispuesto a comprar combustible robado, y señala el 77.7% que son insuficientes e inadecuadas las acciones del gobierno federal para combatir a los huachicoleros, y el 92.6% considera que el Gobierno Federal debería realizar una campaña informativa sobre el robo de combustible y sus consecuencias penales por participar en ello.

25 de Junio de 2017 / 14:59:59

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MEMORANDUM 3.- A dos años de emitidas las primeras alertas de genero por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, diversos Estados y Municipios aún se niegan a ejecutarla, pese al elevado número de asesinatos, razón por la cual, la medida involucra a 97 municipios con los mayores índices delictivos contra ese género y, sobre todo, problemas en las instancias locales para la prevención, atención y procuración de justicia ante esa violencia. Según los diagnósticos elaborados por equipos multidisciplinarios de académicos, actualmente los Estados con alerta son: Colima (cinco municipios), Chiapas (24), estado de México (11), Guerrero (8), Morelos (8); Michoacán (14), Nuevo León (5), San Luis Potosí (6), Sinaloa (5) y Veracruz (11), definidos todos ellos con los mayores rezagos en la materia, lo que provocó la emisión de ese dictamen. Y es que tres cuartas partes de las entidades del país enfrentan problemas de agresión feminicida, según denuncias interpuestas por organizaciones civiles ante el Sistema, pero hasta el momento, de las 24 solicitudes recibidas se ha emitido la alerta de género para 10 de las 32 entidades (una tercera parte del total nacional). La alerta de género es un mecanismo único en el mundo, sostiene la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El procedimiento para la aceptación y procesamiento de una solicitud de alerta se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Según esta normatividad, la emisión de esta medida significa que los gobiernos locales deben aplicar acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado. La primera solicitud que aceptó el sistema nacional, coordinado por la Secretaría de Gobernación, fue la del estado de México, el 28 de abril de 2014; sin embargo, esto fue posible sólo por una orden judicial, debido a que organizaciones civiles habían advertido de la situación –e interpuesto formalmente la petición– cuatro años antes. Las alertas más recientes, emitidas en la semana que concluye, corresponden a San Luis Potosí, Guerrero (incluidos los municipios de Acapulco y Chilpancingo) y Sinaloa. En todos los casos hay una constante: la necesidad de fortalecer a las fiscalías y procuradurías para atender e investigar los casos de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres; dar capacitación a su personal para hacer frente a los delitos sexuales y de violencia familiar, así como de la desaparición de personas (en el caso de Guerrero). Los 10 estados con alerta tienen deficiencias también en cuanto a protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales.

25 de Junio de 2017 / 14:20:53

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