MAGDA ISABEL Inés Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, pudo salvarse de la deshonra que, seguramente, será este Gobierno “cuitlahueco” en poco tiempo, y sin aceptar que ya tiene la edad para el retiro (70 años que cumple este mes de Abril), fue tocada por la vanidad y ambición de poder (aunque solo sea de membrecía), y solicitó una Dispensa de Ley para mantenerse en esos cargos. Sabe que es títere de los caprichos de Palacio de Gobierno y del Poder Legislativo, y aun así prefiere ser florero que maceta. Romero llegó a ese puesto tras la remoción de Sofía Martínez Huerta como cabeza de la institución, tras ser destituida en Octubre de 2020, apenas 10 meses antes de su designación, igualmente, de manera cuestionable. Y es que la llegada de Martínez Huerta a la presidencia del Poder Judicial –al igual que Inés Romero Cruz- fue, por demás polémica, porque en Octubre de 2019 y sin provenir de una reconocida carrera judicial, fue nombrada magistrada por la Legislatura a propuesta del gobernador Cuitláhuac García, y en Diciembre de ese año fue elegida por el Pleno de magistrados como presidenta, pero algo no gustó en Palacio de Gobierno pasados algunos meses muy a pesar de la conocida amistad que le unía con el secretario de Gobierno, por lo que algunas magistradas del Tribunal consideraron que había sido un nombramiento por ‘dedazo’. A partir de entonces surgieron presiones no solo internas sino externas, dicen que del propio Eric Patrocinio Cisneros Burgos debido a que deseaba incrustarle a la directora administrativa como si lo hicieron con Ines, y entonces fue acusada de nombrar a familiares y amigos para desempeñar cargos dentro del Poder Judicial, entre ellos su nuera Mayra Angélica Martínez Juárez como secretaria de Acuerdos, y un incondicional, Hernán García Sobrevilla, como director general de Administración, con quien habría actuado en complicidad para definir el destino de ciertos recursos, sin aprobación del Consejo de la Judicatura, contraviniendo el marco jurídico (lo que se sigue haciendo hoy día, pero con la venia de los todopoderosos Gobernador García Jiménez, Patrocinio Cisneros y Juan Javier Gómez Cazarín).
POR ELLO fue impuesta Magda Isabel Inés Romero Cruz, una mujer dócil que a todo lo que le ordenan desde las alturas dice que sí, sin saber distinguir que es la representante otro poderes distinto al Ejecutivo y Legislativo pero igualitario. A la magistrada Presidenta, sin embargo, se le vino la edad sin carnaval ni comparsa, y de buenas a primeras se vio cumpliendo 70 años, la edad límite para ejercer la magistratura, y como el Gobierno del Estado no tiene a la mano a alguien tan sumiso y manso como ella, buscaron una alternativa para que siga y la encontraron, y en ese tenor, mediante una misiva dirigida al Congreso del Estado (cómplice en todo de Cuitláhuac), la titular del Tribunal Superior de Justicia solicitó una dispensa de ley para mantenerse en la presidencia a pesar de que este mes de abril cumplirá 70 años, por lo que debería jubilarse de manera obligatoria, pero la funcionaria se rehúsa a aplicarse la ley de jubilación que sí ha aplicado a otras y otros magistrados, y escribe al Congreso, sabedora de que con la venía del Gobernador y del Secretario de Gobierno todo es posible: fulana de tal “Solicita le sea concedida una dispensa de ley, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave ((REFORMADA; G.O. 17 DE JULIO DE 2015) (cuyo párrafo establece: -Conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública-, y a decir verdad, la única causa justificada es el servilismo al Gobernador y al Secretario de Gobierno, y la utilidad pública no la encontramos por ninguna parte.
POR ELLO, la mayoría morenista acordó este martes otorgar la dispensa de ley solicitada por la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, en términos por lo dispuesto en el artículo 33 fracción 36 de la Constitución política del estado de Veracruz, para que continúe en el cargo como magistrada y Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, solo hasta que concluya el período para que fue elegida por el pleno, esto es, hasta el 30 de Noviembre del 2022, fecha que en la que cesará su nombramiento como magistrada al actualizarse la causal del retiro forzoso prevista en el artículo 59 constitucional local. En pocas palabras, Inés (todos los negros tomamos café) se queda al frente del Poder Judicial, o más bien dando la cara, ya que quienes mandan son otros, y en el tiempo que le resta, en caso de no someterse, podría ser cesada con toda impunidad como ocurrió con Sofía Martínez Huerta.
LA ORGANIZACIONA México Evalúa publicó en Agosto del año pasado que el Poder Judicial de Veracruz se encuentra en quiebra. Con un déficit presupuestal de 500 millones de pesos, no cuenta con los recursos necesarios para pagar el sueldo a todos sus empleados y solventar los demás gastos operativos de aquí a final del año. Incluso, la presidencia pidió una investigación al respecto. Y es que existen varias versiones sobre la causa del problema que, además, se acompaña de un conflicto en las más altas esferas de la institución que incluye el cierre de 29 juzgados, lo que constituye una amputación de la justicia. COMO BIEN se recuerda, Martínez Huerta denunció que su ilegal destitución e inhabilitación como magistrada se dio a raíz de que ella suspendió los pagos mensuales por 17 millones de pesos a distintas empresas que estaban llevando a cabo la construcción de 21Ciudades Judiciales (edificios para albergar oficinas y juzgados del poder judicial), después de detectar anomalías en el costo de dichos proyectos, que se habrían triplicado. Para entonces, la buena relación con el Ejecutivo al parecer ya estaba rota, pues también declaró que el gobernador estaba enterado de la situación y que existía un pacto para no investigar al anterior presidente, Edel Álvarez Peña. Lo curioso es que lejos de una investigación, la sumisa Romero Cruz reanudó los pagos pendientes a las empresas a cargo de la construcción de las Ciudades Judiciales, quienes recibieron cerca de 187 millones de pesos por los 11 meses durante los cuales su pago se suspendió, lo que posiblemente explica el ‘boquete’ que ahora tiene en dificultades al Poder Judicial. Sin embargo, hace unas semanas, decidió solicitar una renegociación de los contratos para la construcción de estos edificios. Es interesante mencionar que algunas irregularidades habían sido observadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en 2020, al efectuar la revisión a la Deuda Pública y Obligaciones de la autorización, contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales realizadas por el Poder Judicial del estado para el ejercicio 2018. En su conclusión presume una probable falta administrativa, y da vista a la contraloría interna del Poder Judicial para que realice la investigación correspondiente en contra de los probables responsables. Desafortunadamente, nunca se supo de los resultados de tal investigación, ni si se realizó una denuncia penal, ya que la recién ratificada presidenta del TSJEV y del CJE prefiere la complicidad para mantenerse en el cargo.
EN FIN, como decíamos, Inés pudo haber optado por la dignidad y asumir que tiene 70 años y retirarse, aun cuando el reconocido abogado Bruno López (tocayo de Batman) insiste en que la dispensa de requisitos para ocupar un cargo público por parte de legisladores federales o locales no existe, por lo que al darse, es un exceso a sus facultades de servidores públicos, lo que les haría incurrir en un ilícito constitucional violatorio del artículo 128 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, algo que poco les importa a los ensoberbecidos transformadores. OPINA carjesus30@hotmail.com
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