Carlos A. Luna Escudero
Conozco a Ricardo Ahued Bardahuil desde hace más de treinta años. He seguido de cerca su vida pública, su paso por la iniciativa privada y por los distintos cargos que ha desempeñado como empresario, legislador, alcalde y ahora como secretario de Gobierno. En todo ese tiempo jamás he tenido noticia de que haya cometido un solo acto de corrupción, ni de que haya utilizado su posición para gestionar favores, contratos o privilegios para sus negocios personales. Su trayectoria, guste o no, ha sido la de un hombre íntegro, trabajador y disciplinado.
Quienes lo conocemos sabemos que no necesita robar ni enriquecerse desde el poder. Su patrimonio es anterior a su carrera política y proviene de décadas de trabajo en el comercio. No hablo desde la simpatía, sino desde la observación directa de un personaje que ha construido su reputación con base en esfuerzo, cercanía con la gente y una forma de vida sencilla.
Por eso sorprende —aunque no tanto en estos tiempos de miserias políticas— que ahora se le pretenda linchar mediáticamente. Los ataques que han circulado en algunos medios no nacen del periodismo serio ni del afán de esclarecer la verdad: están impulsados por personajes sin escrúpulos, molestos porque Ricardo Ahued goza de la confianza de la gobernadora y de un reconocimiento público que pocos funcionarios en Veracruz pueden presumir.
No siempre he coincidido con él. Hemos tenido visiones distintas sobre los asuntos públicos, diferencias de enfoque sobre la política y sobre el rumbo del Estado. Pero una cosa es el debate legítimo y otra muy distinta es sumarse a la campaña de desprestigio que pretende manchar la imagen de uno de los pocos funcionarios que, con todo y sus defectos, mantiene intacto el respeto ciudadano.
En medio de esta guerra de acusaciones, resulta oportuno recordar que la titular del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, está cumpliendo una función indispensable: investigar y sancionar a exfuncionarios estatales y municipales que cometieron actos de corrupción flagrante. Ojalá su lupa también alcance a otros servidores públicos que, sin tanto ruido mediático, sí utilizan sus cargos para favorecer a sus empresas o a sus aliados comerciales.
Lo que no puede hacerse es confundir la rendición de cuentas con el linchamiento. Esta semana, algunos medios publicaron que el secretario de Gobierno “dirige sus empresas desde Casa Veracruz” y que sociedades como Casa Ahued, Casa Ardeo, Oncol Xalapa y A TI están vinculadas con los magnates abarroteros de Chedraui. Una denuncia así, por su gravedad, exige pruebas sólidas y verificables.
No se puede jugar con la honra de las personas ni con la estabilidad de un gobierno sin tener documentos que sustenten lo que se afirma.
El propio expediente empresarial de Ricardo Ahued está a la vista en los registros mercantiles. Efectivamente, figura como accionista y administrador en empresas que creó hace décadas, antes de ser funcionario público. Esa información es pública y nunca la ha ocultado. Tampoco hay evidencia de que esas sociedades hayan recibido contratos de obra pública o beneficios ilegales durante su gestión. Lo que sí se sabe es que Casa Ahued, como muchas empresas locales, ha vendido productos a dependencias estatales en procesos de adquisición abiertos. Eso, en sí mismo, no constituye delito ni tráfico de influencias.
Hay quienes han querido convertir una condonación fiscal de 2019 —publicada en el repositorio oficial de SEFIPLAN— en una prueba de trato preferencial. Sin embargo, el acto administrativo fue legal y documentado, y benefició también a decenas de contribuyentes en circunstancias similares. De eso a hablar de corrupción hay un abismo.
Más grave es que quienes hoy lo acusan, callaron durante años ante auténticos saqueos institucionales. No levantaron la voz cuando los recursos públicos se dilapidaban en campañas, ni cuando los contratos se repartían entre compadres.
Hoy, esos mismos personajes posan de fiscalizadores y repiten, sin rigor ni ética, lo que otros escriben con mala intención.
Ricardo Ahued no necesita defensores de oficio: su vida pública habla por él. Pero en momentos donde la política se ha convertido en un circo de sospechas y filtraciones, vale la pena recordar que no todo aquel que tiene éxito económico es corrupto, ni todo servidor público honesto debe renunciar a su pasado empresarial. El verdadero problema está en los que usan la denuncia como arma política y el rumor como método de destrucción.
La crítica responsable exige evidencias, no versiones de café. Si existen pruebas de irregularidades, que se presenten ante la autoridad competente. Si no las hay, que se respete la presunción de inocencia y el prestigio de una persona que, por más de tres décadas, ha demostrado decencia, capacidad y resultados.
A final de cuentas, Veracruz necesita servidores públicos de ese perfil: con experiencia, solvencia moral y autoridad cívica. Destruir reputaciones con fines políticos solo debilita a las instituciones y desalienta a quienes podrían servir al Estado desde la honestidad. En tiempos donde abundan los oportunistas, defender la integridad también es una forma de hacer justicia.
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