Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Resulta saludable para la democracia en Veracruz, que al parecer, ahora sí, la llamada oposición en el Congreso de Veracruz, en esta nueva Legislatura ha decidido jugar ese papel de análisis y crítica, en las comparecencias de los secretarios y titulares de despacho que están acudiendo a la glosa del Tercer Informe de Gobierno, con cuestionamientos inteligentes y bien documentados.
Aunque son una minoría de tres -igual que los Mosqueteros- han demostrado hasta ahora que tienen la experiencia y capacidad para al menos, crear controversias a los datos que los funcionarios estatales vienen presentando.
La tercia de ases priistas está conformada por los diputados Anilú Ingram Vallines -que ya viene bien cargada de experiencia en la Cámara de Diputados Federal- Marlon Ramírez Marín -quien pese a quien le pese, sigue siendo el presidente estatal del PRI- y la secretaria general de ese partido y de la propia Legislatura, Ariana Guadalupe Angeles Aguirre.
El papel de diputados de oposición, lo han venido jugando con bastante éxito, en todas las comparecencias, como en la más reciente de este lunes, del secretario de Salud de Veracruz y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor a quien, de entrada, le sacaron a relucir y le entregaron copia, de los por adjudicación directa a empresa que nada tiene que ver con el ramo de la salud otorgados por esa dependencia.
Pero eso no fue todo, también le entregaron copia de los “hallazgos del desempeño administrativo de la dependencia, que además como también se manejan recursos de la federación, se entregaron ya al diputado Pablo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara en San Lázaro.
Explicó el diputado Marlon Ramírez Marín, que Ramos Alor -que es el doctor Simil de López Gatell- “es el único funcionario de este gobierno que tiene dos cargos: Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Veracruz, lo que lo lleva a tener una doble revisión y fiscalización por la naturaleza de sus encargos, la de la Contraloría General del Órgano Superior de Fiscalización, y la Auditoría Superior de la Federación.”
De acuerdo a documentos oficiales obtenidos de transparencia y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Secretaría de Salud, entregó adjudicaciones directas para la adquisición de medicamentos y materiales quirúrgicos, a diversas empresas de reciente creación, así como a empresas con giros de construcción, mobiliario de oficina e incluso veterinarias.
“Pareciera que se le entregó dinero a personas que no estaban dedicadas al giro y una vez que cobraron anticipos, van con mayoristas que son proveedores y se los venden a la secretaría a su cargo, ¿tenía conocimiento de esto? porque de acuerdo a documentos oficiales que están en los portales de transparencia, emitidos por el ORFIS hay una observación muy clara a esta práctica, dijo el diputado quien comparó esta situación con una incubadora de empresas a costillas de los veracruzanos.
Ejemplificó que: Infraestructura y Construcción Lumssy, empresa dedicada a la obra civil y pesada, y recibió un contrato para suministrar cortinas antibacteriales, por un monto de 392 mil pesos; además a Araly Rodríguez Vez, que fue beneficiada con 7 contratos con número de proveedor 32804, con actividad comercial de bienes informáticos, muebles, mobiliario de oficina, y ahora vendió batas quirúrgicas y overoles por el orden de 34 millones de pesos.
De igual forma, la empresa SOPRICOM Comercializadora y Servicios, cuyo giro comercial está relacionado con la venta de medicamentos veterinarios, y ahora vende medicina para humanos por un monto de 1 millón 740 mil pesos. “¿Usted tenía conocimiento de estas actividades y qué acciones ha tomado al respecto?”
Pero todo eso es nada más la punta del iceberg de malos manejos administrativos en la Secretaría de Salud, que, si se decidiera investigar en realidad a fondo, podrían empezar por seguir la pista a la compra de mansiones en Xalapa y Veracruz, que por obvias razones aparecen en el registro público de la propiedad a nombre de familiares o esposas.
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