PREOCUPA que el Estado de Veracruz, no cumpla con sus compromisos. No nos referimos al Gobernador, o a cualquier miembro representante de la administración, sino en concreto a la definición misma del concepto “Estado”, que significa, entre otras cosas, ser garante de todo frente a sus gobernados, exigiendo que se cumplan todos los principios de legalidad y hasta de buena fe que deben existir en el contexto de una sana convivencia.
Si el Estado, no cumple con sus compromisos, tampoco estará garantizando que los gobernados, cumplan con sus deberes, lo que deriva, prácticamente, en una desorganización donde cada quien toma sus propias decisiones al margen de todo el marco jurídico que rija en todo momento y generando un caos de todos los valores jurídicos y morales.
El Estado, entre sus principales funciones está la de ser garante de que todos los compromisos que se hagan, se tengan que cumplir, aplicando, desde luego, todos los principios jurídicos que existen para respaldar la justicia entre todos los gobernados, de tal manera, que debe ser el mismo Estado, el que cumpla, antes que nadie, con sus diversos compromisos que tenga con todos.
Y viene a comentario todo esto, porque a la fecha, hay reclamantes del cumplimiento del Estado, como los empresarios y todos aquellos que han prestado servicios a la administración, ya sea de hace dos o tres sexenios e incluyendo el más reciente que fue de dos, acerca de algunas deudas de las administraciones anteriores, cuyo pago se ha venido postergando y que en estos momentos, todos aquellos prestadores de servicios, han estado esperando que se les pague.
La actual administración tiene el compromiso de pagar a quienes se les debe, porque cierto es que se trata de una deuda institucional, donde, insistimos, el Estado, tiene que cumplir, sin importar quién o quienes lo representen en determinado momento.
Si el Estado, se supone, debe ser garante de los gobernados, para el cumplimiento de todos los compromisos, a través de los órganos debidamente establecidos ejerciendo el poder que los mismos gobernados, le han otorgado para que cumpla con este principio, pues debe ser el Estado, el primer en otorgar la confianza debida, por lo que, antes que nada, se tiene que pagar a quienes se les debe, porque si no lo hace, podría estar sucediendo que los mismos gobernados, tampoco quieran cumplir con sus compromisos, porque estaría cobijándose bajo la irresponsabilidad del mismo Estado.
Lo anterior daría como resultado que cada quien haga lo que le venga en gana, como ya está sucediendo al ver que el Estado, no cumple, entonces, se dice, tampoco los demás estaría obligados a cumplir con lo que jurídicamente están obligados. El Estado, entonces, debería corregir el camino y procurar pagar a quienes les debe, poniendo el ejemplo y cumpliendo, desde luego, con la
función tan importante que se le ha otorgado de ser garante de todos los actos que se lleven a cabo, dentro del marco jurídico que rige a todos los gobernados.
Ahora bien, si el Estado, alega no tener recursos económicos para cumplir con sus acreedores, entonces debe demostrarlo plenamente, a fin de encontrar, junto a los demandantes de pago, otros mecanismos de cumplimiento, de tal manera que salve, antes que nada, su obligación de respaldar los actos de los demás, pero esta condición no sería a largo plazo, como ya se ha hecho, sino que sea lo más pronto posible, garantizando, primero, los servicios de salud, de alimentación, sueldos de sus trabajadores y otros que sean de probada prioridad, sin que exceda tanto tiempo como el que ya ha transcurrido sin que se vean indicios de que se quiera cumplir con lo obligado.
Ahora sí, podríamos hablar del Gobernador, de los representantes en general de la administración del Estado, para señalarles su falta de voluntad al debido cumplimiento de los pagos, a quienes sí se les debería exigir legalmente que cumplan con estas demandas de los prestadores de servicios, pues son ellos los que estarían fallando frente a la obligación del Estado, para los cuales tiene que haber, en todo caso, una sanción y reparación del daño causado, pues ya en estos momentos, los acreedores se han visto seriamente afectados en sus propios intereses.
El gobernador, podría ser sujeto de la integración de un expediente por desacato al cumplimiento de la función que tiene el Estado, así como la remoción o despido de los funcionarios bajo su mando que se hubieran negado al cumplimiento de las órdenes superiores.
Así, el Estado, su fuerza y todas aquellas facultades que le han otorgado los ciudadanos de toda la entidad, estarían presentes, garantizando plenamente su propia gobernabilidad.
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¿ Y QUÉ PASA EN EL ORFIS?.
CÓMODO HUBIERA SIDO para el Auditor general del ORFIS, Contador Certificado Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, no haber movido un dedo en el cumplimiento de sus funciones durante estos recientes seis meses de trabajo gubernamental, con la finalidad de no ser sujeto de diversos ataques de sus adversarios en lo que puede considerarse la antesala de la culminación de sus deberes frente al organismo que representa.
Y comentamos lo anterior, porque apenas se supo que pretendía continuar en sus labores, dentro de una ratificación oficial por parte del Congreso del Estado, para un nuevo periodo frente al órgano fiscalizador, cuando de inmediato comenzaron los señalamientos negativos en su contra por haber decidido sacar a la luz pública errores administrativos y denuncias en contra de ex funcionarios del gobierno pasado, incluyendo, al mismo ex gobernador reciente de la entidad.
Todo esto, se contempló, dentro de este periodo de sucesión, como un apuntalamiento a su candidatura y búsqueda de la ratificación para seguir siendo el Auditor General del ORFIS, institución que goza de un importante prestigio frente a instituciones nacionales y extranjeras por el trabajo desarrollado y por el avance en las técnicas de fiscalización que se han puesto en operación dentro del trabajo conjunto que tiene este órgano fiscalizador del Estado.
Pero no, el Auditor, considerando los tiempos que la misma ley le otorga, procedió a presentar las denuncias correspondientes y hacer efectiva la función fiscalizadora del ORFIS, pues de lo contrario, estaría incumpliendo con su trabajo y sobre todo, con su responsabilidad frente al mismo congreso local, como a la misma población veracruzana, a quienes, finalmente, se les debe informar oportunamente.
Sin pensar en la cómoda decisión de frenar sus trabajos y esperar el transcursos del tiempo, Portilla Vázquez, dio continuidad a su responsabilidad, lo que vino a encender el fuego de la crítica severa por haberse tomado como una ventajosa posibilidad frente al proceso de auscultación para el nombramiento del nuevo Auditor.
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XALAPA, ENFERMA.
Por todas partes, la capital del Estado, se encuentra dañada. Sus calles, incluyendo las principales, se están deteriorando rápidamente por la falta de mantenimiento.
No se han dado instrucciones para limpiar traga tormentas, ni tampoco se han atendido los puntos ampliamente conocidos por las inundaciones que se generan.
Hay desidia, falta de voluntad en este quehacer y no se ve, tampoco, ninguna obra que pueda aliviar esta situación que normalmente se presenta en estos días del año.
Por otro lado, el problema vial se complica cada día y tampoco, que sepamos, existen proyectos para resolver esta situación, sobre todo, en la forma de aliviar accidentes y garantizar una fluida circulación vehicular.
Hay espacios, todavía, para poderse utilizar, antes que la misma mancha urbana los absorba.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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