La desaparición de los organismos autónomos ha sido una tentación permanente para el Presidente López Obrador. No le gustan porque, al no ser parte de su gobierno, no están sujetos a su voluntad. Es la “arrogancia de sentirse libres” lo que enfada al Presidente.
En la mayoría de los casos, estos organismos plantean límites al Poder Ejecutivo y establecen un sistema de pesos y contrapesos. Ninguno de ellos está adscrito ni subordinados a otro poder del Estado, aunque sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales.
En realidad, los organismos autónomos no estorban al gobierno, le estorban al Presidente. La pretensión de desaparecerlos no es más que la búsqueda de un atajo hacia el sueño morenista de una presidencial imperial.
Insistir en este momento tiene dos razones: no saben cómo cubrir el boquete presupuestal de 200 mil millones de pesos provocados por el pésimo manejo financiero del gobierno de la 4T desde 2019, y ante la inminente pérdida de la mayoría legislativa en San Lázaro, busca eliminar todos los contrapesos.
El déficit presupuestal tiene su origen en una larga serie de errores y decisiones de política pública “sin el suficiente sustento", como acusó el ex titular de la SHCP Carlos Urzúa. A la utilización de los programas sociales como plataforma electoral, además de alimentar elefantes blancos –Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía- inviables en lo económico, se sumó a la desastrosa planeación en la producción y exportación de petróleo así como la reducción de la inversión pública y la recaudación fiscal.
Esas fueron las verdaderas razones –la pandemia llegó hasta febrero de 2020- por las que el Presidente y su partido aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos y el Fondo de Salud, lo que les redituó 101 mil millones de pesos, la mitad del “hoyo negro” que el gobierno federal de Morena generó en las finanzas públicas del país.
La segunda razón, la pérdida del control de la Cámara de Diputados, tiene razones fundadas. La integración de la alianza “Va por México” representa la posibilidad de rescatar al Estado y detener el tsunami institucional de la 4T. A diferencia del Presidente, el nuevo Congreso evitará el regreso al pasado para recuperar el futuro; desde del primero de septiembre de este año, López Obrador tendrá que someterse a un presidencialismo constitucional.
La desaparición de algunos organismos requiere de una reforma constitucional y no sólo del caprichoso prejuicio del Presidente. La autonomía de algunos de ellos deriva de la Constitución por lo que tendrá que recorrer un largo y sinuoso camino –la aprobación por ambas Cámaras, por ejemplo- antes de alcanzar su vano afán.
En diversas ocasiones, desde el púlpito presidencial, el Presidente ha cuestionado el desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Banco de México, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
Vamos por partes. La desaparición del INE implicaría que sea el gobierno nuevamente el encargado de organizar las elecciones; con ello, se cancelarían tres décadas de normalidad democrática en la que se ha consolidado la alternancia y la transición pacífica el poder. El Presidente intenta sustituir las elecciones libres por otras que le permitan decidir quién gana y quien pierde, lo que tanto criticó del pasado.
En el caso del INAI, uno de los organismos más señalados, se trata de una institución que garantiza el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Si bien el Presidente ha ofrecido que daría respuesta a las solicitudes de información en 72 horas, su gobierno ha sido el más reacio a entregar información y con más quejas ante este instituto. Su desaparición implicaría que el gobierno tuviese acceso exclusivo a nuestros datos personales.
Otro organismo regulador que no le gusta al Presidente es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Su desaparición implicaría no sólo favorecer el monopolio estatal en el sector, sino que violaría el T-MEC, donde se establece que la regulación de las telecomunicaciones y los medios debe ser autónoma del gobierno. Con el control de los medios de radiodifusión, no habría crítica alguna al Presidente.
Lo mismo sucede con algunos organismos del sector energético como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Su desaparición generaría un caos mayor al que el gobierno cuatroteísta ha provocado en el sector, dejando que los intereses políticos e ideológicos se impusieran en la política energética del país.
La presidencia imperial ha dejado de ser una reseña del pasado para convertirse en la crónica puntual de nuestros días.
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