La Política Criminal puede entenderse como la “acción estatal encaminada a prevenir, reprimir o controlar la criminalidad en un tiempo y espacio específico”, en otra definición podemos entender como Política Criminal todas aquellas acciones orientadas hacia los fenómenos definidos por la ley como delitos. Sus estrategias se orientan a la prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad, la atención a víctimas y el tratamiento de los sentenciados confinados en los Centros de Readaptación Social.
Para Alberto Binder el tratadista argentino, la política criminal es una forma de violencia estatal organizada. Para Alessandro Baratta, desde un enfoque crítico, la política criminal se ocupa de la prevención y reacción del delito, y hace frente a las consecuencias; en tanto que para Daniel Escobar, es una respuesta frente a comportamientos desviados.
Si analizamos detenidamente estas definiciones, todas plantean de manera amplia que la política criminal se ocupa de comportamientos socialmente reprochables, a través de un amplio catálogo de medidas sociales, jurídicas, culturales, entre otras, las cuales deben ser lo más variable posible. Sin embargo, en la práctica vemos que, como lo ha resaltado la literatura, la noción de política criminal se asocia fundamentalmente al del funcionamiento del sistema penal, por lo cual existe una coincidencia con la política penal, en sus tres niveles: criminalización primaria, esto es construcción y definición de las normas y estrategias penales; criminalización secundaria, es decir, los procesos de investigación y judicialización; y criminalización terciaria, que se concentra fundamentalmente en la ejecución de las sanciones penales, en los centros penitenciarios.
Hoy en día la delincuencia se ha convertido en un flagelo que afecta a nuestra sociedad, a nuestro entorno y nuestras familias, cuantos de nosotros hemos sabido de gentes muy cercanas incluso familiares que han sido víctimas de un hecho delictivo y que deseamos en primer lugar que se haga justicia, castigando severamente al delincuente, pero cuál es la realidad que estamos
padeciendo, cuando nos enteramos que los diputados de las bancadas mayoritarias del Congreso aprueban no considerar como graves una serie de delitos de los que más se cometen en el día a día, como son el robo a casa habitación, el asalto, entre otros, a ¿que no están llevando todas esas conductas? cuando el ejecutivo sigue manifestando que abrazos y no balazos, propiciando que la población se esté haciendo justicia con su propia mano, como sucedió con los “archi” famosos asaltantes de la combi, o como también ha sucedido con los linchamientos no únicamente de delincuentes sino hasta de personas inocentes.
Todo lo anterior, nos lleva a considerar que en nuestro país no existe realmente una política criminal, que no se ha implementado una cultura de la Prevención del Delito, siendo esta una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, tenemos que entender que las políticas criminales que el aparato gubernamental implemente, deben de enfocarse a prevenir la criminalidad, en tanto que nuestro país no tenga un proyecto educativo y económico bien cimentado y dirigido a apoyar y desarrollar en forma equitativa sus estratos sociales, será un país condenado a la violencia doméstica y como consecuencia a la violencia urbana.
Siendo urgente que se diseñe una política preventiva en donde participen todos los actores sociales, en primer lugar los padres de familia, los maestros, los médicos, los psicólogos, los criminólogos, las distintas iglesias, es decir es una función de todos, que se trabaje con alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato para que las próximas generaciones conozcan y apliquen una verdadera conducta de Prevención del delito.
Ya hemos podido comprobar que el progresivo endurecimiento de las penas, lejos de reducir la criminalidad, ha propiciado mayor corrupción en los órganos encargados de procurar y aplicar Justicia, así mismo incrementar la sobrepoblación en los centros de reclusión, creándose verdaderas escuelas del crimen y que con la complicidad de las autoridades desde adentro se cometen múltiples delitos como la extorsión telefónica entre otros muchos.
Finalmente la política criminal debe contribuir a crear conciencia e incrementar la participación de la sociedad, que todo el sector privado y las Organizaciones no Gubernamentales, ´participen en la construcción de esta
política, que incluya los temas de readaptación social, reforma penal, seguridad pública, disminución de las penas e implementación de penas alternativas sustitutivas de prisión. Con la finalidad de abatir la sobrepoblación en los penales.
Xalapa, Ez., Ver. Agosto 6 de 2020
*Vicepresidente Sur de Colegiados del Derecho en Defensa de la República A.C. “Todo el Esfuerzo por México” Sugerencias: 1942mapes@gmail.com mario.ulise.p@hotmail.com |
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