AUNQUE NO se ha hecho oficial, ha trascendido que Miguel Ángel Yáñez Monroy habría renunciado a la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) tras asumir funciones el pasado 23 de Enero de 2019, casi dos meses después de la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, ya que ese cargo será ocupado por un almirante como parte de la militarización de puertos y aduanas que pretende el titular del Ejecutivo Federal. Apenas el martes 15 de Agosto, López Obrador denunció que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. DE C.V. (APIVER) tiene una concesión a 100 años para administrar el puerto, lo que estaría confirmado por el propio contrato de licitación dado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el que se otorga el recurso con una vigencia que caduca hasta el 1 de Febrero de 2024. Incluso, en los documentos públicos de la dependencia, refirió aquella vez el mandatario, se aprecia que el pasado 6 de julio de 2018, el entonces titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza dio una prórroga al título de concesión otorgado en Febrero de 1994 a APIVER dirigida por Juan Ignacio Fernández Carbajal, hermano de José Antonio Fernández Carbajal, CEO de Femsa, por un periodo de 50 años prorrogables a otros 50 años. La concesión fue otorgada luego que, conforme a la Ley de Puertos, la APIVER se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable y, posteriormente, adquirió las facultades para administrar el recinto portuario, y con ello la empresa estaba facultada para operar las terminales, instalaciones y servicios por medio de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos a través de tratos con base en lo establecido en el título de concesión y concursos públicos.
EN EL contrato también se detalla, por medio de la prórroga, que Juan Ignacio Fernández Carbajal, entonces director general de APIVER, tiene las facultades necesarias y suficientes para la operación del puerto. La prórroga también fue otorgada después de las elecciones federales en las que AMLO fue escogido como presidente, pero lo curioso es que fue a inicios de 2019, en Enero para ser concretos cuando dejó el cargo de director general de APIVER tras ocuparlo casi 11 años, siendo ocupado por el morenista Miguel Ángel Yáñez Monroy a quien dio posesión el ex secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, algo que no sabía el Presidente, y que por falta de información se lo llevó entre la denuncia pública, lo que motivó que el funcionario interpusiera ya su renuncia, y lo que es peor, externara su animadversión por lo que está ocurriendo en la administración Federal –como lo han hecho ya infinidad de seguidores de AMLO-. La renuncia de Yáñez Monroy, nos informan, la anunció a las 7:00 de la noche del lunes en el auditorio de la API (frente a la Terminal de Ferrocarriles del centro histórico) ante el personal del organismo, al que dijo que esa instancia se militariza, y que quedaría al frente un almirante, lo que a su juicio era un grave error.
HAY VERSIONES, por otra parte, que el fideicomiso para la segunda ampliación del puerto de Veracruz ya desapareció o está en vías de ser cancelado, siendo absorbido por la Secretaría de Hacienda, de tal suerte que no se continuará con los trabajos de expansión, pues no es una obra prioritaria para el actual Gobierno Federal. El proyecto de ampliación del puerto jarocho constaba de dos fases: la primera entre los años 2014 y 2018, y la segunda entre 2019 y 2030. Éste última incluye 35 nuevas posiciones de atraque y la posibilidad de acceso a buques de gran calado (18 metros de profundidad). La ampliación era la obra más importante de la administración peñista efectuada en Veracruz, y el proyecto portuario más ambicioso de todo el país, ampliando su superficie en 500 hectáreas en agua y 450 en tierra. El plan estaba desarrollado para que su construcción cause el menor impacto sobre el medio ambiente. Paralelamente se construirían almacenes, una Aduana y diferentes instalaciones para dar servicio a barcos de última generación. Este proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz daría impulso a la economía de la zona, generando miles de puestos de trabajo, ya que se esperaba, a partir de los trabajos concluidos, recibir embarcaciones de gran tamaño, como el Ultra Post Panamax, algo en lo que ojalá recapacite el presidente Andrés Manuel López Obrador considerando que la actividad comercial –importación y exportaciones- es lo que mantiene cierta estabilidad en la economía, ya que el petróleo va de mal en peor, a tal grado que Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató un nuevo endeudamiento por más de 19 mil millones de pesos tras resentir en Julio pasado un alza de 82.8 por ciento en el costo financiero de su deuda –que engloba intereses, comisiones y otros gastos– respecto del mismo mes de 2019. El nuevo endeudamiento será para cubrir, también, el incremento en los intereses de la deuda y completar los recursos para continuar con sus procesos productivos y de expansión, esto también a consecuencia del recorte en su calificación crediticia por evaluadoras internacionales –a las que tanto desprecia el Presidente- que provoca encarecimiento de la prima de riesgo que tiene que pagar a los tenedores de sus bonos de deuda. Y es que anda tan mal Pemex que los gastos de la deuda pasaron de 13 mil 758 millones de pesos en julio de 2019 a 26 mil 67 millones en el mismo mes de este año, es decir, un aumento de 82.8 por ciento, equivalente a 12 mil 309 millones de pesos adicionales.
AHORA QUE, contra Yáñez Monroy había una denuncia interpuesta ante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas por presuntos delitos de corrupción, inserta en el expediente número 24496/2020/PPC/API, la cual es posible leer en la liga: https://sidec.funcionpublica.gob.mx, y de acuerdo al contenido, la Administración Portuaria Integral de Veracruz SA de CV es investigada por corrupción en contra del Ingeniero Civil, Miguel Ángel Yáñez Monroy, señalado por actos arbitrarios para obtener beneficios personales y en detrimento de la administración pública o en perjuicio a personas. El documento detalla que Yáñez Monroy a través de su puesto como Director General de la Administración Portuaria Integral, realiza actos de favoritismo, corrupción y abuso de poder para imponer empresas, contratistas, personas y proveedores, provocando diversas afectaciones a personas y colaboradores, quienes tienen contacto con esa empresa, y eso que el Presidente asegura que la corrupción ya está desterrada en el servicio público, y el presunto renunciado o renunciador a la API es morenista, aunque después de esto, quizá decida sumarse al PAN, PRI o PRD, los antagonistas más importantes de la 4T, debido a la incongruencia de sus actos. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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