Con toda la actitud y entereza de honestidad que le caracteriza, este día la alcaldesa de San Andrés Tuxtla Maria Elena Solana Calzada, condenó la mala actitud de los legisladores locales Juan Javier Gómez Cazarín y Rafael Fararoni Magaña por su ambición desmedida y abuso de poder en perjuicio de su pueblo!!.
Evidenció que estos sujetos son enemigos del pueblo y que nunca han hecho nada positivo para el progreso y bienestar de los ciudadanos.
"Nunca he permitido ni permitiré en mi administración, actos de corrupción y saqueos de los dineros públicos" expresó contundente y de forma clara y directa ante cientos de asistentes a su segundo informe de Gobierno Solana Calzada!!
Tengo obligación y necesidad de explicar ante ustedes acontecimientos que dieron lugar a un conflicto con el Poder Legislativo del Estado y sus integrantes, a cuyo frente está el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín y a quien siguen otras y otros legisladores que coordina el Diputado Rafael Fararoni Magaña.
El diecinueve de octubre de 2022, el Congreso del Estado mediante la Comisión de Vigilancia, ordenó lo que llamó “acciones de fiscalización” que consistieron en intervenir la tesorería municipal, incluidos todos los documentos contables, administrativos, técnicos y legales a partir del 14 de noviembre del mismo año.
Se trató de una agresión injusta que no tuvo más sustento que la sospecha basada en falsos señalamientos desde el poder.
Nunca hubo algún documento de queja, denuncia o siquiera crítica que fuera motivo legal para este atropello a la autonomía municipal.
En la duda por tan débil argumento y desconocidos inconformes, el Congreso y sus interventores acusaron desobediencia por parte del ayuntamiento en la entrega de información, afirmación que demostramos totalmente falsa pues, reconocemos los alcances de la Ley y sabemos que existen formas de fiscalizar sin llegar al abuso, como fue el caso.
Como autoridades y en ejercicio de los derechos que nos atribuyen los cargos que ocupamos, acudimos al recurso legal que correspondía y que fue la Controversia Constitucional que se registró con el número 248/2022 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Después de que se ventiló el juicio y cada quien alegó lo propio, quedó demostrado que el Poder Legislativo a través de su Secretaría de Fiscalización y con el interventor que arbitrariamente designó, excedió los límites materiales permitidos a la facultad de fiscalizar, al pretender manejar directamente las cuentas bancarias y participar en actos que únicamente corresponden al municipio.
Con toda imparcialidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó su fallo declarando la invalidez de la intervención el 30 de agosto de este año.
A la voluntad de la Diputación, se impusieron justicia y razón.
Haciendo un análisis personal, no creo haber realizado ningún acto de desafío o deslealtad hacia la mayoría del Poder Legislativo, puesto que el Diputado Juan Javier Gómez Cazarín, el Diputado Rafael Fararoni Magaña y la mayoría de diputadas y diputados pertenecemos al mismo movimiento y soy firme creyente en las instituciones y en la plataforma ideológica que nos motiva.
Dijo de manera clara y directa la Munícipe y líder política del municipio.
Aquí también trascendió que Alejandro Pérez y María Elena Orozco se hacen pasar por arquitectos del Orfis, sin serlo y solamente buscan desprestigiar y desestabilizar la labor de la Dra y el municipio, por lo que que ya el departamento jurídico del Ayuntamiento procederá a la denuncia correspondiente!!.
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