El miércoles pasado presenté ante el pleno del Congreso un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar a la presidencia de la Mesa Directiva a desempeñarse con neutralidad en el ejercicio de sus funciones y exigir la puntualidad en el inicio de las sesiones legislativas.
Esto porque la diputada presidenta no ha actuado con la imparcialidad y objetividad debida en la conducción de los debates y las sesiones legislativas, función que debe realizar sin sesgos partidistas.
Cuando se rompe la imparcialidad –como ha sido el caso-, se vulnera la libertad de los diputados, pues se limita el máximo derecho parlamentario que es el uso de la voz en tribuna. Mis expresiones en la tribuna han sido –y lo serán siempre- en el marco de la ley y con un respeto a la investidura de todas y todos mis compañeros diputados.
Mi cuestionamiento ha sido al desempeño de la presidenta de la Cámara de Diputados y nada tiene que ver con su condición de mujer.
Mis expresiones no se traducen en la reproducción de estereotipos de género que anulen el reconocimiento o ejercicio de los derechos político de quien ejerce la presidencia de la Mesa Directiva, por lo que no existe violencia política en razón de género alguna.
El ejercicio del derecho parlamentario no es violencia política de género.
Sin embargo, la respuesta al interior de Morena no fue el análisis de la propuesta o la rectificación de la conducta, sino una amenaza velada de que se tomarán acciones en mi contra.
La Comisión para la Igualdad de Género tiene la tarea de sancionar, reducir, atender y prevenir desde la legislación todo tipo de violencia en el ámbito público o privado contra las mujeres; tarea a la que me sumo como legislador. Pero no es su función la persecución política por razones de pertenencia partidista.
Una Comisión legislativa no puede erigirse como la Santa Inquisición parlamentaria. Que a Morena le quede perfectamente claro: sus amenazas mediáticas no van a lograr su propósito de imponerme una mordaza.
Olvidan deliberadamente que el artículo 30 de la Constitución Política del Estado dispone que: “Los diputados gozarán de inmunidad por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo”. Además, “el Presidente del Congreso o, en su caso, el de la Diputación Permanente, velarán por el respeto al fuero constitucional de los diputados”.
Mi inmunidad parlamentaria, de la que deriva la inmunidad de opinión, es la más importante de todas las que corresponde a un miembro del Congreso. Consiste en la libertad para expresar, en el desempeño de mis funciones, mis ideas y juicios sin tener responsabilidad alguna que puedan menoscabar mi independencia.
En la misma sesión del miércoles, poco después de mi exhorto a la imparcialidad, la presidencia permitió a una diputada de un partido aliado a Morena –y a quien deliberadamente no interrumpí, dado mi reconocimiento y afecto personal-, extenderse hasta 12 minutos con 21 segundos en su intervención, además de conceder una dispensa al reglamento, obsequiando un minuto más, sin tener facultad para ello.
Lo reitero. El trato a los diputados que hacen uso de la tribuna ha sido absolutamente parcial.
La puntita
Para Ripley. El gobierno estatal negó el robo del camión de Luis Miguel, según porque presentaron la denuncia hasta el día siguiente. En represalia por el desmentido de la versión oficial, ahora ¡la empresa es investigada por resolver el hurto y realizar el concierto! |
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