EN LOS Gobiernos Federal y Estatal, concretamente en las Fiscalías que dependen de los Ejecutivos de ambas instancias, como que de pronto se acordaron que el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa fue pieza clave en el financiamiento de la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez para la Gubernatura, la que perdió ante Miguel Ángel Yunes Linares, y de buenas a primeras surgió una orden “superior” para suspender la audiencia de vinculación a proceso por desaparición forzada, muy a pesar de que la República de Guatemala, desde el pasado 18 de Diciembre de 2020 dio un primer permiso para procesar a Duarte de Ochoa por delito distinto al que motivó su extradición (y de eso hace casi un año y la Fiscalía Estatal no decía ni pio), acuerdo que habría quedado en firme a través de una notificación el pasado 17 de marzo del presente año. Y aunque la Cancillería Mexicana estableció que esa información era confidencial, sí confirmó que la respuesta del gobierno guatemalteco a la petición del Gobierno de México fue positiva para procesar al ex mandatario por un delito distinto, que en este caso era desaparición forzada de personas. Una vez que transcendió que no había motivos para no juzgar al ex gobernante, un juez emitió la respectiva orden de aprehensión por el nuevo delito, dictamen que le fue informado al veracruzano, y cuando debía comparecer, oh sorpresa: la audiencia fue suspendida sin que a la fecha se informe por instrucciones de quien, sino solo hasta nuevo aviso.
VARIAS SOLICITUDES de información en torno al tema han sido bateadas desde las alturas, pues de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “no es posible obsequiar la petición, toda vez que los mismos forman parte de los documentos relacionados con la solicitud de excepción a la regla de especialidad del señor Javier Duarte de Ochoa, misma que se encuentra clasificada como confidencial y reservada por un término de 5 años. Dicha clasificación fue aprobada por el Comité de Transparencia de la Cancillería a través de la resolución CTA-18/2020. En pocas palabras, pareciera que a Duarte, pese a estar considerado el ex Gobernador más corrupto de la historia de Veracruz, ejemplo de la antítesis que promueve el Presidente Andrés Manuel López Obrador, alguien lo protege desde muy arriba, y el sospechosismo emerge: ¿ya habrá negociado su libertad? Porque con dinero baila el perro. LA UNICA información que se tiene respecto a los procesos que se le siguen al nefasto exmandatario, es que el relacionado con presunta desaparición forzada se encuentra suspendido hasta nuevo aviso, y en las instancias judiciales se argumenta que la defensa del exmandatario, preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, promovió amparos que impidieron que la audiencia por presunta desaparición forzada se llevará a cabo. Lo cierto es que antes de que se le notificara a Duarte la nueva orden de aprehensión, “alguien” le filtró lo que venía en su contra, de tal suerte que sus abogados se movilizaron ipso facto para promoverle un recurso o suspensión. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México argumenta que la orden de aprehensión girada por un juez de Veracruz por presunta desaparición forzada se cumplió en el Reclusorio Norte el 3 de Diciembre y se hizo pública a través de un comunicado oficial el día 6, además de que se notificó a la FGE de Veracruz a través del oficio PM/2404/2021, pero los abogados insisten en que nunca fue notificado su cliente, lo que dejaría sin efecto el procedimiento.
TAMBIEN LA Fiscalía para la Atención de Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa, solicitó a la autoridad judicial, a través del oficio FGE/FIM/FEADPD/9118/2021, fijar fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia de imputación. Los preparativos comenzaron a realizarse, pues las actividades serían a distancia desde el Reclusorio Norte, pero de buenas a primeras, todo quedó suspendido, pues la autoridad judicial recibió un oficio en el que se ordena no realizar la audiencia. Se ha solicitado informes al respecto, pero ni la autoridad judicial ni la FGE han dado a conocer los detalles del caso, y lo único que se dice es que no se ha fijado una nueva fecha para continuar con el proceso por desaparición forzada, lo que hace suponer que a Javier Duarte, que gobernó Veracruz durante el periodo 2010–2016 sin que lo concluyera ya que antes se dio a la fuga, alguien o “alguienes” muy poderosos buscan protegerlo, acaso por agradecimiento a su “bondad” al impulsar la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez, para que no hable y empine a los actual o porque ya negocio su libertad comprometiéndose a devolver parte de lo hurtado, lo que para los gobierno de la Cuarta Transformación es más que suficiente, aunque los delincuentes de cuello blanco sigan en libertad que, al fin y al cabo, lo que importa es el dinero ya que ninguna cantidad alcanza para que AMLO siga regalándolo a manos llenas al pueblo bueno.
SERIA LAMENTABLE que en aras de lo anterior, Duarte de Ochoa no fuera juzgado y procesado por desaparición forzada de personas, pues en Veracruz el dolor por esa causa es mayúsculo. No en vano hace unos días, en el puerto de Veracruz familiares de desaparecidos inauguraron un mural con los rostros de los jóvenes en la barda de la Escuela Secundaria Técnica 130, al lado del parque Los Pinitos, lugares a los que los jóvenes desaparecidos solían acudir durante su adolescencia. Los propios familiares de las personas desaparecidas en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte realizaron una marcha y un conversatorio, presentaron un documental y pintaron un mural para recordar el octavo aniversario de ocho jóvenes en la colonia Formando Hogar.
EN ESE contexto, integrantes del colectivo "Solecito Veracruz" se preguntan qué paso con Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Arrioja Cortés, Adrián García Cruz, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Marco Antonio Ramírez Hernández y Víctor Álvarez Damián, algunos de los jóvenes que desaparecieron el 6, 9 y 11 de Diciembre a manos de la Policía Estatal en el infausto gobierno duartista. Y es que los familiares de las víctimas temen que el ex gobernador sea liberado y que queden impunes tanto las desapariciones forzadas como las muertes que ocurrieron durante su administración. Vaya complicidades en caso de ocurrir lo temido. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
