A PRINCIPIOS de Agosto del mes pasado, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello aclaró que el costo de un eventual proceso de Revocación de Mandato sería significativamente menor a los 9 mil millones de pesos, como se ha manejado en los medios, ya que ese es el monto aproximado de una elección federal, sin embargo, dejó en claro que el ejercicio costaría al menos 3 mil 830 millones, por lo que el 20 de ese mes presentó el Anteproyecto de Presupuesto 2022, en el que se contemplan 18 mil 827.74 millones, de los cuales 13 mil 084.17 millones corresponden a su presupuesto base y cartera de proyectos específicos, mientras que 5 mil 743.57 millones se prevé que sean distribuidos de la siguiente manera: 3 mil 830.45 millones para la revocación de mandato y 1 mil 913.13 millones para una consulta popular. Y uno se pregunta: a quién beneficia la revocación de mandato, porque al pueblo bueno, definitivamente no, y menos a los adversarios en caso de que López Obrador sea ratificado por amplio margen. El beneficio total será, invariablemente, para López Obrador, que una vez con la ratificación del voto en el bolsillo podría hacer cualquier cosa con ese capital político, incluso proponer veladamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que apruebe la ampliación de su mandato o hasta proponer modificaciones constitucionales al Congreso de la Unión para poder reelegirse.
Y ES que las tentaciones son grande. Así por ejemplo, a unos meses de que el presidente de El Salvador Nayib Bukele comprometió la independencia de la justicia de su País a golpe de giros autoritarios destituyendo a los magistrados, incluido el, entonces Presidente, la Sala de lo Constitucional que él instaló autorizó la noche del pasado viernes su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas -el partido del mandatario- habían advertido con preocupación, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció el sábado que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato. De esa manera Bukele apunta a reelegirse en 2024 usando un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011. La diferencia es que el mandatario sandinista alegó que la prohibición constitucional de la reelección “violaba sus derechos humanos” y la justicia de Bukele invocó al pueblo (como suele hacerlo Andrés Manuel López Obrador) para “que decidan sin presiones o coacciones indebidas”.
Y ESO sucede cuando una investigación determinó que el histórico desplome en las ejecuciones violentas que vive El Salvador se debe a un pacto secreto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas que controlan a aquel País, entre estas: Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según nuevas pruebas difundidas en el digital salvadoreño El Faro. Ese medio publicó audios, fotografías y testimonios que apuntalan los contactos del mandatario con los líderes pandilleros a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad. La publicación provocó que el periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor del medio digital El Faro fuera expulsado de El Salvador. Y es que según el diario salvadoreño, antes de su destitución en Mayo de este año, el fiscal Raúl Melara organizó un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con esas organizaciones, consideradas terroristas por la legislación salvadoreña. En la investigación se reunieron decenas de pruebas que terminaron sin ver la luz, por la precipitada e ilegal salida del cargo de Melara y su equipo, algo que parecería suceder en México con ciertos grupos de la delincuencia organizada a los que se les tolera, y con organismos autónomos que AMLO busca desaparecer. En el Salvador, hasta antes de la aprobación de la corte suprema, la Constitución de aquella Nación establecía que los presidentes que tienen un mandato de cinco años no podían renovarlo para un periodo inmediato. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional instalada en Mayo pasado por Bukele arrolló el artículo 152 de la Carta Magna que señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”. Y aunque la reelección presidencial era algo que se barajaba en El Salvador, tomando en cuenta los zarpazos de Bukele a la justicia destituyendo a través de la Asamblea Nacional a magistrados y recientemente a un tercio de jueces y fiscales, lo sorpresivo es la celeridad con que el mandatario afianza su proyecto político tildado como autoritario por sus detractores.
EN México Andrés Manuel López Obrador quiere que el Congreso de la Unión le apruebe la revocación de mandato, cuando el periodo para el que fue electo consta de seis años, en suma, no hay necesidad de someterse a una consulta pública, y menos cuando se gastará tanto dinero en satisfacerle un capricho que solo le beneficia a él, ya que si es ratificado tendrá un pretexto para buscar la ampliación de su mandato a 8 o 10 años, y por ello Morena en la Cámara de Diputados busca consensos para aprobar ese tema, en tanto la bancada priísta acotó que la ley aprobada el viernes por el Senado debe ser corregida para evitar que la consulta sea promovida por el Ejecutivo, los partidos o el Congreso. Pero el coordinador de Morena, Ignacio Mier, indicó que entre las prioridades de su grupo está la ley reglamentaria del artículo 35 de la Constitución, que busca regular y garantizar el derecho ciudadano de solicitar, participar y votar por la revocación de mandato del Presidente.
Y ES que para la bancada tricolor, la consulta de revocación “debe ser un instrumento de libre elección para las personas y no una herramienta para ratificar el poder desde el centro”, y por ello resaltó que se trata de un recurso ciudadano y, por lo tanto, “debe ser impulsado, promovido y utilizado por la ciudadanía y no por alguno de los tres poderes, organismos autónomos o entidades públicas de cualquier orden. Si no nace del reclamo popular, pudiera generar un ambiente de polarización con daño permanente a la sociedad”. AMLO que quiere salirse con su caprichito a cualquier costo, acusa al Instituto Nacional Electoral de ser muy “truculento” al pedir más de 2 mil 500 millones de pesos para realizar la revocación de mandato, por lo que les recomendó a los consejeros donar entre el 25 y 50 por ciento de sus salarios para pagar ese ejercicio ciudadano a realizarse a principios del próximo año, cuando se trata de una tozudez que busca cultivarse la vanidad presidencial y no es asunto de nadie más, por lo que AMLO tal vez debe usar ese gasto inútil en comprar medicinas y mejorar las escuelas donde a pocas horas de reiniciar clases presenciales ya hay contagios de CoVi19. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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