Increíble, cuando la gobernadora Norma Rocío Nahle declara que en Veracruz, la ley se aplica a todos por igual y sin distingos, siendo una gran mentira. La orden es directa: No investigar a exfuncionarios de Cuitláhuac García, los procesos administrativos se detienen y congelar cualquier trámite legal en contra de pillos servidores públicos de Morena. Así florecerá la impunidad y colocar a Rocío Nahle como la principal cómplice del sexenio de Cuitláhuac García, lleno de abusos y robo a los veracruzanos, los mismos, que generaron nuevos millonarios y dejando al Estado quebrado y sin dinero.
Eso explica por qué observar a las secretarías en el Gabinete de Rocío Nahle y sus titulares sin poder moverse, ni operar por la falta de dinero y muchas dependencias acatan órdenes directas por parte del esposo consorte, José Luis Peña Peña, quien en reuniones con altos funcionarios estatales, el marido incómodo los regaña, muestra su lenguaje corriente, desmedida prepotencia y hambre de poder para hacer los negocios lucrativos. Recordemos que “Pepe” Peña fue exfuncionario de Pemex e inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la Función Pública y ahora, Peña ve a Veracruz como una “minita de oro” e indebidamente cogobierna con su esposa Rocío Nahle.
Rocío Nahle nos mintió. Aseguró que en su gobierno no habría corruptos y Veracruz sería un modelo por su desarrollo. Y lo único que analizamos, es un Estado
secuestrado por la delincuencia organizada y por grupos internos de Morena con demostrada incapacidad e inoperatividad, siendo una mayoría de servidores públicos heredados del gobierno de Cuitláhuac García e impuestos a una obediente Rocío Nahle. Y pudo mejorar su credibilidad al elegir a la o el nuevo titular de la FGE Veracruz y optó por imponer a la peor, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien es una experta en fabricar carpetas de investigación y manipulación de expedientes o de jueces de control. Vendía las resoluciones al mejor postor y ahora, venderá las carpetas de investigación.
El tema del periodista Rafael León Segovia fue un cochinero. A petición de una “amiga” de la gobernadora Rocío Nahle, la FGE de Veracruz abrió una carpeta de investigación fabricada para castigar al reportero y librarle orden de aprehensión al conocido como “Lafita”, quien ha colaborado en las empresas periodísticas Olmeca TV, Sureste Sur, Vanguardia Veracruz, entre otros, cubriendo la fuente policiaca y formar parte de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC). La firme intención de Nahle es enviar el mensaje a toda la comunidad periodística y advertir que quien publique en contra de su gobierno, será enemigo de la gobernadora, mostrando resentimiento, amargura y soberbia.
Y a Rafael León se le acusó de terrorismo, asegurando que las notas informativas generadas fomentan el terror entre los ciudadanos de Coatzacoalcos. Y culpan al reportero de la incapacidad gubernamental.
Después de la detención de Rafael “Lafita” León Segovia, la opinión pública criticó este loco criterio, sacado de contexto y en claro revanchismo. La gobernadora defendió el “criterio oportunista” de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez y Nahle sacó sus traumas al asegurar que “muchos” la han criticado sin piedad, siendo ella la culpable por sus dislates y pésimos comentarios. Su protagonismo ha sido tan grande, que la coloca en el ojo del huracán por sus comentarios sin sentido y son gasolina a la hoguera mediática. Y Nahle presume que nadie está por encima de la ley, cuando ya vimos que a colaboradores estatales de Cuitláhuac García y alcaldes de Morena los protege, cuida, procura y ordena borrarles sus pecados administrativos en el ORFIS y en la Contraloría General del Estado.
Luego, sobre el tema del reportero de nota roja Rafael León, periodistas nacionales cuestionan a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manda una advertencia, al criticar la detención del reportero y que en su gobierno siempre habrá Libertad de
Expresión, evidenciando a la propia Nahle. Y de manera torpe, la gobernadora da cambio de timón ante el ridículo y le echa la culpa a su corrupta fiscal, lavándose las manos. Este 30 de diciembre, “Lafita” León salió de su detención, sin el cargo de terrorismo y le imputaron indebidamente un cargo menor, llevando su proceso en libertad. La presión de la opinión pública fue clave para su liberación y exonerarlo de un ridículo delito de terrorismo.
En el OPLE Veracruz también realizan acoso y censura periodística, violentando el derecho constitucional a la Libertad de Expresión. Ante procesos que rayan en lo ridículo, presionan a medios de comunicación para que bajen notas periodísticas, pues corre dinero y tráfico de influencias. Lo mismo pasa en el Tribunal Electoral de Veracruz y sus magistrados maiceados que obedecen al mejor postor, resolviendo bajar notas, a capricho y por venganza, acusando a la autora de esta columna de Violencia Política y de Género, en una resolución que violenta la Libertad de Expresión, como derecho constitucional de cualquier periodista en el país. Y no acatan el mandato de la presidenta de México.
Y cuando reclamas una resolución en contra de compañeros periodistas, te exigen bajar la nota de una cuestionada excandidata, quien ha gastado dinero para castigar a periodistas críticos que analizan el ambiente electoral. Y para el OPLE, el TEV y la Sala Regional del TEPJF es una venganza, usando el delito de Violencia Política y de Género como castigo y callar a la autora de esta columna. Y es Tania Celina Vásquez Muñoz quien desde hace años ha querido castigar a Claudia Guerrero Martínez por su línea editorial y acepta las resoluciones de Violencia Política y de Género para darle un escarmiento a la columnista, por sus publicaciones volátiles y que han exhibidos a sus amigos y aliados políticos de Tania Celina Vásquez.
Lo mismo Eva Barrientos Zepeda, resolvió castigar a Claudia Guerrero Martínez por haber exhibido a su sobrino Rafael “Rafita” Alarcón Barrientos, cuando circuló un audio donde él criticaba a Daniela Griego Ceballos y “Rafita” dijo que Griego era una mujer que “agarraba a todos de pendejos”. La misma magistrada de la Sala Regional de Xalapa, Eva Barrientos pidió que se resolviera en contra de la autora de esta columna, aún cuando ésta no tiene fundamento, criterios fuera de contexto y violentando los derechos a la Libertad de Expresión de la autora de esta columna.
Y curioso, que quien mueve los hilos de estas resoluciones es el diputado local del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, quien vendió las candidaturas a alcaldías por el PVEM a consumados pillos y políticos con comprobados vínculos con grupos criminales internacionales. Y Marcelo “El Greñas” Ruiz fue quien habló con Tania Celina Vásquez Muñoz y con Eva Barrientos para castigar a la periodista Claudia Guerrero Martínez.
Una servidora está acostumbrada a tratar con delincuentes con poder y cargo público. Esos hoy verdugos, mañana serán las reses de nuestra pluma y seguiré siendo periodista hoy, mañana y siempre.
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